Lavado de dinero del narcotráfico, evasión fiscal y cohecho, los cargos

Incrimina Garzón a 24 ex directivos del BBVA

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 25 de abril. El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, dictó hoy auto judicial en el que imputa a 24 ex directivos y ex consejeros del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de estar implicados en la presunta trama fraudulenta llevada a cabo por esta entidad durante 13 años en paraísos fiscales.

Si bien éste es el comienzo del proceso judicial, las indagaciones del magistrado apuntan a varios delitos: blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mexicano y colombiano, evasión fiscal y cohecho.

Garzón dio a conocer los nombres de los ex banqueros que tendrán que comparecer ante los tribunales españoles las próximas semanas por la turbia gestión de la multinacional financiera desde 1987 hasta el año 2000, época en la que Emilio Ybarra, ex presidente del BBV, realizó operaciones irregulares a través de cuentas secretas en paraísos fiscales como Jersey y Puerto Rico, entre ellas el supuesto blanqueo de 159 millones de dólares de José Madariaga Lomelín, ex director de Probursa y de la Bolsa Mexicana de Valores.

El magistrado español, después de tomar declaración a Francisco González, actual presidente del BBVA, que en principio no está implicado en la trama, decidió imputar a 24 de las 26 personas que la Fiscalía Anticorrupción vincula a los hechos delictivos. Quedaron exentos el secretario de Hacienda español, Estanislao Rodríguez Ponga, quien en aquellos años era asesor fiscal de la entidad y responsable del diseño de unos manuales creados ad hoc para la evasión fiscal, y José Ignacio Goirigolzarri, el actual número dos de la entidad financiera española.

Los imputados por Garzón son Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte y los ex directivos y ex consejeros que se beneficiaron de multimillonarios fondos de jubilación guardados en paraísos fiscales y que fueron el origen de la investigación: Luis Francisco Bastida, Rodolfo Estaban Molinuevo, Eduardo Aguirre Alonso-Allende, Plácido Arango Arias, José Domingo Ampuero Osma, Javier Aresti Victoria de Lecea, Gervasio Collar Zabaleta, José María Concejo Álvarez, Alfonso Cortina Alcocer, Juan Entrecanales de Azcárate, Oscar Fanjul Martín, Ramón de Icaza Zabalburu, Luis Lezama-Leguizamón, Federico Lipperheide y José Lladó. Además, Ricardo Muguruza, José Angel Sánchez Asiaín, Juan Urrutia Elejalde, Andrés Vilariño Maura, Luis María de Ybarra y Zubiría, y Juan Manuel de Zubiría y Uhagón.

Lo más llamativo del auto de Garzón es que haya decidido no imputar al funcionario español que sustituyó en el cargo a Enrique Giménez Reyna, despedido por su relación con las personas que llevaron a cabo el otro fraude a gran escala perpetrado en la época del Partido Popular (PP, derecha) en el poder, que fue el de la empresa bursátil Gescartera.

Tanto Rodríguez Ponga como el número dos del BBVA, Goirigolzarri, aparecían en la propuesta de imputaciones que hizo la Fiscalía Anticorrupción, en la que también se encontraban una treintena de altos funcionarios vinculados al antiguo BBV.

La decisión de Garzón se dio después de que testificó ante su juzgado Francisco González, quien informó sobre dos reuniones clave para la investigación: las que mantuvieron Ybarra y él con el presidente del Banco de España (la entidad estatal reguladora), Jaime Caruana, en enero y septiembre del año pasado, y en las que habrían informado sobre los manejos turbios de al menos 200 millones de dólares.

El titular del BBVA declaró que ''a mediados de septiembre del año 2000, Emilio Ybarra me informó personalmente y por primera vez sobre la existencia de una cuenta titularidad del banco que no estaba reflejada en la contabilidad y cuyo origen me dijo se encontraba en operaciones de autocartera del Banco Vizcaya. No precisó la cuantía, que sólo cifró en varios miles de millones de pesetas, ni dónde estaba ubicada, pero informó que los apoderados de la cuenta eran Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo. Le expresé mi firme decisión de que el banco pusiera fin, de modo inmediato, a esa situación. Durante octubre y noviembre, y ante su falta de respuesta, reiteré a Emilio Ybarra que había que reintegrar los fondos a la contabilidad del banco''.

González, quien además acusó a Ybarra de ''ocultar información'' sobre el fraude a través de una sofisticada ingeniería financiera, se refirió a los argumentos dados por Ybarra que implicaban directamente a las negociaciones para la compra de Bancomer (una operación de 2 mil 400 millones de dólares que convirtió a la entidad española en la mayor accionista del banco mexicano), al señalar que ''Emilio Ybarra sostuvo que debería informarse al Banco de España que los fondos transferidos a consejeros del BBV tenían el propósito de facilitar una posible toma de posición en Bancomer. Ante mi insistencia en la falta de verosimilitud de tal versión, Emilio Ybarra contestó que yo no podía saber cuál había sido la finalidad de los actos en los que no había participado y sobre los que no tenía ninguna documentación. En definitiva, no fue posible un acuerdo y no se me suministró la información que creo se me debía haber dado y a la que no tuve acceso hasta que se entregó el informe de inspección del Banco de España a BBVA el 21 de marzo de 2002''.

González afirmó además que Ybarra dio ''versiones contradictorias'' sobre el origen y destino de los multimillonarios recursos gestionados en las cuentas secretas que la entidad manejaba en los paraísos fiscales, desde los que se habría blanqueado no sólo el dinero procedente del narcotráfico mexicano y colombiano, sino también los 159 millones de dólares que Madariaga Lomelín negoció cuando vendió Probursa a los banqueros españoles.

Rechazan comisión parlamentaria

Ante las presuntas implicaciones políticas del caso BBVA, a raíz de la presencia de Rodríguez Ponga en el sumario, las formaciones parlamentarias ajenas al gobierno habían exigido una comisión en el Congreso en la que se depuraran las responsabilidades políticas, si bien esta iniciativa fue rechazada hoy por la mayoría parlamentaria del PP. El partido en el gobierno argumentó que sería ''una responsabilidad'' crear la citada comisión por ''actos de directivos'' en una empresa privada, que a su entender no tiene nada que ver con la gestión del gobierno.