La detención ayer de dos centenares de agentes policiales de Baja California --entre los cuales se encuentran los comandantes de la Policía Municipal de Tijuana y de la Policía Ministerial del estado-- por su presunto involucramiento en delitos contra la salud y crimen organizado, es un dato que confirma los señalamientos más críticos y pesimistas acerca de la corrupción que impera en nuestro país en las corporaciones supuestamente encargadas de prevenir e investigar delitos y perseguir a quienes los cometen.

El de Baja California es, ciertamente, un caso singular, toda vez que esa entidad, por su ubicación geográfica y por su composición demográfica y social, representa un territorio propicio para la comisión de toda clase de delitos, desde el contrabando hasta el tráfico de indocumentados, desde el proxenetismo hasta el trasiego y comercialización de drogas ilícitas.

De hecho, en la península tienen asiento poderosas y famosas organizaciones delictivas. Por ello es lógico que los organismos policiales de ese estado estén más expuestos que los de otras zonas del territorio nacional a la infiltración del crimen organizado y a la corrupción que, por lo demás, afecta por igual a los tres niveles de gobierno; lo mismo al Poder Ejecutivo que al Judicial, como hace un par de días señaló en un informe el relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy, quien estimó que entre 50 y 70 por ciento de los jueces federales de nuestro país han sido corrompidos.

Los recientes hechos en esta perspectiva no son menos alarmantes: 200 agentes policiales arrestados constituyen, por lógica elemental, la punta de un iceberg demasiado grande.

Ante esa noción de las dimensiones de la infiltración criminal en las corporaciones de policía municipal y estatal de Baja California, resulta obligado preguntarse por el tamaño del fenómeno en las instancias federales: la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva y las fuerzas armadas.

En otros términos, el desafío nacional que plantea esa infiltración no puede resolverse mediante simples métodos policiacos, ni enviando soldados y policías del ámbito federal --preventivos y judiciales-- a echar el guante a sus colegas estatales y municipales. Se requiere, además, de una nueva propuesta política y económica de sociedad y de Estado.

Por desgracia, en los tiempos que corren, en las altas esferas oficiales se habla mucho de cambio y renovación, pero no se ven por ningún lado la voluntad y la imaginación para llevarlos a cabo y superar la herencia viva de corrupción y disolución institucional que dejaron los últimos gobiernos priístas.