Dos años después, oficialmente nada se sabe de las investigaciones de la PGR

Reportaje de La Jornada arrojó las primeras pistas del posible financiamiento ilegal a Fox

El abogado de la familia negoció con las autoridades de EU que detuvieran las pesquisas

GUSTAVO CASTILLO Y RENATO DAVALOS

La historia de un posible financiamiento ilícito a la campaña electoral de Vicente Fox Quesada comenzó a vislumbrarse en mayo de 2000. La Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia contra Juan Pablo Fox Quesada como presunto responsable del delito de fraude por 100 mil dólares, ya que se detectaron transferencias irregulares en sus cuentas bancarias.

Dos años después, oficialmente nada se sabe de las averiguaciones previas iniciadas por la PGR. Tampoco de las indagatorias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que José Luis Reyes, abogado de la familia Fox, negoció con las autoridades estadunidenses para que se detuvieran las pesquisas.

Una investigación de La Jornada arrojó las primeras pistas. Los indicios señalaron que cuentas bancarias, una a nombre de la empresa Vegetales Frescos, en la que el titular era Juan Pablo Fox, eran utilizadas para triangular fondos ajenos a tratos comerciales y "muy cercanos a financiamiento político externo", establecía entonces la denuncia presentada por el banco estadunidense First National Bank.

Para mayo de 2000, el entonces diputado Enrique Jackson documentó en la tribuna legislativa que empresas propiedad de Lino Korrodi recibían recursos procedentes del extranjero, que iban a parar a la organización Amigos de Fox.

Historia sin fin

Todo empezó en octubre de 1997, cuando Juan Pablo Fox solicitó un préstamo de 100 mil dólares al First National Bank McAllen/Edimburg, ostentándose ?sin serlo?, como director de una empresa denominada Vegetales Fescos, la cual no existía más que ante el notario público número 53 de Guanajuato, Enrique Chico Sánchez.

Para esas fechas, Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, había hecho público su deseo de convertirse en candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).

Transcurrieron casi dos meses. El 29 de diciembre de 1997 se firmó el contrato bancario 140623, y los 100 mil dólares quedaron a disposición de Juan Pablo Fox. Nacía en aquellos tiempos la organizzación Amigos de Fox.

Juan Pablo obtuvo el crédito amparado "en las buenas referencias crediticias que sus parientes tenían en el First National Bank", aseguró en junio de 2000 el abogado Jesús Horacio Caballero Rodríguez, encargado de presentar ante el Ministerio Público Federal adscrito a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la denuncia por fraude contra el menor de los hermanos Fox Quesada.

El compromiso de Juan Pablo Fox fue pagar el empréstito en 10 mensualidades de 10 mil dólares cada una, a partir del 5 de febrero de 1998.

Sin embargo, el 26 de octubre del mismo año, sin haber cubierto un solo pago, solicitó la restructuración del crédito, comprometiéndose a pagar los 100 mil dólares, más un interés de 14 por ciento anual, respaldando el acuerdo con un cheque que tenía vencimiento en octubre de 1999. Tampoco cumplió.

Ante la tardanza en la amortización, en marzo de 2000 ?ya iniciadas las campañas electorales a la Presidencia de la República, y Vicente Fox como abanderado panista?, el First National Bank Edimburg inició una investigación a Vegetales Frescos, encontrando que la supuesta empresa a la que se destinarían los 100 mil dólares era "un inmueble abandonado y en completo descuido", señalaría el abogado del banco estadunidense.

A partir de esa investigación, la determinación estaba tomada. El 8 de marzo de ese año, el abogado Jesús Horacio Caballero tomó el caso y presentó una denuncia por fraude contra Juan Pablo Fox.

El 8 de mayo, La Jornada publicó en su primera plana que el banco estadunidense había demandado al hermano del candidato panista a la Presidencia de la República

Un día después, Vicente Fox aseguró en Tijuana que las acusaciones contra su hermano eran "piedritas" que el régimen priísta le ponía para impedir su triunfo el 2 de julio siguiente.

El caso, señaló, se pretendía convertir de un acto meramente comercial "de cualquier persona", en un asunto político que, dijo, no tenía ninguna relación con su campaña.

