Sin validez a escala federal, las recomendaciones del relator de la ONU, aseguran

Góngora Pimentel ratificará su rechazo al informe sobre jueces mexicanos corruptos

JESUS ARANDA

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ministro Genaro David Góngora Pimentel, fijará oficialmente hoy la posición de rechazo del Poder Judicial federal al informe elaborado por el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, Dato Param Cumaraswamy, quien aseguró que entre 50 y 70 por ciento de los jueces mexicanos son corruptos.

Ante el silencio del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el tema, Góngora Pimentel aprovechará su participación en el segundo Congreso Nacional de Tribunales del país, que se desarrollará en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para salir en defensa de la judicatura federal, confirmaron fuentes oficiales.

Los informantes recordaron que en el encuentro que sostuvo el presidente de la SCJN con el relator especial de la ONU, cuando éste realizó su investigación el año pasado, Góngora puso especial énfasis en explicarle al funcionario de Naciones Unidas la diferencia entre el fuero federal y el fuero común, así como entre la impartición de justicia -que le corresponde a los jueces-, y la procuración de justicia -que compete a las procuradurías federal, estatales y del Distrito Federal.

A escala federal las críticas son inválidas

Por otra parte, consejeros de la Judicatura Federal consideraron que las recomendaciones del informe de Param Cumaraswamy sobre la situación del Poder Judicial en México "no tienen validez a escala federal".

La opinión de los consejeros, vertida en un documento interno del CJF, abarca aspectos como la problemática para crear nuevos órganos jurisdiccionales, los defensores públicos de oficio y el control presupuestal de los funcionarios de este poder.

En las recomendaciones emitidas por el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, el pasado lunes en Ginebra, Suiza, en el contexto de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se analizan principalmente las circunstancias que tienen que ver con la justicia federal.

Respecto de la recomendación hecha por Param Cumaraswamy de "realizar una evaluación sobre el número de juzgados que se requieren para resolver las necesidades de acceso a la justicia", los consejeros responden que precisamente el CJF realiza estudios demográficos y económicos para determinar en qué lugares del país procede instalar nuevos órganos jurisdiccionales, los cuales la mayoría de las veces se ubican en "las zonas más marginadas".

Con relación a "tener un sistema de capacitación judicial permanente y que los procedimientos de nombramientos sean transparentes". Los consejeros señalan que, desde hace varios años, la selección de magistrados, jueces, secretarios y actuarios se hace mediante concursos de oposición internos o libres -aunque la pretensión de abrir el ingreso al primer nivel de la carrera judicial, como son actuarios y secretarios, a personal que no pertenece al Poder Judicial federal, fracasó recientemente, cuando los ministros de la Suprema Corte "convencieron" al CJF de que jueces y magistrados tienen el derecho constitucional de nombrar "libremente" a su personal más cercano, es decir, actuarios y secretarios.

El escrito añade que para garantizar la formación de jueces y magistrados, el Consejo de la Judicatura Federal organiza diplomados y cursos de especialización que abren la puerta para que los egresados concursen para ser jueces o magistrados. Además de que "los resultados de estos concursos, como en todos los países, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte".

En lo que respecta a la recomendación de que "todos los magistrados y jueces declaren sus activos al CJF, al momento de ser nombrados y de manera periódica". El documento de los consejeros precisa que "esta medida ya se aplica en el fuero federal", ya que las leyes de Servidores Públicos y la Orgánica del Poder Judicial Federal establecen la obligación de los juzgadores de hacer declaraciones patrimoniales periódicas.

Esas declaraciones, que se presentan en mayo de cada año, son revisadas por la Contraloría Interna del Poder Judicial; además, cuando el funcionario concluye su cargo debe presentar una declaración patrimonial de inicio y conclusión de su actuación como servidor público.

Asimismo, el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación "que puede llevar a cabo investigaciones sobre el patrimonio de los funcionarios judiciales".

En cuanto a la recomendación de que "los procedimientos disciplinarios sean transparentes y apegados a los principios relativos a la independencia de la judicatura". Los consejeros puntualizan que la normatividad vigente establece una serie de reglas para la resolución de asuntos disciplinarios, como es el hecho de que el funcionario que es acusado conoce las acusaciones en su contra y está en posibilidad de rendir un informe de respuesta; a su vez, el CJF realiza audiencias con testigos de cargo y descargo, además de que acopia material al respecto.

Por lo que "no puede decirse que estos procedimientos no sean transparentes o que no estén apegados a los principios relativos a la independencia judicial".

En respuesta a la recomendación de "que la oficina del defensor público sea independiente del Ejecutivo, que los defensores sean remunerados, sean abogados y reciban capacitación", los consejeros cuestionan de entrada que el señalamiento no precisa si el relator de la ONU se refería al fuero común o al fuero federal. Si se refiriera al fuero federal, dicha propuesta sería "anacrónica", porque la Ley de Defensoría Pública exige que los defensores tengan el título de abogado, tres años de experiencia profesional y que presenten un concurso.