Denuncia el Colegio de Ingenieros Topógrafos ante la PGR
Adjudicó el alcalde de Acapulco obra social a una empresa de su propiedad
MISAEL HABANA CORRESPONSAL
Acapulco, Gro., 5 de abril. El alcalde de Acapulco, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, y los titulares de Desarrollo Urbano y Obra Pública, municipal y estatal, Guillermo Torres Madrid y Juan Farill Herrera, respectivamente, enfrentan desde hoy una demanda penal presuntamente por haber adjudicado la obra social del ayuntamiento a una empresa de su propiedad, sin licitación pública ni concurso.
La querella la interpuso ante la delegación de la Procuraduría General de la República el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos del estado, Carlos Bernal Cotino, quien explicó que los funcionarios conformaron en 1989 la empresa Taller de Arquitectos y Urbanistas y que en el desempeño de sus cargos otorgan indebidamente contratos de obra social a esa empresa, de la cual todos son socios, según escritura notarial número 11520.
En el juzgado segundo del Ministerio Público Federal, Bernal Cotino aseguró que los funcionarios se han adjudicado la construcción, entre otras obras, del rastro municipal y el relleno sanitario, además de la remodelación de Sinfonía del Mar, en La Quebrada. Solamente estas tres obras ascienden a más de 25 millones de pesos, dijo.
Sostuvo que con fundamento en artículos del Código Penal Federal, se inició la averiguación previa 118/AZ/02 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y lo que resulte, contra Torreblanca Galindo -quien llegó a la presidencia municipal con el apoyo del PRD-, Torres Madrid y Farill Herrera.
Esta denuncia, añadió, se hizo primero ante el cabildo pero los regidores hicieron caso omiso, argumentando que se trataba de una denuncia informal y que esta no podía proceder. "Esperamos que esta vez investiguen la adjudicación de la obra pública".
Dijo sospechar que los funcionarios se han enriquecido también con recursos federales para obra social y que ello ha violentado la normatividad de la Secretaría de Desarrollo Social. "Son juez y parte", expresó.
A las 11 horas -una antes de que Bernal Cotino presentara la denuncia-, el apoderado legal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Guerrero, Moisés Avila Román, denunció ante el Ministerio Público del fuero común al presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos por el delito de chantaje, difamación, calumnia y falsedad de declaraciones, en agravio del titular de la dependencia, Juan Farill Herrera.