En esa misma fecha, el First National Bank ratificó la denuncia penal contra Juan Pablo Fox y lo señaló como presunto responsable de los delitos de abuso de confianza y fraude, al no pagar el crédito de 100 mil dólares y los intereses moratorios que se generaron de octubre de 1997 a mayo de 2000. Junto con la ratificación, la averiguación previa había sido "atraída" de Tamaulipas a la sede central de la PGR.

Para el 29 de mayo de 2000, fuentes de la PGR revelaron que Juan Pablo Fox sería juzgado conforme a lo establecido en el artículo cuarto del Código Penal Federal en caso de que la denuncia fuera llevada a los tribunales. Se consideraba que en su calidad de mexicano había cometido delitos en el extranjero. Hasta ese momento, el Ministerio Público Federal analizaba la denuncia y había iniciado la averiguación previa APR/195/00/3.

Este diario poseía ya copia de la querella formulada por el First National Bank. En tanto, José Luis de la Peza, entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, aseguraba que se había "deteriorado seriamente" la imagen de ese órgano por una falta de madurez política de los partidos para aceptar sus fallos. Sus declaraciones se enmarcaron en la sentencia que determinó que la fotografía de Vicente Fox en las boletas electorales era ilegal.

El caso abandonó temporalmente el panorama político. Sin embargo, el 9 de junio de 2000 este diario publicó que el Departamento del Tesoro realizaba una indagatoria por presuntas irregularidades en transferencias bancarias cercanas a los 30 millones de dólares a nombre de Cristóbal Fox Quesada.

Según los primeros indicios, se sospechaba que podrían ser utilizados como fondos de financiamiento para la campaña presidencial de Vicente Fox. Estos recursos, según la legislación electoral, son ilegales. La indagatoria, según las fuentes consultadas entonces, se inició en 1999 a raíz de que se detectaron "movimientos importantes de capital" de compañías estadunidenses que "eran triangulados en cuentas de diversas empresas y luego trasladados a México".

Por su parte, el First National Bank documentó ante la PGR que Juan Pablo Fox utilizó las cuentas de cheques 11003596 y 145556 ?la primera a su nombre y la segunda bajo la razón social Vegetales Frescos? para triangular dinero procedente de México y Estados Unidos a compañías con las que tenía relaciones "extrañas", porque estaban dedicadas a la refrigeración y la curtiduría, e incluso a casas de cambio como Consultoría Internacional. Además presentó copias de cheques de las transferencias, que fueron publicadas por este diario el 9 de junio de 2000.

El abogado de la institución crediticia declaró a La Jornada que no podía afirmar que las transferencias detectadas por el First National Bank hubieran sido destinadas a la organización Amigos de Fox. Pero Rodríguez Caballero confirmó que existieron triangulaciones de capital que superaron los 200 mil dólares y cuyo destino fueron empresas con giros comerciales distintos a los de Vegetales Frescos.

De acuerdo con las referencias obtenidas entonces, el Departamento del Tesoro detectó movimientos financieros que superaron los 10 mil dólares, pero que en conjunto podían alcanzar 30 millones de dólares, aunque para esas fechas, oficialmente, el gobierno mexicano aún no había sido notificado de esa investigación en torno a Cristóbal Fox.

La documentación obtenida por La Jornada mostró que Juan Pablo Fox movilizó en un solo traspaso más de 30 mil dólares, cuando de la cuenta del First National Bank había retirado 30 mil 15 dólares y vía el Banco de América se pagó esa suma a la Casa de Cambio Monex.

En otro movimiento financiero, el 2 de marzo de 1998, por 30 mil dólares vía Bancrecer, se transfirieron esos recursos del First National Bank a la empresa Vegetales Frescos, a petición de Juan Pablo Fox.

El 20 de febrero de ese año se pagó un cheque por 20 mil dólares a la empresa Curtidumbre Mexicana desde la cuenta del First National Bank.

El representante legal de ese banco afirmó, el 10 de junio de 2000, que Juan Pablo Fox "realizó triangulaciones de dinero hacia Nueva York, San Francisco y México, por conducto de instituciones como Bancrecer, Banorte, Bank of America, Chase NYC, Northwest Bank, Wells Bank y Laredo National Bank", con empresas que no tenían relación con Vegetales Frescos que era, supuestamente, la explotación de recursos derivados de la agricultura, la ganadería y la piscicultura.

