Sergio Zermeño
A las armas, ciudadanos
En la iniciativa para una nueva Ley Federal de Armas y Mu-niciones, de la que se habló con intensidad al inicio del presente mes y se sigue discutiendo en las comisiones de la Cámara de Diputados, destacan dos aspectos en torno del ascenso brutal de la violencia, que es el tema que más le preocupa hoy a la ciudadanía: primero, se vuelven más severos los castigos para quien utilice una arma en la comisión de delitos (hasta 40 años de cárcel para la delincuencia organizada, y en ningún caso menos de cinco). Segundo, y bastante contradictorio con el anterior: en lo referente a la comercialización de armas y municiones permitidas por la ley (hasta calibre 38), se facilitan los trámites para su adquisición y se simplifican los requisitos para que nuevas armerías puedan ser abiertas.
En cualquier caso, los legisladores que impulsan esta ley, que podría ser aprobada en el actual periodo de sesiones, no deberían descuidar los siguientes referentes: en la actualidad existen en el mundo dos modelos polares en materia de regulación de la tenencia y portación de armas de fuego: el primero es restrictivo, es decir, prohíbe la posesión de armas de fuego con excepciones muy estrictas y castiga con penas muy severas los delitos cometidos con ellas y su sola tenencia. El segundo es el modelo permisivo, basado en el libre comercio de armas y fácil acceso a éstas por parte de la población. Japón y Gran Bretaña son exponentes del modelo restrictivo y tienen tasas de uno y dos homicidios por cada 100 mil habitantes. Estados Unidos es el ejemplo del modelo permisivo y su tasa es de nueve homicidios por 100 mil habitantes, con casos espectaculares como el de Nueva Orleans, con 83, y Washington, con 78 (Elías Carranza, Delito y seguridad..., 1997, Unión Europea, Siglo XXI Editores).
Es importante que nuestros legisladores tengan en cuenta estos datos, porque América Latina se ha venido alineando del lado permisivo. De hecho el artículo 10 de nuestra Constitución establece que los habitantes de nuestro país pueden tener armas en sus domicilios. Se adivina en este proyecto de legislación que no importa mucho que el comercio de armas se liberalice mientras se castigue con fuertes penas el uso de las armas fuera del domicilio de quien las posee. Es inevitable preguntarse qué intereses puede haber detrás de la liberalización de este comercio, pero es más importante hacer notar lo irónico del asunto, pues 73 por ciento de las muertes violentas provocadas con armas pequeñas en regiones como Centroamérica, en particular en Costa Rica, ocurrieron entre familiares, allegados o conocidos (José María Rico, Seguridad ciudadana en Centroamérica, 2000, IIDH). Que los legisladores se enteren: sólo 8.5 por ciento de los encuestados en Villa Coapa hace dos meses pensaba que la posesión de una arma mejoraría su seguridad (Gustavo Galicia).
Lo anterior podría sugerir que lo que está imperando en la cabeza de los legisladores es una concepción que tiende a encerrar el tema de la seguridad en espacios privados, aislados digamos más bien. Ya de por sí, en las colonias de clase media nuestros ciudadanos tienden a cerrar calles y espacios, a instalar plumas y retenes policiacos, a generar una especie de doble cerco sanitario (contando los candados de su propia puerta), que les permita ejecutar con cierta tranquilidad el acto privado de ver la televisión. Ahora los legisladores refuerzan la fuga individualista del ciudadano allegándole una o dos armas al alcance de la mano.
Lo que hasta el momento ha resultado más saludable para mejorar la seguridad ciudadana ha sido la cooperación vecinal, la discusión pública y la toma de medidas colectivas en barrios, condominios, unidades habitacionales, colonias, etc. (alarmas en serie, listas de teléfonos compartidas, rondines policiacos controlados por las asociaciones de comités vecinales...).
Lo irónico es que se nos presente hoy una legislación sobre posesión de armas tan encerrada en lo privado, mientras que hace cinco meses la Asamblea Legisla-tiva decidiera suspender las elecciones de nuevos comités vecinales (que son la base de los comités de seguridad), argumentando que no había dinero para realizarlas. Se entiende que fortalecer la democracia representativa sea una buena inversión (incluso con las bacanales electorales que acabamos de presenciar en el seno de los partidos), pero es inexplicable el desprecio por el asociativismo vecinal, a sabiendas de que es infinitamente más eficaz para la seguridad que la posesión de unas armas que terminan disparando contra sus poseedores.
