La zona ha padecido numerosos intentos de organización territorial desde 1972

Montes Azules, suma de errores en los pasados sexenios

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 9 de mayo. La "problemática" de Montes Azules ha resultado una auténtica caja de Pandora para los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía. Los intereses de una especie de "mafia conservacionista" que avanzó considerablemente durante el zedillismo en la protección de sus intereses, de El Suspiro a Chajul (los dos extremos de Montes Azules), hoy posee gran ascendente en la mesa ambiental que trata el problema.

A esto se agregan las posturas e intereses de los nuevos funcionarios foxistas, como Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente, e incluso el delegado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Adolfo Aguilar Zinser. Pero la persistencia de intereses y posturas enfrenta también una continuidad incómoda con la corrupción y las irregularidades de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Roberto Albores.

Durante el sexenio anterior, en Montes Azules y la Reserva de Lacantún abundaron las irregularidades administrativas. El gobierno de Albores, dedicado a la contrainsurgencia sin el menor prurito, obtuvo recursos cuantiosos de toda índole, merced a programas como el de Las Cañadas, o el más reciente, de 1999: Plan Maestro para la Selva Lacandona, de la entonces Semarnat.

En días recientes, la prensa local ha reportado que el conocido dirigente lacandón Carmelo Chambor agoniza por las complicaciones de una neumonía en su casa de Lacanjá Chensayab, sin atención médica. Hace no mucho, cuando era autoridad ejidal, Chambor acusó al entonces director de la Reserva de la Biosfera Lacantún, Víctor Hugo Hernández, de malversación de fondos. Hoy, la Reserva de Lacantún está acéfala, y el gobierno salazarista investiga el caso. También sigue la pista de Alfonso Utrilla, ex secretario de Desarrollo Agrario, y otros funcionarios priístas que vieron pasar por sus manos cuantiosos recursos presupuestales.

Los enredos presidenciales

La "papa caliente" en que se ha convertido la "problemática" de Montes Azules para la mesa ambiental, es decir para los gobiernos federal y estatal, posee muchas aristas. Una, que es arma de doble filo para los afanes de desalojo-para-la-conservación, se deriva de las erráticas resoluciones presidenciales de los pasados 30 años sobre los territorios de esta porción de la selva Lacandona.

Desmontada, saqueada y conquistada para la ganadería intensiva a lo largo del siglo XX, la selva fue colonizada por miles de familias pertenecientes a todos los pueblos indígenas de Chiapas (tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales, y en menor medida lacandones, zoques y mayas guatemaltecos), y colonos de otras entidades del país en el confín de Marqués de Comillas.

La selva Lacandona se convirtió hacia los años 70 en un crisol de pueblos y movimientos sociales, entre los que destaca por su importancia el levantamiento armado del EZLN en 1994.

Asiento histórico de la civilización maya, "desierto de la soledad" que impuso su impenetrabilidad a los predicadores de la corona española, fue arrasada finalmente por los monteros y los ganaderos, y luego ocupada agrícolamente por los modernos pueblos mayas. El hecho abre hoy grandes interrogantes sobre qué uso dar, y en manos de quién, a los recursos "intactos" que se conservan en la Lacandonia.

El origen de la confusión actual sobre la propiedad real o aparente de los Montes Azules se deriva de un decreto del presidente Luis Echeverría en 1972, dotando de una inmensidad selvática a los lacandones, un pequeño pueblo maya en vías de extinción. Antes y después de esta resolución, muchas tierras ya obraban legalmente en manos de miles de indígenas en las regiones norte y occidental de Montes Azules, donde hoy existen los municipios autónomos Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Libertad de los Pueblos Mayas.

Muchos pueblos más reclamaban tierras y ya ocupaban territorio. En 1978, el presidente José López Portillo decretó la creación de la Reserva de la Biosfera, en buena medida superpuesta a la denominada comunidad lacandona. Las dotaciones de tierra continuaron hasta 1989, cuando en uno de sus primeros actos de gobierno, Carlos Salinas de Gortari decretó la regularización de 26 ejidos en Montes Azules y sus proximidades, en la zona de Candelaria, Amador Hernández y Pichucalco; muchos, nuevamente superpuestos a la comunidad lacandona de Echeverría.

Estas contradicciones no escapan a los sectores conservacionistas del zedillismo y el foxismo, y al parecer abogados de Profepa, así como miembros del Instituto Nacional de Historia y Ecología y Conservation International, asesoran ahora a los lacandones para que soliciten, eventualmente, un juicio de nulidad a estos 26 ejidos legalizados en 1989, hoy zapatistas o de la ARIC Independiente, y pertenecientes al municipio autónomo Emiliano Zapata.

La ilegalidad viene de antes. Diversos observadores e investigadores han señalado que el juicio de nulidad que debería hacerse es contra del decreto echeverrista que creó la ficticia "comunidad lacandona" de 600 hectáreas y es hoy el fundamento de la inestabilidad en Montes Azules y sus alrededores. Eso crearía nuevos dolores de cabeza a la mesa ambiental, y pondría en riesgo su estrategia de desalojo y reubicación.