Dos acusados más

Los ex directores de Administración y de Control Presupuestal de Petróleos Mexicanos (Pemex), Alberto Gheno Ortiz, y Manuel Gómez Peralta, respectivamente, también fueron acusados ante el juzgado décimo tercero en materia penal como responsables de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, como parte del juicio penal que se le instaurará al ex director de la paraestatal Rogelio Montemayor Seguy, por su responsabilidad administrativa en el desvío de mil cien millones de pesos a favor del sindicato petrolero.

Fuentes oficiales confirmaron que en la causa penal 42/2002, las seis órdenes de aprehensión que se han librado abarcan también a Gheno Ortiz y Gómez Peralta, debido a que ellos eran los encargados de vigilar que se diera cumplimiento a los programas presupuestales de Pemex en el año 2000, sin embargo, permitieron que hasta en cuatro ocasiones se modificara el presupuesto asignado por el Congreso de la Unión, y además se concediera de manera ilícita el préstamo de 640 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Al igual que en los casos de Rogelio Montemayor Seguy, Carlos Juaristi, Juan José Domene y Julio Pindter, el juzgado décimo tercero libró las órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de la República desde el lunes pasado, tras considerar que en la averiguación previa enviada por la Procuraduría existen elementos de prueba suficientes para que sean procesados.

Alberto Gheno Ortiz no impidió, como era su obligación, que se concretara el convenio que Rogelio Montemayor signó con los líderes del STPRM, el diputado federal Carlos Romero Deschamps y el senador y tesorero de ese sindicato, Ricardo Aldana Prieto, donde se beneficiaran de recursos presupuestales.

Lo anterior, pese a que en el oficio GCP-345/2000 el propio Gheno Ortiz advirtiera que dicho préstamo, que forma parte del desvío de mil cien millones de pesos, tendría ''impacto en el superávit primario comprometido con el gobierno federal'' si la recuperación de ese empréstito no era ese mismo año, dinero que era ya ''considerado como parte del gasto programable por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si no se obtuviese la recuperación''.

Mediante el oficio SP-388/00, de junio de 2000, la Subgerencia de Presupuesto solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera del Corporativo Pemex una ampliación del Programa de Flujo de Efectivo, ''en el renglón 32 (préstamos a terceros), para otorgar un préstamo al Comité Ejecutivo General del STPRM''.

Estas operaciones, según las fuentes consultadas, debían ser supervisadas por el entonces director corporativo de Administración, Manuel Gómez Peralta; sin embargo, no lo hizo así, provocando un desvío de recursos en la paraestatal.

Por otra parte, en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) se informó que la dependencia ya no tiene más pruebas que aportar en el caso Pemex, pero que está a la espera de que sus 170 auditores que participaron en la investigación administrativa de la paraestatal, y que dieron como resultado la indagatoria de la PGR, sean llamados a comparecer ante el juez José Luis Moya.

Los auditores detectaron que las irregularidades en Pemex abarcaron un total de mil 580 millones de pesos, y luego, a través de una investigación, la PGR obtuvo datos de que una parte de esos recursos (500 millones de pesos) habrían sido utilizados para financiar la campaña del entonces candidato priísta a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa.

GUSTAVO CASTILLO GARCIA