Persisten diferencias en dos puntos entre la fracción panista y los demás partidos

A comisiones, proyecto sobre acceso a información

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados conocerá hoy el proyecto de dictamen de ley de acceso a la información, que pretende conciliar los intereses del gobierno y de la sociedad civil interesada en el tema. Sin embargo, persisten diferencias entre la bancada del PAN y el resto de los grupos legislativos en al menos dos puntos.

Aun cuando falta consensuar el documento en la fracción del PAN, los representantes de ese partido en la comisión aceptaron que el texto a consultar considere que sea el Senado, como parte del Congreso, la instancia que ratifique las propuestas para integrar el órgano de dirección del instituto que crea la nueva ley, aunque se prevé que sea rechazado por el grueso de la bancada panista.

"Ya estamos muy avanzados, de hecho estamos terminando el proyecto de dictamen para circularlo entre los diputados de la comisión, que sesiona este jueves a las 10:30 horas. El proyecto de dictamen, aceptado en principio por el PAN pero que pidió consultarlo con el grupo parlamentario, es que se incluya la ratificación por parte del Senado y no de la Cámara, como planteaba el plan que presentó el grupo Oaxaca", explicó el diputado priísta José Antonio Hernández Fraguas.

De acuerdo con el director del Seminario de Sociología Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Islas, este punto es fundamental para garantizar que el instituto nazca como un órgano autónomo, que genere confianza y su credibilidad no sea puesta en duda.

"El gobierno no puede ser juez y parte", sostuvo el investigador, que ha venido participando en las negociaciones tanto con el gobierno federal como con el Congreso. Recordó la experiencia del Instituto Federal Electoral (IFE) como un órgano ciudadano y autónomo. "Hoy nadie duda de que hay democracia electoral", dijo, y explicó que con la participación del Congreso en la ratificación de quienes integrarán el instituto "se verá reflejada la pluralidad del país".

Hernández Fraguas informó además que uno de los temas que no será integrado al documento, como lo sugiere el grupo Oaxaca, es la posibilidad que el instituto pueda emitir recomendaciones vinculatorias en un proceso similar al que utiliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En contrapartida, se acepta integrar la figura de la "afirmativa ficta", que propuso el grupo Oaxaca, y dejar fuera la "negativa ficta" que pide el gobierno.

La discusión sobre ley reglamentaria

El segundo punto que no alcanzó consenso es la propuesta de que se estipulara en la nueva ley que se trata de un instrumento legal reglamentario de la última parte del artículo sexto constitucional, hecho que el legislador explicó: "no por decir que una ley es reglamentaria le da ese carácter, hay muchas que así lo dicen pero en la práctica no se aplican de esa forma".

Incluso ayer por la noche los panistas hablaron de la posibilidad de que en el análisis final se acepte que esta ley sea reglamentaria, pero sólo "de la última línea del artículo sexto que se refiere al derecho a la información".

Jorge Islas, a su vez, insistió en una definición de esa naturaleza, ya que se ha buscado en los 25 años anteriores que se especifique la reglamentación de esa parte del artículo sexto constitucional. "Ya es tiempo de que los legisladores otorguen mediante una ley garantía y seguridad jurídica sobre un derecho humano fundamental, y en este aspecto la visión de los gobernados es diferente a la de los legisladores", expuso.

Sin embargo, para el diputado por Oaxaca estos acuerdos en principio a los que llegaron los integrantes de la comisión, "pretenden dejar satisfechas a ambas partes, pues quedan salvadas, por ejemplo, cuestiones de constitucionalidad que habían detenido la elaboración de un dictamen".

La propuesta del grupo Oaxaca, elaborada por representantes de diversos periódicos -como La Jornada- y medios electrónicos, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil, forma parte de un ejercicio nuevo en el que se involucra directamente a quienes laboran en medios de comunicación y de quienes se ocupan de su análisis y estudio.

El documento que suscribieron los coordinadores de todas las bancadas, a excepción del PAN, sugiere la creación de un órgano autónomo que se responsabilice de responder a las peticiones de información por parte de los ciudadanos. Este organismo contaría con presupuesto y patrimonio propios, garantizando con ello un manejo en total libertad.

Al proyecto elaborado por periodistas, académicos y especialistas le anteceden seis meses de trabajo, desde que el 24 de mayo se iniciaran con la declaración de Oaxaca, que se sintetiza en propuestas consensuadas.

Contiene 48 artículos divididos en seis capítulos, pero se sintetiza en la idea de que toda actividad que se realice con dinero público debe estar a disposición de la sociedad. Con estas consideraciones, los diputados deberán presentar un dictamen al pleno, que de ser aprobado cambiaría el modo de operar de las dependencias oficiales respecto de la información generada en las mismas.