Ambos partidos demandan desahogar el proceso con estricto apego a la ley

Pide el PAN llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Pemex; es una venganza, replica el PRI

Las acusaciones mutuas pueden dificultar los acuerdos legislativos entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso, considera el vocero perredista, Carlos Navarrete

La noticia de las órdenes de aprehensión giradas por el juez 13 de distrito contra el ex director de Pemex Rogelio Montemayor y tres funcionarios de su administración generó posturas encontradas que se ubicaron desde el beneplácito del PAN hasta el reclamo de PRI, al considerar el hecho como una venganza del gobierno de Vicente Fox. No obstante, en ambos casos se demandó desahogar el caso con estricto apego a la ley.

Para el Comité Ejecutivo Nacional panista, la noticia correspondió a un procedimiento apegado a derecho y por lo tanto, ''en éste como en cualquier otro caso, el PAN exige el estricto cumplimiento de la ley, y que se llegue hasta sus últimas consecuencias''.

El órgano de dirección blanquiazul también arremetió contra las posturas generadas desde el tricolor: ''Ante el curso de los acontecimientos, no es de extrañar ciertos pronunciamientos de quienes pretenden desviar la atención de la opinión pública con el afán de disminuir la gravedad de los hechos, así como también proteger a quienes resulten responsables. Que quede claro: exigimos que se aplique el estado de derecho; cualquier otra especulación sólo distrae la verdadera intención de aplicar la justicia en contra de quienes resulten culpables por manejar los recursos de Pemex para fines distintos a los establecidos por la ley. La verdad y la justicia son demandas de los mexicanos y condición indispensable para el buen éxito de la transición democrática de nuestro país''.

No cabe negociación para la impunidad

Por su parte el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, por conducto de su vocero Carlos Navarrete, consideró que las acusaciones entre dirigentes del PAN y del PRI pueden dificultar los acuerdos legislativos entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, y en consecuencia los priístas decidan cancelar la reunión que tenían prevista con Vicente Fox el fin de semana venidero:

''El Presidente está obligado a seguir dando pasos adelante, y una vez que logre concretar las órdenes de aprehensión y detener a los presuntos responsables inicie el juicio correspondiente, aporte las pruebas y logre sentencias condenatorias contra los ex funcionarios que se están acusando. En este momento no cabe negociación política alguna para la impunidad. No hay nada que pueda llevar a que el pueblo de México viera de manera negativa que una vez que se giraron ordenes de aprehensión éstas se frenaran, no se ejecutaran o finalmente no se pudieran probar las acusaciones.''

Por el lado del PRI, el diputado Efrén Leyva advirtió que su partido exige que la investigación sea clara, sin tintes políticos sino legales: ''Se tiene que llegar al fondo de la investigación para que se vea realmente si salieron esos recursos de la paraestatal y por qué, y si hay responsables, y si se está fuera de la normatividad de Pemex que cada quien responda por los delitos que cometa''.

-Si los ex funcionarios son culpables, ¿qué procedería?

-Que se les castigue. ¡Claro! Tienen que hacer frente a la ley, nadie está exento de ello. Si fueron culpables que se les castigue y se les haga pagar directamente el delito que cometieron.

-¿Representa una respuesta a la decisión del TEPJF para reabrir la investigación sobre los gastos de campaña de Vicente Fox?

-Estamos viviendo el primer evento político donde se utiliza la ley para una venganza política. Hay que recordar lo que pasó en Pemex cuando Miguel de la Madrid inició el juicio de procedencia en contra de Jorge Díaz Serrano, senador de la República, y al final de cuentas nos dimos cuenta de que él no tenía responsabilidad, sino que lo habían utilizado como una venganza de carácter político. No queremos que esto vuelva a pasar. Lo más importante es que haya transparencia en el ejercicio de la ley para que se aplique la justicia sin preferencias políticas.

