Informe sobre asentamientos irregulares propone liberar de inmediato 3 comunidades

Intacto, el plan de desalojos en Montes Azules

El propósito de la mesa ambiental es dar señales claras de protección a las áreas naturales

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 7 de mayo. La mesa ambiental interinstitucional, que coordina a los gobiernos federal y estatal "para dirimir la denuncia de despojo y daños ecológicos y la posible reubicación-indemnización convenida con los asentamientos" en las áreas naturales protegidas de Chiapas, elaboró el pasado 30 de abril un informe sobre los denominados "asentamientos irregulares" en la reserva de la biosfera Montes Azules.

El documento propone "liberar" (o sea, desalojar) de "manera inmediata" las comunidades Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Rafael y 8 de Febrero; posteriormente, hacerlo con Arroyo Cristalina, Sol Paraíso-Las Ruinas y El Buen Samaritano. La finalidad explícita es "dar señas claras de protección a las áreas naturales protegidas, particularmente Montes Azules".

Estos seis poblados serían de establecimiento muy reciente, y todos en terrenos de la denominada "comunidad lacandona", la dotación que, por decreto presidencial de 1972, hizo a unas cuantas familias lacandonas nominalmente propietarias de 614 mil hectáreas.

Ni tan propietarias. Además de vivir muy lejos de estas tierras y haber abandonado la agricultura, las familias lacandonas "poseen" ocho áreas naturales protegidas (ANP) por decreto del gobierno federal, aunque sólo de Montes Azules (331 mil hectáreas) se conoce un programa de manejo. Las otras ANP son: Lacantún (61 mil hectáreas, también reserva de la biosfera), Nahá y Metzaboc (áreas "de protección de flora y fauna"), Yaxchilán y Bonampak ("monumentos naturales", sic), Chan-Kin y La Cojolita. Suman 432 mil hectáreas de las 614 mil de la comunidad. Fuera de ser vigilantes en las zonas arqueológicas de Yaxchilán y Bonampak, los lacandones poco tienen que ver en el asunto.

El documento de la mesa ambiental parte del supuesto de que "la selva Lacandona forma parte del ecosistema internacional denominado Selva Maya" (concepto geográfico acuñado durante el último gobierno federal priísta, en seguimiento de la lógica turística de la Ruta Maya creada en el salinismo). De una "superficie original" de 1.8 millones de hectáreas, en la selva Lacandona, según la mesa, quedan 600 mil más o menos intactas; "el resto se han perdido por actividades agropecuarias y forestales".

La mesa ambiental se estableció el 13 de septiembre de 2001. Es presidida por el secretario de Desarrollo Rural del gobierno chiapaneco, Rubén Velázquez. El delegado de Semarnat, Ramón Aguirre, funje como secretario técnico. Además participan, por Chiapas, la Secretaría de Gobierno (cuyo titular es Emilio Zebadúa); los subsecretarios de Desarrollo Rural, Arturo Luna y Jaime Magdaleno; la Secretaría de Pueblos Indios, la Procuraduría de Justicia, y el titular estatal del Instituto de Historia Natural y Ecología, Pablo Muench.

Aparte de Ramón Aguirre, representante del secretario de la Semarnat, Víctor Lichtinger (quien declarativa y personalmente ha mostrado gran interés en Montes Azules), el gobierno federal está representado en la mesa por Guillermo López Portillo (desde hace varios años director de la reserva de la biosfera de Montes Azules); Rodolfo Díaz Arvide, delegado de la Sedeso estatal; Iván Azuara, por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como los delegados de Reforma Agraria, Procuraduría Agraria y PGR.

De éstos, se han manifestado en distintos grados de desacuerdo con los desalojos de las comunidades en Montes Azules las secretarías de Gobierno y Pueblos Indios de Chiapas, el propio gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, e Iván Azuara, delegado federal de Conafor. Todos los demás siguen la línea de los desalojos.

El informe más reciente de la mesa ambiental, que se reunió hace una semana, reitera los acuerdos de coordinación establecidos para 2001-2002, entre los cuales está "elaborar un programa de reubicación de asentamientos irregulares". En particular, la Semarnat tiene la función de "diseñar y ejecutar coordinadamente con la SRA y el Ejecutivo del estado, el programa de reubicación". A su vez, el gobierno de Chiapas se compromete a "brindar las facilidades a las autoridades federales para la supervisión de las actividades". Si bien el documento propone que el gobierno estatal "intensifique la negociación y el diálogo con las organizaciones sociales", deja clara la intención de desalojar, y en algunos casos reubicar, un cierto número de comunidades. Así, prevé "el tránsito y menaje de los grupos a los nuevos sitios", los cuales deberán ser adquiridos en otra parte de la entidad (seguramente fuera de la selva Lacandona), una vez que se concluya la "caracterización de grupos invasores" y se garantice un "programa de arraigo de grupos reubicados".

O sea, no pero sí: el proyecto de desalojo de comunidades en Montes Azules sigue en pie, independientemente de las negociaciones que pudiera haber.