En entrevista con este diario, Rodríguez Caballero declaró que llamaba la atención que Juan Pablo Fox, quien sólo tenía 10 mil pesos de capital supuestamente invertidos en una sociedad comercial, moviera "cantidades superiores a 300 mil dólares o similares en transferencias, giros, depósitos, etcétera".

Ese mismo día, los candidatos del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y del PRI, Francisco Labastida, exigieron investigar los fondos de financiamiento de Vicente Fox. El perredista declaró que debía cancelarse su registro, pues había incurrido en delitos. El priísta demandó la intervención del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la PGR en el caso.

Vicente Fox negó entonces que existieran subvenciones ilegales para su campaña, dijo que esos señalamientos eran "calumnias" y calificó a su familia como "gente honrada".

Un reportaje realizado por Juan Manuel Venegas, de La Jornada, acerca de la empresa Vegetales Frescos, detectó que ésta era "un galerón pintado de color blanco, protegido por una malla metálica y cuya entrada era una vieja y oxidada reja, cerrada por una pesada cadena". Los lugareños aseguraban que desde hacía meses ese acceso no se abría.

En la misma fecha, Juan Pablo Fox compareció ante la PGR. Rodríguez Caballero declaró entonces que en mayo de 2000 los representantes del menor de los hermanos Fox Quesada "trataron de negociar el pago del crédito con el First National Bank bajo el argumento de que Vicente iba a ser presidente, le iba a ir bien, le ayudarían y que estaban en posición de hacer una recomendación".

El 11 de junio de 2000, el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, confirmó que el Ministerio Público Federal integraba una averiguación previa contra Juan Pablo Fox.

Un día después, la PGR solicitó formalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría Fiscal que le proporcionaran un informe de 1997 a esa fecha de los estados de cuenta relacionados con las empresas de los hermanos Juan Pablo y Cristóbal Fox, en especial de la denominada Vegetales Frescos, ubicada en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Juan Pablo Fox pagó, el 12 de junio, 125 mil dólares al First National Bank, según un comunicado del PAN. Sin embargo, el día 28 de ese mes aún se mantenía la demanda, porque Horacio Caballero Rodríguez aseguró que el representante general del banco estadunidense, Michael Vincent McCarthy, había recibido amenazas.

Por temor no había viajado a México para presentar el desistimiento, y el papel con el cual, según los panistas, se acreditaba el pago del adeudo, no tenía valor jurídico.

El 14 de junio, Madrazo Cuéllar aseguró, en una entrevista radiofónica con Guillermo Ortega, que a partir de la investigación sobre la denuncia por fraude que el First National Bank interpuso contra Juan Pablo Fox, la PGR investigaría "unas posibles triangulaciones irregulares de dinero".

Explicó que con el alegato del representante legal del First National Bank y unas fotostáticas, la PGR dio vista a la Procuraduría Fiscal y a la CNBV para que ahí se hicieran los estudios, pero, advirtió entonces: "solamente que existiera una querella de parte de las autoridades hacendarias" se podría dar trámite a la nueva vertiente de la averiguación previa.

Pero la PGR obtuvo, mediante el oficio SPPB/148/00, dirigido a Eduardo Fernández García, presidente de la CNBV, los estados de cuenta de Juan Pablo y Cristóbal Fox Quesada, y con ello se inició la averiguación previa 87/DGMOEB/2000.

El hermano menor de Fox recibió el perdón jurídico hasta después del 29 de junio. La PGR, supuestamente, continuaba las investigaciones relativas a las transferencias ilegales de capital, al igual que las autoridades estadunidenses. Después de esa fecha, no se supo nada de las indagatorias. Ni de la PGR ni de las autoridades estadunidenses.

Versiones obtenidas indican que una vez que ganó la Presidencia Vicente Fox, José Luis Reyes, abogado de la familia Fox y quien fuera un de los candidatos a dirigir la PGR, viajó a Estados Unidos para negociar con autoridades de ese país el cese de las investigaciones.

El 21 de junio de 2000, el entonces diputado Enrique Jackson Ramírez denunció en tribuna el "escandaloso, indignante, inmoral y deshonesto engaño que representa la candidatura, el proyecto y el financiamiento de la campaña del candidato de Acción Nacional".

