Emilio Pradilla Cobos
El proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano
El proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), entregado en marzo por el Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación, presenta múltiples inconsistencias en su concepción, metodología y propuestas que lo invalidan como proyecto urbano de mediano y largo plazos, y hace indispensable que el Legislativo local abra un amplio debate público, con tiempo, espacios e información suficientes para oír propuestas alternativas y lograr consensos sociales que le den la coherencia, el alcance y la proyección estratégica de largo plazo que requiere para convertirse en instrumento útil para superar la crisis urbana que enfrenta la capital.
En su concepción general, el proyecto de PGDU se estructura como una suma desintegrada de las políticas que el gobierno capitalino ha definido como prioritarias para su periodo sexenal, incluyendo las que se han añadido a última hora (entre otras, los segundos pisos en Periférico y Viaducto, que no aparecían en la versión sometida a consulta pública en 2001), y no como un proyecto con perspectiva de largo plazo, que enfrente integralmente los problemas que el conocimiento científico y la práctica de los habitantes señalan como esenciales y determinantes de la problemática urbana.
Por ello, el proyecto sólo define las acciones gubernamentales y las restricciones que aplicará a los demás sectores, pero no propone estrategias de desarrollo para el conjunto complejo de actividades que estructuran la ciudad ni para los actores privados y sociales que en realidad la producen, reproducen y usan mayoritariamente. Por ello también, la propuesta de PGDU no logra ser un proyecto de ciudad futura, ni define una imagen-objetivo para su desarrollo, ni la dota de orientaciones e instrumentos adecuados para que todos los actores e instituciones urbanos coadyuven en su logro.
Es notoria la ausencia de análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades futuras de educación, salud, asistencia social, deporte, recreación y cultura derivadas de la evolución demográfica prevista; o de la trama compleja de actividades requeridas, a partir de una visión alternativa de la economía urbana, la creación de empleo y la elevación del ingreso de la mayoría. No se estima la necesidad de suelo e infraestructura para atender estos requerimientos, ni cómo, cuándo y dónde resolverlas. En estos campos sólo se señala lo que hará el gobierno local, sin tener en cuenta la acción de la Federación o los actores privados y sociales, que aparecen como receptores pasivos de normas, restricciones, incentivos o subsidios, y no como actores activos, dominantes y contradictorios del desarrollo urbano.
Muchas propuestas del proyecto no coinciden con el diagnóstico (menos áreas de repoblamiento que las de despoblamiento reconocidas, corredores urbanos seleccionados frente a los aceptados, por ejemplo) o no tienen sustento en él (vialidades en lugar de transporte colectivo). No se estudian ni aportan soluciones al impacto urbano de grandes proyectos federales (nuevo aeropuerto en cualquiera de sus localizaciones), de otros estados vecinos (libramientos carreteros, trenes suburbanos o proyectos de urbanización) o los propios (segundos pisos en Periférico y Viaducto, y otros proyectos viales del gobierno capitalino). En general, no se asume al Distrito Federal como parte de la ciudad real, la Zona Metropolitana, ni de la ciudad-región del centro en acelerado proceso de constitución; se toma el limitado criterio de la división administrativa. En el PGDU se mantienen políticas que desde su formulación y en la consulta pública han sido cuestionadas por diversos sectores sociales, como las restricciones del bando 2, la forma de recuperación del Centro Histórico o los segundos pisos en Periférico y Viaducto, sin que se observe el interés de construir consensos democráticos, aceptando las razones justas, las necesidades y propuestas de sectores sociales como el movimiento urbano popular.
El proyecto es un ejemplo de empirismo y pragmatismo políticos, que no parte del acervo de conocimientos y propuestas acumulados en diversos ámbitos a lo largo del tiempo, que impone decisiones tomadas en la cúspide del gobierno local sin tener en cuenta sus efectos contradictorios, que en muchos casos se vuelven contra las políticas mismas, como lo muestran sus resultados en 18 meses de aplicación y su lógica previsible. Así, se ha perdido la primera ocasión que tiene un gobierno de izquierda de presentar un proyecto urbano integral para la capital, construido democráticamente, científicamente sustentado, ampliamente debatido, integral, con visión estratégica de largo plazo, que incluya a todos los sectores sociales con criterios de equidad social, y dotado de instrumentos adecuados y concertados para su aplicación. Legalmente, a la administración Cárdenas-Robles sólo le tocó iniciarlo. Analizaremos en detalle estos temas.
