Carlos Marichal
El FMI no llora por Argentina
A pesar de una serie de declaraciones relativamente optimistas efectuadas en estos días por autoridades políticas argentinas, resulta cada vez más evidente que la situación económica está lejos de mejorar. El desempleo en el país sudamericano está aumentando a pasos agigantados, lo que ha forzado al presidente Duhalde a anunciar un programa de subsidios para los jefes de familia más pobres. La inversión y el crédito bancario están paralizados, el consumo ha disminuido y el gobierno está en cesación de pagos sobre su deuda. A ello se agregan los problemas que comienzan a afectar seriamente al conjunto de las empresas privadas. La semana pasada acaban de declarar suspensión de pagos (sobre sus deudas en dólares) tres de las mayores empresas del país, la compañía Telecom (de capitales franceses e italianos), la firma siderúrgica Acindar, y la empresa Metrogas.
Esta crisis que amenaza con convertirse en una implosión prolongada fue provocada en buena medida por la decisión en diciembre pasado del Fondo Monetario Internacional (FMI) de no proporcionar nuevos tramos del préstamo rescate que había comenzado a desembolsar a principios del año pasado. Durante el año de 2001, las presiones del FMI para llevar a cabo reformas fiscales provocaron la caída de dos ministros de economía hasta que asumió el timón el señor Domingo Cavallo, quien intentó calmar los mercados con una gigantesca y carísima conversión de la deuda externa. Sin embargo, el problema de fondo era que Argentina no tenía suficientes recursos con los cuales pagar los intereses sobre los cerca de 140 mil millones de dólares en deuda del sector público y privado.
Hoy en día, sigue siendo evidente que el gobierno argentino no cuenta con los recursos para reiniciar pagos. No obstante, las autoridades del FMI están exigiendo un paquete de medidas imposible de implementar en medio de la crisis. Exigen que la administración de Duhalde logre un equilibrio fiscal, retire todos los bonos provinciales de emergencia en circulación, reprima la inflación, proponga un plan efectivo de relanzamiento de la economía y, por si fuera poco, encuentre los recursos para comenzar a pagar sus deudas externas. La dama de hierro del FMI, Anne Krueger, subdirectora e ideóloga del poderoso instituto, ha vuelto a repetir su mantra: "Argentina ya sabe lo que tiene que hacer... La pregunta es si quiere hacerlo y cuándo."
La presión del FMI está intensificándose ya que en estos días una misión especial ha llegado a Argentina para revisar cuentas y, más concretamente, para tratar de forzar a los gobiernos provinciales a aceptar fuertes recortes en sus gastos. Los cuatro miembros de la misión, encabezada por el economista Anoop Singh, han solicitado reuniones escalonadas con los ministros provinciales de Argentina para presentar sus demandas de reformas fiscales. Este hecho ha sido calificado por el periódico Página 12 de Buenos Aires de insólito ya que demuestra el grado de subordinación del Poder Ejecutivo argentino a las presiones del instituto bancario de Washington. En el pasado las reuniones de los enviados del FMI se hacían con autoridades del gobierno nacional. Ahora se considera que su presión política y financiera también debe alcanzar directamente a las instancias gubernamentales locales.
La administración de George Bush avala estas estrategias como lo demuestran las declaraciones hechas esta semana por el subsecretario del Tesoro, John Taylor, quien ha afirmado que las provincias argentinas tienen que aplicar el plan de ajuste. Es evidente que el señor Taylor no conoce la situación social y económica real de las provincias argentinas que cuentan con recursos cada vez más escasos. En las provincias más pobres, las protestas han sido constantes a lo largo de los últimos años de recesión por los despidos repetidos de empleados públicos y por la reducción en salarios. Y en la provincia más rica, Buenos Aires, el problema de pobreza es agobiante, con literalmente millones de desempleados. Sin embargo, el dúo de Taylor y Krueger (ambos economistas puros y duros de Stanford) están empeñados en que la sociedad y la economía argentina reciban un castigo ejemplar por una serie de gruesos errores financieros de la administración de Carlos Menem en el decenio de 1990, que fueron avalados entonces por el propio FMI.
Lo paradójico de la situación es que al prolongar el sufrimiento, el FMI corre con el riesgo de hundir al conjunto del sector privado argentino que difícilmente aguantará la parálisis financiera indefinidamente. Convertir la disciplina fiscal en una religión puede tener sus méritos pero en situaciones de crisis también puede provocar una depresión económica sin retorno. Las autoridades del FMI y del gobierno estadunidense están echando leña al fuego sudamericano en vez de agua. En este sentido, se observa que actualmente Washington se inclina por soluciones extremistas a escala mundial tanto en la esfera económica como en la militar. Las consecuencias están a la vista.
