El juez resolverá el próximo martes
si los libera o dicta el auto de formal prisión
Se declaran inocentes el alcalde de Atizapán
y su ex secretario particular
Se estableceN en actas las acciones que la regidora
cuestionó al edil
SILVIA CHAVEZ, ISRAEL DAVILA Y ALONSO URRUTIA CORRESPONSALES
Y REPORTERO
Ante la rejilla de prácticas del juzgado quinto
del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, el alcalde panista con licencia
de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano,
y su ex secretario particular, Daniel García, se declararon inocentes
del homicidio de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez
y de encabezar una red de corrupción en su administración
municipal.
Vestidos con el uniforme de indiciados, a las 10 horas,
Do-mínguez Zambrano y Daniel García fueron presentados en
la rejilla de prácticas para que el juez quinto, Alejandro Jardón
Nava, les leyera el pliego de consignación con las imputaciones
legales que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
(PGJEM) hizo en su contra.
En la audiencia de declaración preparatoria de
los detenidos, que se prolongó más de siete horas, el secretario
de acuerdos de la causa penal correspondiente les informó a los
indiciados sobre los cargos que hay en su contra, entre ellos extorsión,
abuso de autoridad, fraude genérico, delincuencia organizada y homicidio
calificado en grado de autoría intelectual en agravio de María
de los Angeles Tamez Pérez.
El funcionario penal detalló nombres de los agraviados
y de quienes acusan al edil y a Daniel García, además de
los delitos que se les atribuyen. Entre los declarantes se ubicó
a regidores de Acción Nacional, ex servidores públicos y
a dos proveedores de servicios.
En el detalle de los delitos imputados al edil, el secretario
de acuerdos le informó que en cuanto a la extorsión, el ex
director de Protección Civil municipal, Carlos Manuel Rodríguez
Delgado, acusó a Daniel García de haberle pedido un pago
anual de 600 mil pesos a cambio de que no recibiera presiones por parte
del alcalde y que con esta compensación no habría mayores
reclamos de los siniestros registrados en el municipio.
Sobre el delito de abuso de autoridad, la procuraduría
mexiquense refiere que Domínguez Zambrano solicitó al director
de Desarrollo Urbano y Obras Pú-blicas, Luis Cuauhtémoc Díaz
Fernández, llegar a un "convenio" con el empresario Fernando Castro,
quien solicitó la autorización de la construcción
de una bodega para la empresa cervecera Corona, y que a cambio de este
arreglo económico se le permitió continuar con los trabajos.
Sobre el delito de fraude, se dio a conocer que el empresario
Mario Correa Barrios le entregó a Daniel García 200 mil pesos
para la campaña como alcalde de Domínguez Zambrano y a cambio
de este beneficio económico se acordó que una vez ganada
la alcaldía se le otorgaría la concesión del servicio
de grúas en el municipio, lo que no se cumplió.
Sobre delincuencia organizada, en la lectura del documento
se estableció que desde el inicio de la administración de
Domínguez Zambrano, María de los Angeles Tamez se inconformó
porque en el gobierno local se incorporó como secretario particular
del alcalde a Daniel García. Además, la regidora hizo una
lista de 21 personas que tenían nexos familiares con Daniel García,
por lo que pidió que todos fueran removidos de sus cargos.
Según consta en la relatoría de delitos,
situaciones como ésta provocaron un diferendo entre la regidora
asesinada y Domínguez Zambrano, quien en varios actos públicos
aseguró que este tipo de situaciones y las críticas que hacía
la regidora sobre su esposa "no se van a quedar así".
Soy inocente, sostuvo Domínguez Zambrano
Al término de la lectura de los delitos que se
imputan a los indiciados, Juan Antonio Domínguez Zambrano fue el
primero en rendir su declaración preparatoria, misma que sintetizó
con la frase: "Soy inocente de los delitos que se me imputan y no he cometido
ninguno de ellos".
A su vez, Daniel García rechazó las acusaciones
de quienes aseguraron que pidió dinero para la campaña política
de Domínguez Zambrano.
En tanto, Marcos Castillejos, abogado defensor del alcalde
con licencia, solicitó la ampliación del término constitucional
de 72 a 144 horas para que el juez de la causa dictamine sobre la situación
legal de su cliente. La misma solicitud fue hecha por el abogado de Daniel
García, por lo que será el martes próximo cuando se
defina el auto de libertad o formal prisión de los indiciados.
Asimismo, solicitó que al me-nos 65 testigos que
rindieron declaraciones ministeriales en la averiguación previa
iniciada por el asesinato de Tamez Pérez acudan al juzgado a ampliar
sus testimonios y pidió careos de éstos con sus clientes.
En la lista figuran Pedro Tamez y Evangelina Pérez,
padres de la regidora ejecutada; los regidores panistas Wilfrido Torres
y Ana María Balderas, estos últimos como declarantes contra
el edil. También citó al regidor perredista Efraín
Medina, así como a algunos arraigados en el hotel La Hacienda.
En tanto, el juez Alejandro Jardón indicó
que este sábado concluye el plazo para que la procuraduría
de Justicia estatal ratifique su solicitud para liberar las siete órdenes
de aprehensión más. Pero, dijo, "aun cuando se cumpla este
tiempo, la dependencia podrá hacer uso del tiempo de que dispone
en los arraigos para integrar mayores elementos a su petición".
A las 16:30 horas de este jueves el jefe de supervisión
de infracciones y choques, de la dirección de Seguridad Pública
atizapanense, Raúl Pérez Bonilla, fue puesto en libertad
debido a que obtuvo un amparo federal otorgado por el juzgado octavo de
distrito que suspendió la ampliación de su arraigo en el
hotel La Hacienda, donde aún permanecen seis personas más
sujetas a investigación por el homicidio de la regidora.
No hay persecución política contra el
PAN, reitera Montiel
El gobernador mexiquense, Ar-turo Montiel reiteró
que en el caso de la consignación del alcalde de Atizapán,
Juan Antonio Domínguez Zambrano, no existen motivaciones políticas,
sino solamente la mera aplicación de la ley y para eso "sí
estoy facultado y tengo que aplicar la ley con todo rigor".
Entrevistado en la Secretaría de Gobernación,
destacó que las acciones que se han emprendido contra algunos ediles
sólo forman parte de la instrumentación del estado de derecho.
"Primero sacamos el asunto de Huixquilucan y después este asunto
de Atizapán que va avanzando y ya está consignado ante el
Poder Judicial del estado."
Precisó que en el caso de la hija del alcalde de
Ecatepec se está procediendo estrictamente contra ella, "se le está
investigando y, si procede, pues entonces se consignará ante el
juez correspondiente". Montiel Rojas manifestó que ello no significa
que haya algo contra el edil, con quien próximamente inaugurará
"algunas obras".