Exige intervención de la CNDH por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad

Se violaron derechos de detenidos, acusa ombudsman estatal

VICTOR BALLINAS Y JORGE A. CORNEJO REPORTERO Y CORRESPONSAL

El procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Raúl Ramírez Baena, informó que en la detención de 200 policías municipales y ministeriales de Baja California "se violaron los derechos humanos" de ellos y se obstaculizó el trabajo del ombudsman estatal, al no permitirse que funcionarios de esa procuraduría se entrevistaran con los retenidos.

En conferencia de prensa en la Universidad Iberoamericana, en la ciuad de México, el ombudsman estatal aseveró que "en materia de derechos hay un retroceso con los procesos democráticos que se dieron en el país". Abundó: "No sabemos si al detener a los 200 elementos policiacos hubo orden de aprehensión o de presentación. No se permitió que los familiares y abogados de los detenidos hablaran con ellos, y eso es ilegal".

Ramírez Baena añadió que el asunto "será turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en virtud de que en la operación intervinieron autoridades federales, PGR y el Ejército".

En tanto, en Tijuana, el subprocurador general de Derechos Humanos, Rafael Reyes Luviano, dijo que "ya fue remitida a la CNDH una queja formal desde ayer, vía telefónica. Se trata de una queja por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, toda vez que los militares, además de la detención de los policías, realizaron un operativo en la delegación municipal de La Mesa con el objetivo de llevar a cabo un cateo, y durante siete horas no dejaron entrar ni salir a nadie en los edificios y casas en dos manzanas".

Ramírez Baena, por su parte, explicó que en La Mesa los militares impidieron a las familias y trabajadores entrar y salir de las 16 a las 23 horas. "Esto es una retención ilegal y un abuso de autoridad. Ahí no sólo hay comercios sino también casas, porque es una zona residencial".

Aseveró que en su entidad "hay flagrantes violaciones a los derechos humanos desde febrero pasado, cuando llegaron al estado mil 500 efectivos de la Policía Federal Preventiva, que con armas largas se apuestan en la calle y someten a revisiones inconstitucionales al ciudadano".

Dicha situación se complica aún más, precisó, con la entrada en operación de las Brigadas de Operativos Mixtos, en las que participan funcionarios de los tres niveles de gobierno y militares que en caravanas detienen el tráfico y revisan a todos los automovilistas.