Batasuna califica la acción de "paranoia" de Aznar

Presenta la justicia española querella contra Otegi por "exaltar el terrorismo"

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 8 de abril. La fiscalía del Tribunal Supremo español presentó hoy una querella criminal por un presunto delito de "exaltación del terrorismo" contra Arnaldo Otegi, dirigente y vocero de Batasuna, considerado el brazo político de la organización armada vasca ETA y que podría ser declarada ilegal a iniciativa del Ejecutivo presidido por el conservador José María Aznar.

Los hechos se remontan a un mitin político celebrado el pasado 31 de marzo en la localidad francesa de Saint-Jean de Luz, en el que el líder nacionalista finalizó su discurso con un "šGora Euskadi ta Askatasuna!", que en euskera significa Viva el País Vasco y Libertad, que coincide con el significado del acrónimo del grupo armado. Otegi utiliza habitualmente en todos los mítines esta frase, consigna habitual en el entorno separatista radical.

La justicia española pretende procesar por "exaltación del terrorismo" a Otegi, cuyo partido se enfrenta estos días a una serie de iniciativas gubernamentales encaminadas a su disolución, como una nueva ley de partidos políticos propuesta por Aznar, creada ex profeso para su ilegalización. No es la primera vez que el líder abertzale (nacionalista) es acusado de este mismo delito, si bien en anteriores ocasiones no prosperaron los procesamientos, como cuando Otegi acudió a las ceremonias luctuosas de los miembros de ETA muertos en Bolueta en el verano de 2000, tras estallar el coche bomba en el que viajaban.

El nuevo procesamiento contra Otegi se hará en los tribunales españoles a pesar de que el supuesto delito se realizó en territorio francés, si bien el Código Penal español considera que se procese a un ciudadano nacional si este incurriera en este tipo de acciones fuera del territorio. El propio ministro de Justicia, Angel Acebes, señaló que "este señor se ha ido a territorio francés y ha vuelto a España. O lo juzgan en Francia, si Francia lo considera oportuno, o si no serán las autoridades españolas las que intentarán procesarlo".

La acción judicial deberá ser asumida por el Tribunal Supremo, al ser Otegui parlamentario del Congreso vasco, lo que le da la condición de aforado, de la cual sólo puede ser despojado por esta instancia judicial. El fiscal del Estado pide entre uno y dos años de cárcel para el líder de Batasuna, al considerar que vulneró el artículo 578 que señala que "el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

Batasuna consideró que esta nueva acción judicial contra Otegi es "un ingrediente más dentro de la paranoia" de Aznar contra la coalición, pero que la acusación "no tiene fundamento", sino que lo único que se pretende es "crear un estado de opinión determinado para la ilegalidad" de la formación separatista radical.

Antton Morcillo, parlamentario de Batasuna, calificó de "bravuconada fascista" la pretensión de Aznar y su Partido Popular y de la oposición socialista de disolver al partido: "Nos podrán quitar la voz, dejarnos fuera, pero no van a conseguir borrar la presencia de la izquierda abertzale en el tejido social de este país".

En otro asunto, el ex jefe del aparato militar de ETA, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, fue condenado este lunes por la Audiencia Nacional a 13 años de prisión por el intento de atentado contra el rey Juan Carlos, quien habría estado en la mira de un comando etarra en 1995, cuando participaba en una regata en Palma de Mallorca.

Esta es la primera condena contra Kantauri en los tribunales españoles, después de que la justicia francesa decidió entregar temporalmente al supuesto miembro de ETA. El texto de la sentencia sostiene que el detenido es "culpable de un delito contra la Corona en grado de conspiración y de otro continuado de falsificación de documento oficial al estimar probado que se concertó con otras personas, de ellas tres anteriormente condenadas, para matar alevosamente al rey de España.