En la conferencia del Consejo de las Américas que se inició ayer en Washington, la plana mayor del gobierno estadunidense enfocó la "guerra contra el terrorismo" a tierras latinoamericanas. El secretario de Estado, Colin Powell, habló de la perspectiva de un mayor involucramiento militar de su país en el conflicto colombiano y formuló nuevos propósitos injerencistas hacia Venezuela; el subsecretario de Estado John Bolton acusó a Cuba de patrocinar el terrorismo, de fabricar armas biológicas y de facilitar tecnología relacionada a otros "estados hostiles". En esa reunión otro subsecretario, Otto Reich, aseguró que el régimen de La Habana estuvo involucrado -no dijo de qué manera- en la desestabilización ocurrida el mes pasado en Venezuela; a su vez, el vicepresidente Richard Cheney afirmó que existe en América Latina "actividad terrorista".

La significación de estos señalamientos es perfectamente clara e inequívoca: en los círculos del poder de Washington se piensa que ha llegado el momento de dirigir la ofensiva "antiterrorista" contra quienes, en este hemisferio, disienten de Estados Unidos en aspectos políticos o económicos, y los principales amenazados son, por el momento, los gobiernos de Cuba y Venezuela y la población colombiana.

Tal ofensiva es en realidad la más reciente formulación de los viejos designios hegemónicos estadunidenses, concebida para los tiempos del nuevo desorden mundial unipolar y en un entorno caracterizado por la descomposición y el agotamiento de las propuestas neoliberales.

Pero, fuera de las nuevas amenazas -un tanto reales y un tanto exageradas- que plantean a Estados Unidos los ámbitos radicales, integristas y violentos del Islam, en América Latina el discurso del gobierno de George W. Bush resulta por demás conocido. Las amenazas contra Cuba y sus justificaciones parecen sacadas de los diarios de los años sesenta del siglo pasado, la hostilidad contra el régimen de Hugo Chávez tiene líneas argumentales semejantes a las que esgrimía la administración de Richard Nixon contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, y los amagos de intervención armada en Colombia evocan los pretextos que empleó Ronald Reagan para instrumentar su injerencia genocida en Centroamérica, en la década antepasada.

Las naciones latinoamericanas saben, pues, a qué atenerse y qué esperar de Washington en la circunstancia actual: desestabilización, acciones de provocación tanto encubiertas como desembozadas, así como asistencia a los gobiernos incondicionales que deseen regularizar, sistematizar y eficientar los abusos de poder, especialmente las violaciones a los derechos humanos, los cuales, una vez más, podrán ser puestos entre paréntesis en aras de defender un sistema de consignas y de valores de fachada: democracia, legalidad y, sobre todo, seguridad nacional.

Cabe esperar que las sociedades de América Latina sean capaces, en esta ocasión, de resistir a los vientos del Norte, guerreristas, autoritarios y desestabilizadores, y que exijan a sus gobiernos una postura firme en defensa de las soberanías, de la paz y de la integración y la hermandad continentales.