Acusó a Lino Korrodi Cruz, responsable de las finanzas del candidato panista, de operar "un truculento sistema de transferencias de dinero proveniente del extranjero y del país, apoyado en tres empresas que él administra ubicadas en diferentes ciudades de la República, mediante cuentas bancarias de particulares".

Se refirió a las filiales del Instituto Internacional de Finanzas, con sede en Puebla; que de ese estado lo enviaba a sus filiales en León o en Monterrey, y de dichas filiales los recursos eran transferidos a las empresas K-Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y ST and-K de México.

Los recursos, según Jackson, eran remitidos a las cuentas personales de Carlota Robinson, quien los distribuía mediante un fideicomiso en Bancomer a nombre "del señor Rojas Mañón" (Carlos), cesado después en el gobierno foxista por un escándalo; en otro caso, a diversas personas físicas que convertían en efectivo los cheques y, en otros más, a la cuenta bancaria de Amigos de Fox.

Como ejemplo, citó a una corporación con sede en Bélgica, denominada Deshidration Tecnologies Belgum SA, que depositó 200 mil dólares a la cuenta del Instituto Internacional de Finanzas, con sede en Puebla, para después pasarlos al Grupo Alta Tecnología en Impresos, con sede en Monterrey.

Así, refirió haber obtenido copia de 38 cheques dirigidos a Carlota Robinson. Agregó que la organización Amigos de Fox "había servido de tapadera para encubrir una de las operaciones más vergonzosas, más sucias y más deshonestas que se han dado en una campaña a favor de un candidato".

Ambos expedientes, el del hermano del Presidente revelado por La Jornada, y el de Korrodi y Robinson, presentado por Jackson, merecieron que la Alianza por México y el PRI, respectivamente, presentaran una queja ante el IFE.

El 14 de noviembre de 2000, unos días antes de que Fox asumiera como Presidente, la Comisión de Fiscalización del IFE informó de las quejas partidistas. La de la alianza fue remitida el 14 de junio y la otra, nueve días después.

El IFE requirió información a La Jornada, al First National Bank y a la PGR copia de la averiguación previa.

Para el 20 de febrero de 2001, la Secretaría de Hacienda envió al IFE un oficio firmado por el administrador general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, Roberto Alvarez Argüelles, en el que respondió así a la petición de José Woldenberg, consejero presidente del IFE:

"Sobre el particular y por acuerdo superior, me permito ratificar el contenido de la conversación sostenida el día de hoy durante la cual se puso de manifiesto la limitación de orden público que impone a la Secretaría de Hacienda el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que existe prohibición expresa de rendir o proporcionar información obtenida con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, hecha excepción de las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias."

Hacienda se negó a colaborar

En términos llanos, Hacienda se negó a colaborar con las indagaciones del IFE en torno a las denuncias de financiamientos irregulares a la campaña de Vicente Fox.

El IFE había solicitado una auditoría a las distintas empresas que en su momento fueron mencionadas como canal de financiamiento, tales como Vegetales Frescos, K-Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y ST-and K de México.

Pero el tema seguía vigente, y para finales de 2001 en el IFE se abrió un debate entre los consejeros sobre la viabilidad de las quejas. En tres ocasiones se requirió la información a la Secretaría de Hacienda, pero ésta fue negada con el mismo argumento del secreto bancario.

En una larga sesión, los consejeros desecharon las propuestas de Pablo Gómez y de Jaime Cárdenas para que se solicitase la información al propio Presidente de la República. Incluso, se planteó que se interpusiera una controversia constitucional. Las propuestas fueron rechazadas por mayoría.

Sin embargo, la representación del PRI no se conformó con la decisión asumida en el seno del Consejo General del IFE y a mediados de agosto del año pasado presentó una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ayer, el órgano electoral dependiente del Poder Judicial dictaminó que el IFE debe "completar las investigaciones relacionadas con las aportaciones de diversas personas para la campaña de Alianza por el Cambio", que encabezaba el entonces candidato presidencial Vicente Fox Quesada. Pero sólo por lo que se refiere a la denuncia en la que están involucradas las empresas de Lino Korrodi.