Inaplazable, enérgica defensa oficial, sostiene

La resolución es esclavizante, afirma académico de la UAM

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Es inaplazable que el gobierno mexicano realice una enérgica defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, pues fueron afectados con la resolución de la Suprema Corte de ese país, la cual suprime los derechos laborales de los indocumentados, los esclaviza y ''da un paso atrás'' al sentar un precedente que los margina y los desconoce.

El especialista en derecho del trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Octavio Loyzaga de la Cueva, puntualizó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jorge G. Castañeda, ''está obligado a realizar una firme declaración sobre esta situación'', ya que es inaceptable que Estados Unidos aplique una doble política en materia de derechos humanos, cuando por un lado critica al gobierno de Cuba y por el otro permite las violaciones a las garantías de los inmigrantes que comete su sistema judicial.

La decisión de la corte de Estados Unidos contraviene todas las tesis de especialistas en materia laboral ?internacionales y nacionales?, quienes han señalado que el derecho del trabajo es una garantía del hombre donde quiera que se encuentre, sin importar raza, credo y situación social. Lo que está haciendo el sistema judicial estadunidense es discriminatorio e inaceptable, dijo.

Se violan preceptos de la ONU y la OIT

Esta resolución -agregó el especialista-, que contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la recomendación 151 emitida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cancela el derecho de los trabajadores para demandar su reinstalación laboral en caso de despido injustificado, se les imposibilita para reclamar a los patrones el pago de salarios caídos y se les niega el derecho de formar sindicatos para defender sus derechos colectivos.

Estados Unidos atenta contra los más elementales derechos humanos al dejar a los trabajadores indocumentados en la indefensión, el desamparo laboral y con lamentables condiciones de trabajo, lo cual los ubica en condiciones de virtual esclavitud; sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1948, en su artículo cuarto establece que ''nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre'', argumentó el profesor e investigador del Departamento de Derecho de la UAM.

También expuso que el artículo octavo de esta declaración otorga a toda persona el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes nacionales cuando se violen sus derechos, ya sean colectivos o individuales, y el ''numeral 23 garantiza el derecho al trabajo, a la libre elección del empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a protección contra el desempleo'', preceptos fundamentales que está desconociendo la Suprema Corte estadunidense.

Para el especialista de la Autónoma Metropolitana, lo fundamental de este caso es que contraviene en forma flagrante el artículo 30 de la Declaración Universal, que refiere: ''Nada en este documento podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración''.

Los mexicanos merecen igualdad de trato para ellos y sus familias

Incluso, la recomendación 151 de la Organización Internacional del Trabajo para trabajadores migrantes apunta en su numeral 8.3 que aquellos cuya situación no sea regular o no haya podido regularizarse deberán disfrutar de la igualdad de trato para ellos y sus familias en lo concerniente a los derechos derivados de su empleo o empleos anteriores en materia de remuneración, seguridad social y otros beneficios, como en lo referente a su sindicalización y derechos sindicales, según explicó Loyzaga.

Finalmente explicó que todas estas evidencias legales las conoce perfectamente el gobierno mexicano, por lo que no es permisible que calle ante una flagrante violación a los derechos de los connacionales indocumentados; por más que tengan este carácter, la regulación internacional los ampara, aun cuando Estados Unidos pretenda desconocerlos como sujetos del derecho, concluyó el académico.