Condiciona pacto migratorio con México: Papademetriou
Busca EU evitar el ingreso de ''indeseables'' a su territorio
Fronteras inteligentes, precio para regularizar indocumentados
BLANCHE PETRICH
En el contexto del clima posterior al 11 de septiembre, con las obsesiones de Estados Unidos por su seguridad interna, todavía es posible que México logre un ''gran acuerdo'' bilateral en materia migratoria con Washington, siempre y cuando el presidente Fox tenga ''la fuerza suficiente'' para pagar el precio: cooperar y demostrar resultados palpables en la instalación de de ''fronteras inteligentes'' y ''perímetros de seguridad'' para evitar el ingreso de ''indeseables'' a territorio estadunidense, expuso ayer el especialista Demetrios Papademetriou, director del Instituto de Políticas de Migración.
La obligación de las autoridades mexicanas para ''reducir el uso de su espacio como trampolín de entrada a Estados Unidos'' -admitió el especialista- es como jugar el papel de policía en la puerta trasera de la América de George Bush. Además, no sería la única condición, sino que estaría incluida en ''un paquete de condiciones''.
A cambio de este papel, el gobierno mexicano obtendría de Washington un programa de regularización ''por méritos'' de indocumentados residentes en Estados Unidos, con una cláusula de prioridad para mexicanos. Esta es la propuesta del instituto que dirige Papademetriou, una de las instituciones de investigación de mayor peso en materia migratoria en Estados Unidos.
Es, indicó el investigador, un paquete ''de delicado equilibrio'', que incluye concesiones ''duras de tragar'' para las dos partes, en la que ambos países tendrán que estar conscientes del clásico "no pain no gain" (sin dolor no hay ganancia). Aun con las consideraciones de seguridad posteriores al 11 de septiembre, un programa de trabajadores temporales que incluya además controlar los flujos a futuro puede resultar en una ecuación ''gana-gana'' para los dos gobiernos.
Durante su participación en el Seminario sobre Seguridad Nacional, Seguridad Fronteriza, Migración y Derechos Humanos, en El Colegio de México, el especialista dijo que ni Fox ni Bush podrían escapar del costo político que entraña la solución del problema migratorio. Aunque reconoció, como prácticamente todos los ponentes en el encuentro, que la negociación bilateral sobre la materia está en el congelador y ahí va a permanecer por un periodo que quizá sea, en opinión del estadunidense, de cinco a siete años.
Sin embargo, para Papademetriou, el presidente estadunidense sí podría descongelar el tema, aun en el marco del argumento interno de la seguridad nacional. Ese proceso tendría que pasar por reconocer que en Estados Unidos viven cerca de 9 millones de extranjeros ''no autorizados'' y que si bien la gran mayoría son individuos trabajadores que acatan la ley, ''cerca de tres por ciento quizá sean criminales; incluso dentro de este universo hay algunos que pueden procrear planes de destrucción contra Estados Unidos''.
El especialista propone como solución el llamado ''censo de indocumentados'' para saber quiénes son, dónde están y cuál es la ruta de estos ''ilegales''. Esta sería la primera fase; la segunda, que sería parte de la ''gran negociación'' con México, sería la iniciativa de regularización de indocumentados según sus méritos, con un criterio de prioridad a los mexicanos.
La otra cara de la moneda de esta propuesta es la puesta en práctica de las iniciativas de ''fronteras inteligentes'' y ''perímetros de defensa''. Admitió que ''esta cooperación va a resultar políticamente costosa al presidente Fox. Pero el pago sería el programa de regularización a indocumentados''.
Según el académico, en los altos niveles de la administración Bush se comprende la intrínseca necesidad de este toma y daca. Pero a otros niveles de la burocracia no se quiere reconocer que ''para que Estados Unidos consiga de México lo que necesita, tiene que hacer alguna concesión que cumpla con los requerimientos de los intereses mexicanos. En el Congreso, e incluso en la Casa Blanca, hay funcionarios increíblemente sordos ante esta realidad'', expuso.
En declaraciones adicionales a este diario, Papademetriou señaló que entre funcionarios estadunidenses y mexicanos ''está en curso'' la negociación sobre la cooperación mexicana en la seguridad fronteriza. Para Washington, el objetivo es comprometer a México a que comparta la responsabilidad de evitar que gente ''indeseable'' utilice a México para ingresar a Estados Unidos. Y se refiere, advierte, no sólo a presuntos terroristas, ''por cierto un término muy difuso'', sino a gente que representa ''una amenaza potencial a la seguridad interna estadunidense''. Gente, en suma, que está catalogada en lo que los servicios de inteligencia estadunidenses llaman look out list, es decir, presuntos involucrados en actividades ilegales que ''tienen impacto, o bien que el gobierno estadunidense cree que tienen impacto'' en su seguridad, en las que se incluyen comercio de drogas, tráfico organizado de indocumentados, lavado de dinero, contrabando de armas y otros. Esto implica, entre otras medidas, que Estados Unidos no sea ajeno a los controles que se ejercen, no sólo en la frontera común, sino en la frontera sur y en los aeropuertos.
Con ello, las autoridades del norte pretenden también dejar claro ante su propia opinión pública que son ellas las que tienen bajo control la decisión de quién entra y quién no a Estados Unidos, y que tiene capacidad de dejar fuera de su territorio a los ''indeseables''.
Evidencias de cooperación
El especialista se cuida de no hacer juicios a la hora de presentar un diagnóstico sobre el estado actual que guarda esa capacidad de control en las fronteras. ''No podemos exigir de México mucho más de lo que nosotros mismos podemos hacer. Tom Ridge (de la DEA) y John Ashcroft (del Consejo de Seguridad Nacional) saben bien que los mecanismos estadunidenses están lejos de la perfección. Pero lo que esperan de México no es sólo una declaración de que va a cooperar, sino son evidencias de esta cooperación.''
Como se sabe, la negociación bilateral sobre migración está en un estado de stand by. La pregunta clave, según Papademetriou, es por cuánto tiempo más va a permanecer así, si va a ser posible acordar un paquete de condiciones mutuamente aceptables en dos o tres años o si el avance del proceso va a tener que esperar entre cinco o más años.
