En Ginebra, en la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano enterró su política internacional de más de medio siglo. En una comisión en que la delegación estadunidense actuaba tras bambalinas, prometiendo premios y castigos por los votos de países latinoamericanos, la diplomacia de México se sometió a la voluntad del Departamento de Estado que patrocinaba una declaración redactada formalmente por el gobierno de Uruguay.

Lo hizo contra la voluntad e intereses del pueblo mexicano, los llamados del Congreso y contra las reiteradas declaraciones del canciller Jorge G. Castañeda y del presidente Vicente Fox. Estados Unidos no pudo participar en la comisión debido a las violaciones de derechos humanos que son cotidianas en ese país. Pero no necesitó votar: lo hicieron por él, el gobierno de Fox-Castañeda en estrecha unión con el gobierno ultraconservador de Costa Rica; el gobierno de ultraderecha de Guatemala, encabezado por un presidente que depende de Efraín Ríos Montt y tiene cuentas pendientes en México; el gobierno del ex funcionario peruano del Banco Mundial, Alejandro Toledo, y los derechistas de Argentina y Uruguay, que creen poder salvarse poniéndose -contra la voluntad de sus pueblos- a las órdenes de Washington.

La política latinoamericanista e independiente que mantuvieron incluso los gobiernos del PRI más represivos, ha sido reemplazada oficialmente por una política de humillante sumisión a Estados Unidos. A decir verdad, Tlatelolco había evidenciado este giro de 180 grados al declarar, tras los atentados contra las Torres Gemelas, que estaba "incondicionalmente" con la administración de George W. Bush antes de conocer las reacciones y planes bélicos de éste.

El voto en Ginebra se inscribe en una línea que pasa por el desaire infligido a Cuba en la Cumbre de Monterrey y culmina con la más que tibia reacción oficial -a diferencia de Canadá, que acaba de realizar una clara defensa de su soberanía e independencia- ante la inclusión de nuestro país en el Comando Norte estadunidense.

¿El presidente y su canciller pueden hacer y deshacer a su gusto, sin consultar al Congreso y al pueblo, la política exterior mexicana y comprometer el prestigio nacional instaurando vergonzosas relaciones?¿Es posible aplicar una política de doble rasero y condenar las limitaciones a la democracia en Cuba, cerrando los ojos ante los atentados contra la misma en Israel, Rusia y Estados Unidos? ¿México está acaso exento de problemas en este terreno? ¿Por qué dijo Castañeda que jamás se adoptaría una posición contraria a Cuba? ¿Tiene razón la televisión cubana cuando afirma que "lo más sorprendente fue la traición mexicana" y cuando califica al gobierno de Vicente Fox de "Judas de última hora"? ¿Qué autoridad y calidad moral, cultural y política puede tener una representante de México que, carente de argumentos, sólo insulta a los informadores, es decir, a la inteligencia de los lectores y ciudadanos mexicanos?

Las amenazas vertidas por Mariclaire Acosta, subsecretaria de Relaciones Exteriores de México para Derechos Humanos, contra nuestra corresponsal en Ginebra, Kyra Núñez, nos obligan a aclarar posiciones. Lamentamos que una servidora pública se comporte de un modo tan impropio como ella lo hizo. No contenta con referirse en términos despectivos a esta casa editorial, la señora Acosta hizo gala de lo que -para ella- son los derechos humanos, al amenazar a nuestra compañera con demandarla si se atrevía a publicar sus ejemplares, por ilustrativas, declaraciones.

Frente a testigos, Acosta acusó a La Jornada de manipular y desvirtuar la información; aseguró que en esta casa editorial nunca publicamos las correcciones -la existencia de El Correo Ilustrado desmiente su dicho- y remató señalando que "La Jornada y su dirección" tienen problemas "con el gobierno del Presidente, con el canciller, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, conmigo".

Ante estas expresiones, nos vemos obligados en aclarar a nuestros lectores que esta casa editorial, en el marco de su quehacer informativo, no tiene problema alguno con el gobierno del presidente Fox, a quien reconocemos su capacidad para encajar la crítica que en este medio se ejerce cuando es menester, siempre con respeto a su investidura. Nosotros ejercemos la crítica por considerar que los funcionarios públicos están obligados a responder a los reclamos de la sociedad. Ejercemos la crítica, no el insulto, y menos lanzamos amenazas contra quien no está de acuerdo con nosotros, como lo hizo ayer la subsecretaria Acosta.

No tenemos problemas con el Presidente. Sí los tenemos con el titular de la cancillería, Jorge G. Castañeda, y en el editorial del 11 de septiembre precisamos las razones, que tienen que ver con el nuevo ¿estilo? que campea en Tlatelolco. Un estilo que parece ser fondo, sustancia, marcado por el exabrupto y desprecio hacia quienes piensan diferente. Sí tenemos problemas con los neodiplomáticos que hacen de su paso por la cancillería y la política exterior un asunto casi personal, enfrentado al Congreso de la Unión, en abierta ruptura con una larga y honorosa tradición de la política exterior mexicana.

Curiosamente, las opiniones de Acosta sobre este diario no existían antes de que se convirtiera en promotora del voto útil en las pasadas elecciones federales, y La Jornada diera cuenta del rechazo a su ilegal nombramiento como embajadora. En distintas ocasiones antes de este incidente, Acosta escribió o recomendó la publicación de artículos en este diario o entregó información sobre asuntos relacionados con los derechos humanos.

Dicho lo anterior, queremos refrendar ante nuestros lectores y ante la opinión pública que el compromiso fundacional de La Jornada permanece inamovible. Dar voz a los que no tienen voz. Si eso implica ser amenazados e insultados por algunas personas que confunden la gimnasia con la magnesia, estamos dispuestos a hacer frente a estas situaciones y a lo que sea necesario para preservar nuestra independencia de criterio.