Es una "aberración", le responde el gobierno
vasco
Aznar aprueba anteproyecto de ley que proscribe a Batasuna
Policías aprehenden a dos presuntos integrantes
de ETA
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 19 de abril. El presidente del gobierno
español, el conservador José María Aznar, aprobó
hoy en la reunión del Consejo de Ministros el anteproyecto de nueva
ley de partidos políticos, que busca ilegalizar al considerado brazo
político de ETA, Batasuna, y a la que se oponen, con matices, el
resto de los grupos parlamentarios.
El gobierno vasco fue el más contundente al considerar
una "aberración" la futura norma, que abre las puertas para la disolución
definitiva de la coalición de la izquierda separatista vasca, una
añeja pretensión de Aznar que en Euskadi fue recibida con
una división de opiniones, pues la mayoría considera que
esa decisión recrudecerá el histórico conflicto.
Con inusitada celeridad, el gobierno español autorizó
el anteproyecto de ley después de incluir escasas modificaciones
al texto original, que en esta misma semana recibió el espaldarazo
de dos órganos vitales para su aprobación: el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, que si bien entregaron
al gobierno sendos informes sobre la futura norma, no pusieron objeción
alguna a la proscripción de Batasuna, representante de 10 por ciento
del electorado de la región.
Cabe destacar que el CGPJ es una institución formada
por magistrados que acceden a una banca a propuesta de los partidos políticos,
en función de su presencia en el electorado español. La composición
del órgano judicial creado después de las elecciones generales
de 2000 ?en las que el Partido Popular (PP) obtuvo mayoría absoluta?
cuenta con 11 jueces promovidos por la derechista formación en el
gobierno, ocho por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
dos de carácter independiente. Por primera vez en más de
15 años ningún partido nacionalista, ni catalán ni
vasco, pudo proponer a un magistrado.
El proyecto de ley también recibió críticas
por algunos expertos constitucionalistas y penalistas españoles,
que alertaron sobre todo de los riesgos de vulnerar los derechos esenciales
de la libertad de expresión y de asociación política.
Una vez aprobada por el gobierno y refrendada por los
órganos consultivos del Estado, la futura normativa, que sustituirá
a la firmada en 1978 por todos los partidos políticos que participaron
en la transición democrática que dio origen a la actual monarquía
parlamentaria, el texto de la ley tendrá que ser debatido en el
Congreso de los Diputados. La discusión parlamentaria, que se espera
ríspida, podría realizarse la próxima semana. El único
partido político que apoya sin restricciones el texto es el PP,
por lo que de aprobar la ley en solitario significaría la ruptura
del consenso creado a finales de los años 70 en un tema tan sensible
como es la regulación de los partidos políticos.
Angel Acebes, ministro de Justicia español, defendió
la norma. Adujo que "existe gran consenso social sobre esta ley y pretendemos
que vaya acompañado de un gran consenso de los partidos políticos",
situación que difícilmente ocurrirá, pues incluso
sus socios parlamentarios se han mostrado críticos al espíritu
de la ley, que prevé la proscripción de una formación
que propicie la "violencia y la confrontación social" y no apoye
"los valores constitucionales".
La postura contrasta con la del gobierno vasco, en manos
del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo vocero, Josu Jon Imaz, consideró
una "aberración" esa ley, que "nos aleja de la paz", y representa,
expresó, un "balón de oxígeno a ETA".
Joseba Permanch, coordinador y vocero de Batasuna, dijo
por su parte que la aprobación de esa ley "es una de las decisiones
más graves y erróneas tomadas por el Estado y por el PP desde
que está en el Gobierno", ya que supone "pisotear los derechos civiles
y políticos" de los más de 200 mil votantes de su formación.
Por su parte, el secretario general de los socialistas
vascos, Patxi López ?quien mantuvo esta mañana una reunión
con Juan José Ibarretxe, presidente del gobierno vasco?, declaró
que su partido está en favor de la proscripción de Batasuna,
porque "el principio es que en un sistema democrático no puede haber
formaciones políticas que, burlándose del propio sistema
y de la legalidad, dé cobertura política al terrorismo, lo
financie o busque su comprensión social".
Entretanto, la policía española detuvo hoy
a dos presuntos miembros de ETA, entre ellos el histórico militante
José María Zaldúa Corta, que habría formado
parte del Comando Nafarroa, y a Eneko Aizpuru Giraldo, uno de los
máximos responsables de la organización juvenil de ETA, Segi,
sucesora de la ilegalizada Haika. Zaldúa Corta, de 52 años
y quien desde 1986 se encontraba en la clandestinidad, está vinculado,
según el Ministerio del Interior, en al menos seis asesinatos.