Voto favorable en la Cámara de Diputados para la Ley Orgánica del Conacyt

Aprueban la Ley de Ciencia y Tecnología

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad tanto la Ley de Ciencia y Tecnología como la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , ordenamientos que pretenden sentar las bases de una política de Estado en esta materia que trascienda la planeación sexenal.

La aprobación fue precedida por una breve consulta entre un grupo de investigadores encabezados por Soledad Loaeza y José Antonio de la Peña, quienes en el mismo salón de plenos dialogaron con los coordinadores parlamentarios para incluir modificaciones de última hora al dictamen, mismas que también fueron aprobadas por unanimidad.

De la Peña, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, manifestó más tarde que el dictamen representa un paso muy importante en el desarrollo científico del país, porque "es una ley que puede beneficiar el desarrollo de esta actividad a nivel general".

Gerardo Sosa Castelán, diputado priísta por Hidalgo, dio lectura a las adecuaciones. Por una parte, el Consejo General contará con la participación a título personal de cuatro miembros que se renovarán cada tres años y que serán invitados por el Presidente de la República a propuesta del secretario ejecutivo. Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y pondrán ser integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

Además contará con una mesa directiva formada por 17 integrantes, 14 de los cuales serán los titulares que representen a las siguientes organizaciones: la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, el Consejo Nacional Agropecuario y un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de Historia y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, entre otras que eventualmente puedan solicitar su ingreso al mismo foro.

Previamente, la legisladora panista Silvia Alvarez Bruneliere explicó que en la redacción del dictamen correspondiente se cuidó "con esmero" que desaparecieran las trabas burocráticas y administrativas que obstruyen y aletargan la actividad de investigación y desarrollo científico y tecnológico de los centros públicos de investigación y de las instituciones de investigación superior.

Los órganos consultivos en materia de ciencia y tecnología que actualmente existen, se aglutinan en el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, el cual reunirá las funciones de todos aquellos, pero simplificadas y orientadas a cuestiones estratégicas y al propósito primordial de mejorar la eficiencia de la función consultiva.

De acuerdo con la panista, de una política de centralización de la administración se pasa a una de centralización de las decisiones y se constituye la conferencia, en la que se integran los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Consejo Nacional.

"Lo que destacaría de forma individual, y creo que es el elemento sustancial de esta iniciativa, es que se crea el Consejo General de Ciencia y Tecnología que preside el Presidente de la República y que está integrado también por los secretarios de los sectores que desarrollan esta actividad. Participan, a propuesta de la misma comunidad, destacados científicos que por medio de un proceso de auscultación, intervendrán en la toma de decisiones", indicó.

Durante la sesión ordinaria de ayer se aprobó la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos. Al presentar el dictamen a la asamblea, el priísta Jesús de la Rosa Godoy señaló que la situación respecto a la generación de residuos es un problema urgente que es preciso abordar en el ámbito legislativo para hacer vigente dicho derecho al bienestar en el medio ambiente del país. Un problema adicional deriva de que la composición de los residuos sólidos se ha modificado en los últimos años, incorporándose a los desechos orgánicos un volumen creciente de residuos que contienen materiales de lenta degradación y que demandan formas de manejo más complejas y costosas.

"Lo más preocupante es que los residuos sólidos municipales son solamente la parte más pequeña del problema, ya que a ella se suman grandes volúmenes de residuos de las industrias extractivas y manufactureras. Este tipo de desechos industriales suelen mezclarse con los residuos municipales sin que las industrias que las generan asuman los costos reales que implica su manejo y sin que tenga ningún incentivo para minimizar su generación", destacó.

De la Rosa Godoy recordó que en cuanto a los residuos peligrosos la regulación del control de los mismos en México data de 1988. La legislación, aseguró, contiene problemas serios que imposibilitan su cumplimiento, por lo que se justifica actualizar y mejorar la regulación respectiva.

La nueva norma que se propone, explicó, fomentará, entre otras cosas, políticas de transparencia informativa, privilegiando la sensibilidad del público y la educación de la sociedad, fomentando mecanismos de participación correspondientes a los distintos sectores de la sociedad en la prevención y generación y manejo de residuos.

Los diputados también aprobaron la Ley Federal de Sanidad Animal, que tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales -como el mal de las vacas locas- con excepción de los que tienen como hábitat el medio acuático, para que esto se ajuste a la situación comercial que se vive internacionalmente hoy en día.

A fin de que se vigilen en instalaciones adecuadas las condiciones sanitarias y de calidad de los cárnicos de importación mediante un manejo eficiente en su revisión, se aprobó distinguir lo que se hace entre un punto de verificación e inspección zoosanitaria ubicado en el territorio nacional y un punto para importación, tratándose de aquellos que se encuentran en un punto de entrada al territorio nacional o bien en la franja fronteriza, lo que permitorá ejercer un mayor control sanitario tratándose de importaciones de productos cárnicos.

Con las adiciones al artículo segundo de esta ley se crean comités estatales de fomento y protección pecuaria como organismos auxiliares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, constituidos por las organizaciones de ganaderos, instituciones de investigación e industriales, para coadyuvar a esa secretaría en actividades zoosanitarias y de fomento pecuario.

Estos organismos contribuirán a impedir que sean introducidas al país enfermedades "exóticas" como la encefalopatía espongiforme bovina (mal de las vacas locas) y la fiebre aftosa, entre otras, las cuales representan un alto factor de riesgo para la salud de los mexicanos.

La sesión culminó con la aprobación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de las leyes orgánicas de Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y de Sociedad Hipotecaria Federal.

La idea fundamental de estas reformas, explicó el priísta Enrique de la Madrid, es otorgarle mayor autonomía de gestión a los bancos de desarrollo en todo lo relativo a su régimen interno, así como una administración más profesional de sus recursos humanos, pero siempre dentro de los límites de endeudamiento y financiamiento que exige la Secretaría de Hacienda.

"Una vez establecidos estos límites, la Secretaría de Hacienda tendrá facultades para participar en las decisiones internas de los bancos de desarrollo, salvo en su carácter de miembro del consejo directivo de los mismos. En este sentido es que el nuevo artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que los bancos formularán anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos-inversión, así como sus estimaciones de ingresos sin requerir la previa autorización de Hacienda", destacó.