Contiene errores y omisiones que violan convenios internacionales sobre tortura

Piden Amnistía Internacional y ONG a López Obrador no publicar el nuevo Código Penal

Como fue aprobado permite su práctica institucionalizada y sin castigar, señalan

SUASAN GONZALEZ G.

La sección mexicana de Amnistía Internacional, junto con tres organizaciones de derechos humanos de nuestro país, demandaron al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no publicar el Código Penal aprobado el 30 de abril por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ya que, aseguraron, en la tipificación del delito de tortura se cometieron errores y omisiones que violan disposiciones y convenciones internacionales en la materia suscritas por México.

Si el Código Penal se publica tal como está, entonces habrá "incompatibilidad" entre la legislación del DF y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas ratificadas por México en 1986 y 1987, respectivamente, advirtió Christian Rojas, representante de Amnistía Internacional.

El nuevo código, explicó, omite considerar como tortura varias conductas que si bien no causan dolor físico o angustia síquica, tienden a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física y mental. "Si una persona no es gol-peada, pero le dan pastillas, no se podría procesar a quien lo medica, ni a quien lo ayuda o es cómplice, ni siquiera a quien le da las pastillas y el juez no podría castigar por tortura porque no está considerado en la ley. La tipificación de tortura aprobada es tan frágil que permite que se den una serie de conductas que sí son tortura, entonces en el futuro lo que vamos a tener en México es la práctica de la tortura institucionalizada y sin castigar", alertó.

Los artículos aprobados por los asambleístas "omiten como finalidad cualquier razón para torturar basada en cualquier tipo de discriminación", y tampoco señalan que ni la peligrosidad del detenido o la inseguridad de una cárcel pueden justificar la tortura.

Christian Rojas subrayó que si López Obrador publica el código para que entre en vigencia, en lugar de devolverlo a la ALDF para que lo corrija, "seguramente conducirá al Estado mexicano a incurrir en responsabilidad internacional, con las diversas consecuencias negativas que esto seguramente acarreará a la imagen de México, y lo expondrá a posibles quejas y peticiones de individuos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité Contra la Tortura y demás organismos internacionales encargados de vigilar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de tortura".

Así que, sentenció, "está en manos de López Obrador resolver este problema" para que los legisladores locales incorporen el concepto de tortura como está definido por los instrumentos legales internacionales, a fin de que se proporcione mayor seguridad jurídica a los habitantes del Distrito Federal, dijo Christian Rojas tanto a nombre de Amnistía Internacional como de la organización de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Acat), el Centro de Defensa y Promoción de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

Por ignorancia, deliberada o no, los legisladores "dieron un paso adelante y dos atrás. Hubiera sido mejor que dejaran la tipificación tal como estaba porque deja fuera conductas que deben ser consideradas como tortura y que pueden ser tomadas como abuso de autoridad o lesiones", consideró Santiago Corcuera, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

El llamado lanzado ayer en conferencia de prensa por los defensores de derechos humanos al jefe de Gobierno y los asambleístas también se refiere a los artículos sobre la reparación del daño para las víctimas del delito, toda vez que consideraron que tampoco se adecuaron a las normas internacionales, ya que sólo consideran la sanción económica cuando debería aplicarse una visión integral que considera la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción, que incluyen acciones médicas, psicológicas y psiquiátricas, dijo Paulina Vega, de la CMDPDH.

Advirtió que en caso de que el jefe de Gobierno publique el Código Penal para que entre en vigencia, los organismos de derechos humanos seguirán insistiendo en señalar que existe un vacío respecto de la legislación internacional y, de no resolverse, acudirán a las instancias internacionales para resolverlo.

De por sí aplicar el código como fue aprobado ya representa una violación a convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano, en los que se establece que los Estados deben aceptar y adoptar su legislación a dichos acuerdos, remarcó Arturo Requesens, representante de Acat.

Agregó que si el Gobierno del Distrito Federal tiene voluntad para corregir este error, pero tiene dudas al respecto, entonces puede solicitar, a través del gobierno federal, una consulta con los organismos internacionales mencionados, como en su momento lo hizo Costa Rica.