Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 23 de abril de 2002
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Política

José Blanco

Bomba de tiempo

Continúan emergiendo graves problemas, gestados y acumulados por la increíble irresponsabilidad del Estado corporativo y del populismo insensato de los gobiernos priístas. Medidas político-económicas que fueron definidas, por los gobiernos y los beneficiarios de las mismas, como conquistas históricas.

Un serio estudio actuarial, que se llevó a cabo en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y que absorbió alrededor de un año de trabajo a un equipo de actuarios en 30 universidades públicas autónomas del país, reveló que este conjunto tiene un pasivo contingente por concepto de jubilaciones de trabajadores administrativos y académicos de 77 mil millones de pesos del año 2000, equivalentes a 1.3 por ciento del PIB. El pasivo se elevaría a 125 mil millones si se considerara a la nueva generación de trabajadores. El significado de ese pasivo es claro: en el supuesto de que un comprador se propusiera adquirir ese conjunto de instituciones exigiría que, en la forma de inversiones financieras, se dejaran en las instituciones esos 77 mil millones en reservas técnicas para afrontar las obligaciones por jubilaciones actuales. Se trata de una fortísima descapitalización de las instituciones de educación superior. Las reservas creadas apenas alcanzan 2 mil millones de pesos.

Ese pasivo, que aumenta velozmente todos los días, refiere a una situación muy heterogénea; hay algunas instituciones cuya inviabilidad financiera hoy mismo es ya un hecho. Otras muy pronto estarán en esa situación.

Las reformas de los sistemas de pensiones para esas instituciones son tan profundas que estamos frente a una disyuntiva de alta gravedad: o se trata de una bomba, cuya explosión significa la inviabilidad financiera de las instituciones, o estamos frente a una bomba política porque esas reformas deben hacerse a pesar de la fuerte resistencia que opondrán los sindicatos (que fueron reuniendo "conquistas históricas" que preparaban la inviabilidad de sus propias fuentes de trabajo).

El problema, en realidad, es mucho mayor al pasivo señalado de 77 mil millones, por cuanto el estudio no abarca a todas las instituciones públicas: de una parte, algunas decidieron no entrar en el estudio (vaya usted a saber en qué situación se encuentran), y tampoco están incluidas las instituciones mayores del Distrito Federal: la UNAM, el IPN y la UAM. La razón es que cotizan en el ISSSTE y éste paga las pensiones. El conflicto, sin embargo, abarca a esas instituciones educativas, aunque no se ubique en las instituciones mismas sino en el ISSSTE. De fondo, como problema financiero del gobierno, de las instituciones y de los trabajadores, es uno y el mismo.

En ausencia de reservas financieras, como puede suponerse, las erogaciones se cubren con recursos presupuestales. Como las plantillas de personal tienden a reducir su crecimiento, las pensiones tendrán cada vez mayor peso en relación con la nómina. Esas fuertes erogaciones, por supuesto, no tienen impacto alguno en la educación superior. En las 30 instituciones aludidas hoy existen 11 trabajadores por cada pensionado y en poco años serán cinco y la atención médica para éstos, además, será cada vez más frecuente y más costosa.

En los años 50, 60, 70 y 80, en todo momento el gobierno contó con los escenarios probables de la evolución de la población. La amplia base de la pirámide poblacional de los años 50 y 60 iría, como ocurrió, estrechándose continuamente. En pocos años esa pirámide más bien se asemejará a una torre, donde habrá pocos abajo que puedan sostener a los muchos viejos de arriba, dada la ausencia de reservas financieras. Además, las pocas reservas que se formaron fueron diluidas por los años de inflación. Fueron tomadas en el pasado unas decisiones que crearon un problema de magnitud inconmensurable para quienes hoy son niños.

Una proporción muy alta del problema se debe a que se otorgan pensiones por antigüedad sin importar la edad, lo cual redunda en jubilaciones a edad temprana -cuando hay aún pleno uso de facultades-, lo que encarece sustancialmente las primas que se requerirían: se cuenta con un plazo de amortización muy corto y un periodo de pago demasiado largo. Este problema ha empeorado sustancialmente dado el persistente aumento de la esperanza de vida desde los años 40. En cuanto a las mujeres, las decisiones populistas resultaron especialmente demagógicas: se autorizaron jubilaciones más tempranas, cuando es el caso que las plantillas de personal se feminizaron y la expectativa de vida es más alta que la de los varones.

No hay escape: es imprescindible aumentar la edad de jubilación y aumentar los años de servicio creando sistemas de aportaciones de trabajadores e instituciones que generen las reservas que efectivamente el futuro demanda. En el corto plazo no hay salida. Nadie tiene los muchos más de 77 mil millones que hoy sólo el sistema universitario requiere.

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