Asegura que no hay autorización; en trámite, controversias

Descarta Góngora que se inicien en octubre obras del nuevo aeropuerto

JOSE ANTONIO ROMAN

El presidente de la Suprema Corte, ministro Genaro David Góngora Pimentel, advirtió que ninguna autoridad está autorizada para comenzar trabajos de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, en razón de que está vigente una suspensión a favor de los ejidatarios afectados.

Entrevistado al término de la ceremonia conmemorativa del 5 de mayo que se realizó en el Campo Marte, Góngora Pimentel rechazó tajante la posibilidad de que en octubre próximo empiecen los trabajos para edificar la nueva terminal.

Aclaró que las controversias constitucionales interpuestas ante el máximo tribunal en contra del decreto de expropiación de los ejidatarios de San Salvador Atenco, del Distrito Federal y de otros municipios afectados como terceros perjudicados, está en trámite y que se requiere de tiempo para desahogar dicho proceso legal.

-ƑQué tanto influyen en ustedes las marchas de protesta de los ejidatarios de San Salvador Atenco...?

-Lo único que influye son las disposiciones constitucionales y luego las legales, sólo eso.

-Las autoridades del estado de México aseguran que la construcción del nuevo aeropuerto se inicia en octubre próximo...

-ƑDicen que en octubre?, respondió incrédulo.

-Sí, que en octubre...

-No pueden construir porque hay suspensión de los actos reclamados (otorgadas por jueces federales a favor de los ejidatarios, que establece que sólo se podrán emprender las obras hasta que las controversias sean resueltas en definitiva).

La Suprema Corte admitió en diciembre pasado tres controversias constitucionales interpuestas por los municipios de Texcoco, Acolman y el Distrito Federal en contra del decreto expropiatorio del 22 de octubre del año pasado, por medio del cual se afectaron mas de 5 mil 300 hectáreas pertenecientes a más de 4 mil 300 ejidatarios de 13 poblados de Texcoco, San Salvador Atenco y Chimalhuacán para la construcción del nuevo aeropuerto.

Según fuentes judiciales consultadas, la decisión del pleno de ministros se limitará exclusivamente a determinar si el decreto expropiatorio es constitucional o no, y si su expedición violó leyes como la de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, Expropiación, Planeación y Derechos Humanos, así como los artículos 4, 16, 27 y 115 de la Carta Magna.

Los quejosos argumentan, entre otras cosas, que el decreto expropiatorio "no funda ni motiva" la presunta utilidad pública del nuevo aeropuerto, tampoco el beneficio social. También se alega que los municipios afectados no fueron consultados y que se violó la ley que establece que son los municipios los únicos facultados para decretar un cambio de uso de suelo y que las tierras dejen de ser de uso agrícola