MEXICO, SA

Carlos Fernández-Vega

UNOS DIAS ATRAS, sin mediar investigación alguna, el gobierno mexicano decidió, por medio de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, exonerar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de presuntos ilícitos que habría cometido en la adquisición de la mayoría accionaria de Bancomer, y la utilización -para tal fin- de recursos de procedencia oscura.

EL FUNCIONARIO SOSTUVO que "las operaciones fraudulentas llevadas a cabo por la ex cúpula del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -en España- no tienen nada que ver con México; yo no tengo ninguna duda de que el BBVA no violó ninguna ley ni disposición legal mexicana, porque esas operaciones se analizaron en su momento y se consideró que respetaban el régimen legal mexicano" (La Jornada, Armando G. Tejeda).

PERO EXONERAR A los banqueros por la vía del fast track conlleva enormes riesgos. Ahora, Gil Díaz se verá en la penosa necesidad de proceder en el mismo sentido por segunda ocasión consecutiva, aunque en esta ocasión por la presunta violación de las leyes mexicanas en la adquisición del Banco Mercantil Probursa, antes Multibanco Mercantil de México, y lavado de dinero: "De acuerdo con revelaciones de un testigo protegido (por la justicia española), la operación de compra del banco mexicano Mercantil Probursa por el Banco Bilbao Vizcaya ya está bajo sospecha por haber violado la legislación mexicana. Inclusive se habla de que la empresa española le blanqueó 159 millones de dólares a José Madariaga, principal accionista de Probursa" (Proceso, Sanjuana Martínez).

ASI ES. POR la parte mexicana, en ambas operaciones (Bancomer y Probursa) aparece en el centro de las negociaciones un personaje que en su momento dorado (de la reprivatización al crack financiero de 1995) transitó de la presidencia de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa a la de la Bolsa Mexicana de Valores y de ella a la de la Asociación de Banqueros de México, sin que liderazgo alguno avalara tan meteórico ascenso. De igual manera, fue el primer beneficiado por la reprivatización bancaria ordenada por Carlos Salinas de Gortari, "ganando la licitación" del Multibanco Mercantil de México, posteriormente Multibanco Probursa.

CUATRO AÑOS ANTES de tal distinción, en pleno boom de la Bolsa Mexicana de Valores, José Madariaga Lomelín presidía la casa de bolsa Probursa -una entre 25- y aparecía como integrante de los consejos de administración de empresas como Editorial Diana, Grupo Sidek, Iesa, Moresa y Anglo.

DE ACUERDO CON el Registro Público de la Propiedad número 4498 (sección comercio, volumen 888, tomo tercero, fojas 82, asiento 84), la razón social de Probursa no fue otra cosa más que la Promotora de Operaciones Bursátiles, que nació con un capital original de un millón de pesos y una duración de 99 años. En 1979, el pastel accionario de esta empresa se dividía así: mil acciones al portador, de las cuales 950 correspondían a Jorge Terrazas de Allende, 10 a José Madariaga Lomelín y las otras 40 se repartían en igual proporción entre Iris Madariaga Lomelín, Agustín Toussaint, Manuel Trigueros Legorreta y Justino Compean Palacios.

EL 16 DE MAYO DE 1983 cambió la jugada y se reformaron totalmente los estatutos sociales de Probursa; el capital mínimo fijo de la institución sin derecho a retiro se estableció en 40 millones de pesos, representado por 400 mil acciones comunes nominativas con valor de 100 pesos cada una, identificadas como serie A, dividida en subseries numeradas progresivamente. Se acordó aumentar el capital social en su parte variable a la suma de 40 millones de pesos representado por 400 mil acciones comunes nominativas con valor de 100 pesos cada una, identificadas como serie B subserie 1, compuesta por 340 mil acciones conforme a la siguiente distribución: serie B subserie 1 integrada por 340 mil acciones con importe de 34 millones de pesos otorgados como dividendo a sus accionistas, según acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas de la misma fecha, en la forma siguiente: José Madariaga Lomelín, 22 mil 615 acciones; Enrique Portilla Ibarguengoitia, 68 mil; Enrique Trigueros Legorreta, 32 mil 300; Andrés Aymes Blanchet, 17 mil; Luis Domingo Madariaga Lomelín, 85. La serie B subserie 2 se integró por 60 mil acciones, distribuidas de la siguiente forma: José Madariaga Lomelín, 39 mil 285 acciones; Enrique Portilla Ibarguengoitia, 12; Enrique Trigueros Legorreta, 5 mil 700; Andrés Aymes Blanchet, 3 mil acciones; Luis Domingo Madariaga Lomelín, 15.

HASTA ESE MOMENTO, todo era paz y especulación bursátil en la casa de Bolsa Probursa, pero el negocio y la perspectiva crecieron con la incorporación de un personaje asociado con las elecciones de 1988: Carlos Yñigo de Gortari, primo del futuro presidente de la República. De ahí, a Multibanco Mercantil de México, después Multibanco Probursa, después Bancomer.

JOSÉ MADARIAGA Lomelín quiso jugar a las grandes ligas y aprendió de otros colegas, quienes le enseñaron el sendero de los grandes negocios. Este especulador bursátil metido a banquero fue convocado a aquella famosa y lucrativa cena en casa del ex secretario de Hacienda en tiempos del ''desarrollo estabilizador", ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ex director general de Banamex en tiempos de la banca estatizada, es decir, Antonio Ortiz Mena, acto que encabezó el mismísimo Carlos Salinas de Gortari, al que acompañó el actual senador de la República Genaro Borrego.

A CADA UNO DE los 30 barones del dinero convocados a tal convivio, el tricolor boleto de entrada le costó 25 mil dólares (aunque algunos ofrecieron más, por el bien de la patria), mismos que se canalizarían originalmente a la campaña presidencial del fallido Luis Donaldo Colosio y que en realidad aprovechó su sucesor, Ernesto Zedillo. José Madariaga Lomelín no fue el único en asistir. Lo acompañaron, entre otros, Emilio Azcárraga Milmo, Bernardo Garza Sada, Fernando Senderos (hoy firmante de desplegados a favor del blanquiazul gobierno del cambio y en contra de los antipatrióticos senadores que no autorizan los viajes presidenciales), Eloy Vallina, Eugenio Garza Lagüera, Lorenzo Zambrano, Agustín F. Legorreta Chauvet, Adrián Sada Treviño, Pablo Arámburu Zavala, Roberto Hernández Ramírez, Raymundo Gómez Flores, Gilberto Borja Navarette, Enrique Hernández Pons, Rómulo O'Farril Jr., Miguel Alemán Velasco y Eduardo Carrillo Díaz.

PROBABLEMENTE TENGA razón el secretario Gil Díaz: los grandes consorcios y sus dueños no violan la ley porque ni se acuerdan de su existencia.

Las rebanadas del pastel:

EN ABRIL DE 1995 un banquero se quejaba amargamente de que el gobierno mexicano les había vendido instituciones financieras en ruinas y que el crack de ese año los había agarrado con los dedos en la puerta, toda vez que la "nueva" banca no había culminado su proceso de maduración. El negocio en ruinas permitió a los neobanqueros recuperar, en menos de cuatro años, 90.24 por ciento de lo que pagaron por ellas: de 13 mil 20 millones de dólares pagados recuperaron 11 mil 749 millones de dólares hasta diciembre de 1994. El quejoso no fue otro que José Madariaga Lomelín.

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