Víctor Rodríguez-Padilla

El fallo de la Suprema Corte

Los grandes empresarios están enojados. No es para menos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deshizo el jugoso negocio que pensaban hacer vendiendo "excedentes" a la Comisión Federal de Electrticidad (CFE), sin licitación y a precios caros, para lo cual contarían con el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía, que desde su creación no ha hecho otra cosa que favorecer los intereses de los grupos energéticos privados.

Evidentemente, dicho negocio se haría a costa de las finanzas públicas y de los bolsillos de los 95 millones de mexicanos que consumen y pagan por la electricidad de la red pública. Y ahora que la SCJN les impide hacer un gran negocio violando la Constitución se quejan, amenazan y mienten.

Según Javier Prieto, presidente de la Concamin, se dejarán de invertir 35 mil millones de dólares para proyectos de generación y venta de excedentes en los próximos siete años debido al fallo del máximo tribunal.

Eso es completamente falso.

Sabiendo que el costo de un kilovatio en una planta de ciclo combinado es de 600 dólares, la suma señalada por el dirigente empresarial alcanzaría para construir más de 58 mil MW, lo cual representa 1.5 veces la capacidad de generación con la que cuenta el país en todo el sistema eléctrico nacional en este momento (39 mil 169). Construir esa capacidad en siete años sería prácticamente imposible porque las centrales eléctricas se compran bajo pedido con listas de espera de varios meses, incluso años.

Además, la electricidad producida no tendría mercado, a menos que la CFE suspendiera los 7 mil 600 MW que se encuentran en proceso de construcción o en licitación, que junto con Luz y Fuerza del Centro (LFC) dejara de vender electricidad, y que liquidara al contado los contratos firmados con los productores independientes, lo cual generaría un boquete fiscal de decenas de millones de dólares.

Y aun así, sobraría muchísima electricidad para exportar a ningún lado, pues se espera una sobreoferta en Estados Unidos en los próximos años. Esos 35 mil millones de dólares son una fantasía.

Las cifras oficiales más recientes estiman que los proyectos de autoabastecimiento y cogeneración, "que son los directamente involucrados con el fallo de la SCJN", sumarían un total de 4 mil 862 MW en el periodo 2001-2010. De ese total, 2 mil 639 MW, agrupados en ocho proyectos, ya están en construcción o comprometidos, y su viabilidad no depende de la fraudulenta venta de excedentes a la CFE.

Los restantes 2 mil 223 MW, que representan inversiones por mil 338 millones de dólares, sí podrían verse afectados por el fallo. Sin embargo, si se trata de verdaderos proyectos de autoabastecimiento y cogeneración, es decir, si son viables sin necesidad de recurrir al negocio de la venta de excedentes a precios caros, seguramente se llevarán a cabo sin importar la resolución de la corte. Los empresarios dicen que se hizo un daño al país. En realidad, la SCJN lo evitó.

Y no es cierto que se impida al sector privado generar electricidad. El fallo no cierra lo que ya está abierto. Desde diciembre de 1992 cualquier nacional o extranjero puede poner su propia planta y del tamaño que quiera.

Vicente Fox y la tecnocracia zedillista que gustoso heredó, quisieron favorecer los intereses privados en detrimento del interés nacional. La Suprema Corte se los impidió. Bravo.