Solicita al Presidente instruya a Gobernación, SSP y PGR cesen de obstaculizarlo

Pide ombudsman de BC garantías para realizar su labor

VICTOR BALLINAS, Y JOSE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDHPC) de Baja California, Raúl Ramírez Baena, envió una carta al presidente Vicente Fox en la que señala las graves irregularidades cometidas durante el operativo realizado en Tijuana el pasado 10 de abril para arrestar a servidores públicos estatales y municipales, y solicita al mandatario que "gire instrucciones a sus colaboradores, en especial a la secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como a la PGR, para que cesen de obstaculizar la labor la PDHPC y sujeten sus actuaciones a los procedimientos legales.

En la misiva, que se entregó a Fox el pasado lunes durante su gira de trabajo por la entidad, Ramírez Baena señala que el operativo de detención masiva de servidores públicos estatales y municipales en Baja California vulneró "gravemente" las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la ley y alteró el principio de gobernabilidad.

Asevera que "el desproporcionado operativo montado para efectuar la detención, con la participación directa del Ejército Mexicano -al margen de sus facultades constitucionales- resulta frustrante e inútil, en virtud de que se decretó la libertad a la mayor parte de los asegurados".

Esto es de reconocerse, en la medida en que no existieron elementos incriminatorios en su contra, pero "el escarnio público a que fueron sometidos al ser exhibidos por las calles de la ciudad a bordo de camiones de carga y vehículos del Ejército, que se les haya mantenido incomunicados, según el señalamiento de algunos familiares, y hacinados en una pequeña celda sin ventilación, resulta violatorio a sus derechos humanos".

Ramírez Baena agrega que la PGR no entregó información alguna a la PDHPC y ni siquiera se le permitió el paso a las instalaciones de la Fuerza Aérea ubicadas en Tijuana, a donde acudió para verificar la legalidad del procedimiento. Con esto, "además de obstaculizar nuestra labor, se deja en estado de indefensión a los detenidos".