Jorge Anaya

Otra reforma secuestrada

En sus tiempos de delegado en Azcapotzalco, bajo la administración de Manuel Camacho Solís, David Jiménez González seguía el estilo de la época: con cualquier pretexto congregaba a las "fuerzas vivas" de la demarcación -desde escolapios de primaria y secundaria hasta miembros del Club Rotario- y les endilgaba, antes de la consabida comilona, discursos totalmente olvidables, blandiendo el índice de fuego y alzando dramáticamente la voz hasta culminar en un retintín de cuatro o cinco palabras rimbombantes que era la señal para que los corifeos comenzaran a aplaudir.

Una ojeada al extenso currículum del hoy senador por Morelos permite ver que sus máximos servicios se han dado en cargos partidistas de control político y puestos segundones de la administración pública. Las gemas de su coronita son la delegación Azcapotzalco -de la cual los chintololos tienen escasa memoria-, la alcaldía de Cuernavaca y breves periodos como procurador morelense de justicia y presidente del Tribunal Superior en su estado natal.

Este es el hombre que supuestamente tiene en jaque a la ciudadanía capitalina al mantener congelada sin justificación, y pese a una excitativa sin precedente del pleno de la Cámara de Senadores, la reforma política del Distrito Federal, consensuada y aprobada por todas las fracciones partidistas de la Asamblea Legislativa.

El contraste entre las medias tintas del presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado -evidentes en sus nerviosas respuestas a la prensa cuando se le inquieren las razones de su cerrazón- y la trascendental reforma legislativa que pretende bloquear induce a creer que detrás de la maniobra dilatoria hay más que la tozudez de un gris miembro del tricolor. Se habla de una venganza de Roberto Madrazo contra Andrés Manuel López Obrador. No sería, por cierto, una jugarreta ajena a las mañas del hoy presidente nacional del PRI. Sin embargo, esta versión no toma en cuenta los intereses de quienes hoy por hoy tienen la sartén por el mango en el país.

Al recibirse la iniciativa de la ALDF, David Gutiérrez, en su papel de cabeza visible, presentó un perverso proyecto de ley con la pretensión de que se discuta a la par de aquélla. En él se precisan las "causas graves" por las cuales puede ser removido de su cargo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre las cuales están "invadir la esfera de competencia de los Poderes de la Unión; abstenerse de ejecutar o contravenir actos legislativos, jurisdiccionales y administrativos que dicten dichos Poderes; utilizar la fuerza pública fuera de las facultades que le corresponden; violaciones a los planes, programas o presupuestos de la administración pública federal, y a las leyes o programas en materia económica y "aquellas que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público" (subrayados míos).

Se trata, pues, de limitar las facultades del gobierno capitalino para reducirlo prácticamente a los niveles de la regencia, sin capacidad real de buscar un proyecto de gobierno propio, al margen de los dictados de la autoridad federal.

La ciudadanía capitalina ha sido el dique más fuerte al proyecto neoliberal y entreguista que ha caracterizado a los más recientes gobiernos federales, y sigue siéndolo hoy pese a los bandazos de López Obrador y al lamentable espectáculo de las elecciones perredistas. El apoyo al panismo está muy focalizado, y el propio priísmo capitalino reconoce encontrarse hoy casi a la par de los verdes -es decir, prácticamente en el lumpen- en cuanto a simpatías entre el electorado, aunque conserve buena parte de su estructura clientelar.

Para quienes tienen las riendas del poder -los "mexicanos modernos", como dijo recientemente Santiago Creel, quien por cierto también tiene su cuenta pendiente con el jefe de Gobierno- no es conveniente que los capitalinos tengamos más que una autonomía acotada, como la que se endilgó el año pasado a los pueblos indios. Así, mientras Creel expresa de palabra su "apoyo" a la reforma del Distrito Federal, en los pasillos del Senado, con el aval de las autoridades federales y de los intereses por ellas representados, maniobra contra ella probablemente el mismo triunvirato -tres partidos distintos y un solo credo verdadero- de operadores que pergeñó lo que hoy se hace pasar como ley de derechos y cultura indígenas.

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