Se podrían violar sus derechos si se les detenía, adujo la delegación en el estado de México

Pone la PGR en libertad a cuatro implicados en el caso Atizapán

Presentaron amparos el ex director de Seguridad Pública, un policía y los propietarios de la casa de espionaje

GUSTAVO CASTILLO, SILVIA CHAVEZ E ISRAEL DAVILA REPORTERO Y CORRESPONSALES

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de México puso en libertad la noche del miércoles al ex director de seguridad Pública de Atizapán, Martín Gachus Santiago; al policía municipal Jorge Luis Lara Martínez y a Martín y Elvia Moreno Rodríguez minutos después que la procuraduría de Justicia del estado se los remitió para que fuesen investigados como presuntos responsables de delitos del fuero federal.

Sin embargo este jueves, en la ciudad de México, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, informó que la dependencia recibió el desglose de la averiguación previa del caso Atizapán y que desconocía que se hubieran puesto a su disposición, e incluso en libertad, a los cuatro mencionados.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PJGJEM) aseguraron que las cuatro personas fueron dejadas en libertad sin ni siquiera haberles tomado su declaración ministerial en torno a las acusaciones de espionaje telefónico (intervención ilegal de comunicaciones privadas) y ataques a las vías generales de comunicación.

En un comunicado de prensa, la delegación de la PGR informó que los detenidos "se encontraban sujetos a un arraigo domiciliario, mismo que les fue levantado por la juez octavo en materia penal en el municipio de Tlalnepantla, a efecto de que el Ministerio Público del fuero común en el estado referido remitiera el desglose de la averiguación previa al agente del Ministerio Público Federal para que éste efectúe la investigación de presunta perpetración de delitos del fuero común".

Macedo de la Concha indicó que corresponde a la procuraduría mexiquense dar a conocer la situación jurídica de los involucrados y detenidos por el asesinato de la regidora Tamez.

En tanto, fuentes del gobierno del estado aseguraron que alrededor de la medianoche del miércoles la PGJEM solicitó al juzgado octavo de lo penal, con sede en Tlalnepantla (fuero común), que autorizara la culminación del arraigo a que estaban sometidos Martín Gachus, Lara Martínez, ingeniero técnico en sistemas informáticos y equipos; y Elvira y Martín Moreno, dueños del domicilio desde el cual se espiaba a los funcionarios del ayuntamiento de Atizapán.

De acuerdo con esas versiones, las autoridades mexiquenses analizaron el caso con representantes del Poder Judicial de esa entidad y decidieron que los arraigados hasta ese momento podían ser puestos a disposición de autoridades federales, dando por terminado el arraigo, y que, para evitar cualquier desfase jurídico, fuera la PGR la que los mantuviera detenidos sólo du-rante los plazos legales (hasta 96 horas en caso de delincuencia organizada) y resolviera su situación, o bien solicitara un nuevo arraigo, esta vez ante un juzgado de distrito (federal).

Ante ese panorama se procedió a poner a disposición de la PGR a las cuatro personas, luego que el lunes la PGJEM enviara a la autoridad federal un desglose de sus investigaciones, considerando que los hasta ese momento detenidos eran presuntos responsables de los delitos federales de intervención ilegal de comunicaciones privadas y ataques a las vías generales de comunicación.

Las indagatorias de la procuraduría mexiquense descubrieron que fue Martín Gachus quien ordenó la instalación de la red de espionaje en el ayuntamiento de Atizapán, que Jorge Luis Lara se encargó de la instalación técnica y operativa del sistema de espionaje, mientras que Elvira y Martín Moreno García encubrían las actividades que se realizaban en su domicilio.

Una vez realizada la puesta a disposición, la responsabilidad de que se continuara la investigación correspondía totalmente a las autoridades federales, pues la procuraduría estatal no tenía acusaciones del fuero común para continuar vigilándolos, como tampoco orden de aprehensión alguna que permitiera su consignación ante un juez, por lo que al resolver el Ministerio Público Federal que se podrían violar sus derechos si se les detenía, quedaron en absoluta libertad.

La delegación de la PGR en el estado de México argumentó además que los indiciados presentaron sendos amparos contra su aprehensión y que no había analizado el desglose de la averiguación previa derivada de la investigación del homicidio de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez, delito por el cual ya fue declarado formalmente preso el alcalde Juan Antonio Domínguez Zambrano.

El delegado Juan García manifestó que la PGJEM le envió el desglose de la averiguación previa del caso Atizapán por el delito de robo de fluido en agravio de Teléfonos de México, derivado de la intervención clandestina de conversaciones privadas que hacía la red criminal que operaba en el ayuntamiento para espiar a los regidores y a particulares que posteriormente eran extorsionados.

Mencionó que el expediente consta de 9 mil 890 fojas, las cuales "estudiaremos... y de acuerdo a las constancias ministeriales procederemos en su momento a tomar las determinaciones que correspondan".

La PGJEM, por su parte, explicó que además del delito de robo de fluido, en ese expediente se incluyen las acusaciones por fomento al narcotráfico y ataques a las vías de comunicación.

Elvia y Martín Moreno regresaron este jueves a su casa, localizada a unas cuadras del palacio municipal, donde la PGJEM aseguró haber desmantelado la casa de espionaje destinada a vigilar las actividades de regidores y "enemigos" del alcalde Domínguez Zambrano. Gachus Santiago y Pérez Bonilla fueron también vistos en los pasillos del palacio municipal. Sin embargo, Seguridad Pública informó que posiblemente se reintegren a sus funciones el lunes.

Sólo quedó arraigado en el hotel La Hacienda, de Tlalnepantla, Isaías García Godínez, padre de Daniel García, ex secretario particular de Domínguez Zambrano, ambos recluidos en el penal de Barrientos por ser los presuntos asesinos intelectuales de la regidora Tamez Pérez.

García Godínez será puesto a disposición del juez quinto de lo penal de Barrientos en las próximas horas, ya que fue el autor de los anónimos de amenaza de muerte que recibieron regidores de Atizapán, posterior a la ejecución de Tamez Pérez.

De su lado, Leonel Prior Reyes, abogado de Martín y Elvia Moreno Rodríguez, informó que la PGJEM remitió a los acusados a la delegación de la PGR "sin que mediara una orden de presentación" de esta dependencia. Agregó que los amparos hechos efectivos por la PGR "no fueron reconocidos por la dependencia estatal".

Destacó que la próxima semana los cuatro serán llamados a comparecer ante la PGR y adelantó que gestionan un amparo a favor de Isaías García, padre de Daniel García.