Los principales afectados por las reubicaciones serían grupos simpatizantes del EZLN

Concretar el desalojo de Montes Azules violaría derechos humanos de los pueblos indios

Los habitantes de la región han modificado su modo de vida para proteger la reserva natural

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 8 de mayo. La última semana de abril, la mesa ambiental de los gobiernos federal y chiapaneco recibió una notificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el documento, la CNDH solicita a cada una de las dependencias gubernamentales que participan en esa mesa, un informe detallado de los planes de desalojos y reubicaciones en las comunidades asentadas en Montes Azules.

El problema de Montes Azules rebasa las intenciones de aplicación operativa que se planteó la mesa ambiental foxista al crearse, hace ocho meses. Una política de desalojos como la que se proyectó entonces, heredando políticas y hasta funcionarios del zedillismo, toca demasiadas fibras sensibles en materia de legalidad, derechos humanos y agrarios, y genera fuertes sospechas sobre las verdaderas intenciones del conservacionismo a ultranza detrás de los desalojos de indígenas.

El propio gobierno chiapaneco ha efectuado análisis jurídicos sobre las posibles violaciones a la legalidad humanitaria, mientras investiga casos de corrupción cometidos durante la administración pasada en relación a la reserva de la biosfera.

Los ordenamientos violados

La comisión jurídica de la mesa ambiental elaboró en enero de este año un informe sobre la "legislación y normatividad jurídica en materia de derechos indígenas que aplica en el caso de Montes Azules". En el documento se señala que los desalojos violarían diversos ordenamientos internacionales y nacionales, empezando por los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

También violarían el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los Principios Rectores para Desplazados Internos, ambos de la ONU, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En todos los casos, son documentos signados por el gobierno mexicano, que determinan criterios de discriminación económica, social y racial, de derechos culturales y territoriales, así como de participación de los pueblos en las decisiones que los afectan.

De manera concreta, los desalojos violarían los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena, y la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas.

El problema de Montes Azules involucra a numerosas comunidades que se asumen bases de apoyo del EZLN, pertenecientes a cuatro municipios autónomos: Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Libertad de los Pueblos Mayas y Tierra y Libertad. La ley para el diálogo, de la que son beneficiarias estas comunidades, dice en su artículo segundo que se deberán "atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho y a través de las vías institucionales".

Para colmo, los desalojos también violarían la directriz operativa 4.20 del Banco Mundial para pueblos indígenas. El documento reconoce que "en una variedad de sectores que conciernen al banco se presentan asuntos relacionados con pueblos indígenas", y menciona la agricultura, la construcción de carreteras, la silvicultura, plantas hidroeléctricas, minería, turismo, educación y medio ambiente. Según el BM, todos estos aspectos deber ser cuidadosamente revisados. "El desplazamiento de pueblos indígenas puede ser particularmente dañino y deben hacerse esfuerzos especiales para evitarlo".

Para los representantes federales en la mesa ambiental no existe otra opción que el desalojo para defender la reserva de la biosfera. La falta de capacitación (Ƒcuándo ha sido la educación una garantía de los indios pobres?) para cuidar de manera especial los recursos naturales, afectó de modo importante el manejo agrícola y de recolección por parte de los pueblos en la selva profunda.

A pesar de ello, muchas de las comunidades dentro y cerca de Montes Azules han cambiado sus conductas en años recientes. El municipio autónomo de Ricardo Flores Magón ha sostenido un compromiso de no quemar ni tumbar, hecho verificado en algunos casos por el propio grupo operativo interinstitucional de la mesa ambiental. Es el caso de El Semental (Laguna Yanki), Primero de Enero, San Francisco, Ojo de Agua, La Pimienta, San Pedro (Innominado), Nuevo Limar, Sol Paraíso, Ocotal (El Paraíso), Agua Dulce, Ojos Azules y El Suspiro.

Por parte de la ARIC Independiente, algunos pueblos han aceptado la reubicación, pero en términos que no han sido respetados por el gobierno (El Jardín, Villa las Rosas, El Suspiro, Ocotal). Otros, como San Gregorio, Salvador Allende y Nuevo Israel, han mejorado notablemente su manejo de los recursos naturales. Nuevo Guadalupe Tepeyac se ha confrontado con los enviados gubernamentales, y los campesinos no aceptan la reubicación.