Vía Internet fueron distribuidas fotografías y datos fisonómicos de los ex funcionarios
La PGR acude a Interpol México para buscar en 180 países a los implicados en el caso Pemex
Los abogados de Rogelio Montemayor Seguy no están tramitando ninguna clase de amparo
JESUS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO
La Procuraduría General de la República (PGR) ya busca en 180 países a los seis implicados, hasta el momento, en el desvío de mil 100 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero. Interpol México distribuyó las llamadas fichas rojas de Rogelio Montemayor Seguy, Carlos Juaristi, Juan José Domene, Julio Pindter, Alberto Gheno Ortiz y Manuel Gómez Peralta.
Desde la tarde del pasado miércoles, Interpol México recibió la solicitud de ayuda internacional para detener a los prófugos del caso Pemex.
Fotografías y datos fisonómicos de los seis implicados -contra los que existe orden de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades- fueron distribuidas vía Internet a los países miembros de la policía internacional.
Por otra parte, fuentes cercanas a los abogados de Rogelio Montemayor Seguy revelaron que los juristas ''no están trabajando en ningún amparo'', y dijeron que los representantes legales de los otros acusados en el caso Pemex analizan la posibilidad de establecer una defensa común.
En tanto, los abogados de Montemayor señalaron, en un comunicado, que éste ''tiene a su disposición diversas defensas que legítimamente puede ejercer en este momento, tanto para preservar su libertad personal, como para que su sometimiento a la jurisdicción de los tribunales se lleve a cabo con respeto a sus garantías individuales''.
Sobre este particular, fuentes judiciales explicaron que la posible estrategia de Montemayor -no ampararse- tendría como objetivo evitar su posible captura, porque en caso de que la PGR consignara los dos desgloses de la averiguación del caso Pemex, que tienen en su poder la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), habría la posibilidad que se le imputaran delitos graves y entonces no tuviera derecho a la libertad bajo fianza.
Si solicitaran amparo en las actuales condiciones, explicaron los informantes, su defensa obtendría sin problemas la suspensión provisional para que continuaran el proceso en su contra en libertad, porque los delitos, al no ser graves, lo permiten.
Sin embargo, habría la posibilidad de que las otras averiguaciones que tiene en curso la PGR se fortalecieran, y lograra su consignación por delitos graves -en su momento se habló de que eran investigados por delincuencia organizada y lavado de dinero-, y en esas condiciones no tendrían los inculpados derecho a la libertad bajo fianza.
En cambio, indicaron, si Montemayor y los coacusados no solicitan amparo, y evitan su captura, la PGR tendría que continuar con sus indagaciones y llegaría el momento en que tendría que definirse si hay o no más elementos en su contra.
Ahora bien, explicaron, en caso de que fueran detenidos con fines de extradición en otro país, los acusados tendrían la ''ventaja'' de que, para extraditarlos, el gobierno mexicano tendría que comprometerse a no presentar nuevos cargos en su contra cuando fueran regresados al país. Con ello asegurarían que al ser no graves los delitos que les imputan, al pisar suelo mexicano se verían beneficiados por una suspensión, obtendrían su libertad bajo fianza y continuarían el proceso en libertad.
Por otra parte, aun cuando al inicio del comunicado de los abogados de Montemayor se afirma que la postura del ex funcionario se debe a ''las informaciones difundidas por los medios de comunicación en el sentido de que se libraron órdenes de aprehensión en contra de diversas personas, entre ellas Rogelio Montemayor'', líneas más adelante reconocen que el ex director de Pemex ''se encuentra en este momento, con la asistencia de sus abogados, evaluando la situación legal derivada del libramiento de la orden de aprehensión''.
Luego de insistir en la inocencia del ex funcionario, el escrito señala que su defensa mantendrá la exigencia de contar con ''información completa del caso'', la cual ''lamentablemente no fue recibida por la Procuraduría General de la República''.
Precisamente el domingo pasado, los abogados del despacho de Zinser, Esponda y Gómez Mont dieron a conocer que habían interpuesto un amparo ante el juzgado cuarto de distrito en contra del procurador general de la República y de la UEDO, porque a su defendido no se le habían dado a conocer las imputaciones en su contra que hizo la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), que sirvieron de base para que se iniciara acción penal en contra de Montemayor y sus ex colaboradores.
Mientras los abogados de los acusados se reunían para definir una estrategia común de defensa, en el juzgado trece de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Oriente, el juez José Luis Moya -quien obsequió las órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios de la paraestatal- se encerró en sus oficinas y se negó a recibir a los representantes de los diversos medios de comunicación.
