PGJDF y SSP no tutelaron sus derechos humanos

Irregularidades en indagatorias de amenazas contra defensores

Propone ombudsman mejorar la procuración de justicia

SUSANA GONZALEZ G.

Luego de analizar durante varios meses las seis averiguaciones previas que la Procuraduría capitalina inició entre 1995 y 2000 por amenazas contra defensores de las garantías individuales -entre ellos la abogada Digna Ochoa-, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluyó que el Ministerio Público incurrió en 28 irregularidades administrativas, "no se ajustó puntualmente a derecho" y "falló sistemáticamente" en la aplicación de la ley, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) "no aplicó debidamente" los rondines de vigilancia ordenados para la protección de los afectados.

Por lo anterior, y con el fin de que mejore la procuración de la justicia para los capitalinos, el organismo elaboró la Propuesta General para la Modificación de Prácticas Administrativas, que fue entregada ayer a mediodía por Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador; al procurador Bernardo Bátiz y al secretario de Seguridad Pública Marcelo Ebrard, en la sede de la PGJDF de la colonia Doctores.

Horas después, en conferencia de prensa, Alvarez Icaza explicó que aunque dicha propuesta "no implica la aceptación de la autoridad", fue bien recibida por el jefe de Gobierno y sus colaboradores, quienes se comprometieron a establecer mesas de trabajo y aseguraron que ya están atendiendo algunas de las actuaciones denunciadas.

Incluso dijo que el procurador Bátiz mencionó que la Comisión podría opinar sobre la formación y capacitación del personal de las agencias del Ministerio Público, agentes judiciales y servicios periciales, debido a que la propuesta general plantea la creación de un instituto de servicios periciales autónomo.

Alvarez Icaza acotó que el documento está basado en una investigación temporal -las seis averiguaciones realizadas entre 1995 y 2000-, "por lo que no está relacionada con prácticas administrativas o actuaciones que actualmente desarrollan" la PGJDF y la SSP.

No obstante, puntualizó que las 28 prácticas administrativas irregulares detectadas en el trabajo de la PGJDF, y cuatro por parte de la SSP, no contribuyeron a la preservación de los derechos humanos de los defensores amenazados. Acotó que no corresponde a la comisión determinar si deben ser sancionados los funcionarios responsables ni se puede saber si Digna Ochoa no hubiera sido asesinada en caso de haberse cumplido con la norma.

"Es un hecho que si se hubieran aplicado de otra forma estas prácticas, probablemente hubieran generado una mayor protección... No podemos tener la certeza de que el desenlace del 19 de octubre hubiera sido diferente, en lo que sí tenemos certeza es que no se tuteló de manera eficaz y eficiente los derechos humanos. Los aspectos sustantivos de la muerte de la abogada Digna Ochoa tendrán que ser investigados por parte de la Procuraduría".

Las investigaciones, a cargo de los denunciantes

Al detallar las irregularidades, Alvarez Icaza destacó que en lugar de asumir su obligación para investigar, el MP hizo recaer tal facultad en los denunciantes y no se pudo comprobar la existencia de responsables directos que se hicieran cargo de las medidas de seguridad para los defensores de derechos humanos, dijo Alvarez Icaza.

Hubo además averiguaciones previas que se enviaron a reserva, sin que se realizaran las diligencias necesarias y las autoridades no demostraron tener una estrategia clara, porque ante cualquier nueva denuncia, olvidaban las averiguaciones anteriores en lugar de hacer una investigación global.

Tampoco existió un control de la evidencia recabada por el Ministerio Público ni un registro textual de lo que declaraban denunciantes y testigos; los peritajes realizados "reportan una labor precaria, carente de una real técnica científica" y, en general, se registraron retrasos en las actuaciones y falta de documentación, detalló el presidente de la CDHDF.