El diputado independiente Jaime Martínez Veloz dio una connotación distinta al hecho que rodea la malversación de fondos de Petróleos Mexicanos: ''La orden de aprehensión contra Rogelio Montemayor tiene dos propósitos que se enmarcan en la estrategia mediática de Vicente Fox: desviar la atención del dictamen del Tribunal Electoral y tratar de impactar en el proceso de Ciudad Juárez. Lo que está claro es que no existe un acuerdo de Estado entre todas las fuerzas políticas del país para combatir la corrupción, lo que le permite al presidente Fox utilizar discrecionalmente los temas como el de Pemex en medio del proceso de selección interna del PRI, para beneficiar particularmente a Roberto Madrazo Pintado, o el del presunto desvío de recursos en Caminos y Puentes Federales que se le imputó a Gustavo Carvajal Moreno, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y golpear la histórica relación de México y Cuba. Sin duda esta estratagema de Vicente Fox puede ser calificada de politiquera''.

Manuel Galán, legislador del PRI y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, consideró el suceso como de naturaleza judicial. ''Nosotros solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación entrar, también, a realizar las investigaciones correspondientes y lógicamente este asunto ya tenía cuatro meses o más en la PGR, y pues tenía que haber una definición de si iban o no a consignar. Nosotros estamos ávidos de que los asuntos se manejen ante las autoridades competentes y se aplique la normatividad; si hay elementos de prueba, que siga adelante el asunto, y si no, que no se lleve a cabo ninguna injusticia por situaciones de carácter político. Nosotros decimos que se tiene que aplicar la normatividad en forma estricta, tanto para los del partido que estaba antes en el poder como para el que está actualmente''.

El legislador del PAN Armando Salinas Torre descartó cualquier vínculo entre la decisión del tribunal y el anuncio del juez 13 de distrito en materia penal: ''Yo le podría decir que es una coincidencia, pero bueno, a nosotros nos queda claro que la situación no debe vincularse uno por otro; caeríamos nosotros en una especulación que bajo ninguna circunstancia podría yo admitir, que pudiera hablarse de un asunto de Pemex con un asunto del Tribunal Electoral para una investigación inconclusa; son dos cosas muy distintas y hay que dar seguimiento con responsabilidad a ambos asuntos, pero cada quien en su ámbito de competencia''.

También el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro, Alberto Anaya, demandó profundidad en la investigación de los gastos durante la campaña presidencial de Vicente Fox y de los desvíos multimillonarios en la paraestatal. ''La orden de aprehensión contra Rogelio Montemayor opera como una cortina de humo del presidente Vicente Fox para desviar la atención con relación al fallo del Tribunal Electoral''.

Juan Manuel Sepúlveda Fayad, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, sostuvo que la resolución del juez en contra de Rogelio Montemayor es una venganza política del Ejecutivo:

''El tema se ha politizado. El propio Presidente lo ha dicho; cuando habla de los guardaditos está hablando de una manipulación a un gusto determinado. A confesión de parte, relevo de pruebas. El mandatario confesó haber utilizado esto y lo estamos viendo. Qué curioso que cuando sale la sentencia, automáticamente sale esto; desde luego, sin prejuzgar el fondo del asunto en el cual nos someteremos a lo que digan los tribunales.

''No se vale tergiversar los hechos. En lugar de entendernos con el idioma de la ley, el Presidente no la cumple porque suelta verdades a medias, no se espera a las instancias legales sino que por conducto de Barrio sale con la cuestión de que faltan mil ciento y tantos millones de pesos, y son los del PRI los que se los llevaron. Luego tienen que desmentirlo. Realmente es lamentable este manoseo de la ley y sobre todo cuando todos los mexicanos queremos claridad, salir de la corrupción en la que nos encontramos, que no es culpa de un partido ni de un sector, porque recordemos que dentro del ambiente de los Amigos de Fox hay grandes imputaciones respecto de dónde vinieron los fondos para la campaña y demás. Que de una vez desenmascaren a los sinvergüenzas, todos estamos interesados en ello. Para eso están los tribunales y el Presidente de la República tiene la obligación de hacer valer la ley.''