Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del Poder Legislativo la controversia constitucional interpuesta por esta instancia hace 10 meses --27 de junio del año pasado-- en contra del presidente Vicente Fox, debido a que reformó, mediante un decreto, el estatuto público constitucional de la industria eléctrica para incrementar en forma arbitraria e ilegal la capacidad de los particulares para generar energía y venderla al sector público.

En su fallo --adoptado por ocho votos a favor y tres en contra--, el máximo tribunal del país estableció que la decisión presidencial --Decreto que Reforma y Adiciona el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, expedido por el presidente Fox el 22 de mayo de 2001-- no sólo contraviene el artículo 27 constitucional, sino invade las atribuciones del Legislativo.

El hecho es histórico, meritorio, reconfortante y saludable por dondequiera que se le vea. Por una parte, y tomando en cuenta que es la primera vez que el Poder Judicial resuelve una controversia por invasión de actividades interpuesta por el Legislativo contra el Ejecutivo, el fallo representa una prueba positiva de la funcionalidad de la SCJN como tribunal constitucional y una expresión de solidez y vigencia de las instituciones. Por la otra, es una defensa --por demás necesaria, en los tiempos que corren-- de uno de los dos sectores de la industria pública nacional que han sobrevivido al desmantelamiento del Estado, el saqueo y la corrupción de los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

 En tercer lugar, el fallo tiene la significación republicana de preservar y confirmar la separación de poderes, la soberanía y dignidad del Legislativo, y el principio de que éste y el propio Judicial han de ser contrapesos efectivos ante eventuales excesos y extralimitaciones del Ejecutivo.

En otro sentido, no deben pasar inadvertidos los términos enérgicos, inequívocos e inusualmente duros con que se expresaron los ministros durante el debate de la resolución, al considerar que el decreto referido constituyó "un auténtico fraude a la ley", y exhortar a Fox a observar un comportamiento "respetuoso de la Constitución".

Cabe recordar que, en junio de 2001, cuando el Congreso de la Unión resolvió con el acuerdo de las tres fracciones mayoritarias --PRI, PRD y PAN, partido éste al que pertenece el Presidente-- presentar la controversia constitucional contra el Ejecutivo, el mandatario tuvo una reacción arrogante. La controversia, dijo entonces, "no es contra Vicente Fox, es una controversia y una discusión acerca de si queremos tener suficiente fluido eléctrico (en) los próximos años o si queremos vivir a base de apagones". A renglón seguido, Fox se congratuló de que la SCJN tomara cartas en el asunto y supuso que el fallo correspondiente le sería favorable: "Qué bueno --dijo-- que el Poder Judicial va a tomar cartas en el asunto y que dé una decisión, la más justa, la más oportuna para que nuestro país pueda seguir creciendo a tasas de 7 por ciento muy pronto".

A la postre, la determinación judicial no favoreció a Fox y la economía no ha crecido en lo que va de su mandato, ni a 7 por ciento ni a ningún ritmo.

Lo anterior debiera ser aprovechado por el actual grupo gobernante y por quien lo encabeza como una lección de humildad, espíritu de servicio y modales políticos, atributos que manifiestamente escasean en el círculo presidencial.