Se negaron a trasmitir mensajes del IFE en 2000

Ordenan investigar a Montaño por no sancionar a concesionarios de medios

MIREYA CUELLAR

Dos años después de la polémica respecto a si el Instituto Federal Electoral tenía derecho o no a hacer uso de los tiempos oficiales como organismo del Estado, la juez quinto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Clementina Flores Suárez, determinó que la Secretaría de Gobernación debe investigar al ex director general de Radio, Televisión y Cinematografía, Arturo Montaño, por no haber iniciado un procedimiento de sanciones contra los concesionarios de radio y televisión que se negaron a transmitir los promocionales del IFE en los meses de febrero y marzo de 2000.

En ese año de elecciones presidenciales, el IFE tuvo un litigo con la Cámara de la Radio y la Televisión, que le escamoteó el uso del llamado tiempo fiscal. A la Secretaría de Gobernación y en especial al titular de RTC correspondía intervenir para hacer cumplir la ley; sin embargo, el ex funcionario optó, el 23 de marzo de ese año, "por suscribir un convenio de coordinación de acciones para la difusión de los contenidos destinados a la promoción del voto en el país, con la CIRT, en el cual esta última se comprometía con sus agremiados a promover con recursos propios la difusión de los mensajes del IFE".

Es decir, en lugar de hacer cumplir la ley como le correspondía ?explicó el consejero electoral Jaime Cárdenas? llegó a un acuerdo con los concesionarios mediante el cual éstos "le hacían el favor" al IFE de transmitir sus mensajes.

Montaño, la CIRT y el IFE optaron entonces por recurrir al viejo adagio popular de que "más vale un mal arreglo que un buen pleito", y decidieron posponer un litigio que les llevaría varios meses, incluso años, en los tribunales. Las partes aceptaron el acuerdo, en lugar de recurrir a un autoridad que definiera de una vez por todas el asunto: el derecho o no del IFE a usar los tiempos fiscales.

Los concesionarios argumentaron que el IFE no era una paraestatal y que los tiempos fiscales (el 12.5 por ciento de espacio a que tiene derecho el Estado a cambio de no pagar ciertos impuestos) sólo era para el gobierno, no para el resto de las instituciones del Estado. La posición del IFE era en el sentido de que sí tenía derecho. Y se firmó lo que llamaron "una tregua".

Sin embargo, a titulo personal y ostentándose como tercero perjudicado, el consejero Jaime Cárdenas presentó un amparo contra la decisión de la Secretaría de Gobernación de no iniciar un proceso administrativo contra Montaño por presunta violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Cárdenas lo acusó de caer en "omisión" al no obligar a los concesionarios a cumplir la ley, y en cambio convertirse en intermediario para una negociación.