MEXICO S.A.
Carlos Fernández-Vega
ANTES DE INICIAR la cumbre de Monterrey, el presidente Fox presumía que en ese escenario se reuniría de nueva cuenta con su homólogo estadunidense, con el fin de hacer un corte de caja sobre las relaciones bilaterales y plantear soluciones a problemas inmediatos, entre ellos -de manera destacada- la migración de mexicanos indocumentados.
PARECE QUE EL resultado de dicho encuentro, el séptimo en el transcurso de la administración del cambio, no fue del todo favorable para México, toda vez que uno de los temas más candentes de ese corte de caja, el de los indocumentados, fue relegado a último plano por el gobierno estadunidense, si no es que condenado al bote de la basura. A pesar de ello, el inquilino de Los Pinos no deja de ser optimista y se mostró esperanzado en que la respuesta estadunidense sobre el particular sería expedita. Y lo fue.
POCO MENOS DE una semana después del encuentro en Monterrey, la respuesta llegó, no directamente de George W. Bush, pero sí de la Suprema Corte de Estados Unidos, instancia que dictaminó que en ese país de inmigrantes "los trabajadores indocumentados no tienen el derecho de libre asociación en sindicatos ni protección contra empresarios que violan sus garantías laborales... El fallo sienta el precedente de que si una empresa cesa a un trabajador por actividades sindicales o para resguardar sus intereses patronales, éste no goza de la protección legal establecida por las leyes en la materia a causa de su condición migratoria ilegal... Con ello, todos los trabajadores indocumentados en campos, fábricas, restaurantes y hoteles de este país no cuentan desde ahora con el derecho de demandar salarios caídos ni otra restitución de empresas que violan la ley al cesarlos o castigarlos por ejercer sus derechos básicos" (La Jornada, David Brooks y Jim Cason).
COMO EL GOBIERNO mexicano ha decidido, estratégicamente, "no regatearle nada" a su querido vecino del norte, tendrá que apechugar y aceptar dicha respuesta, convirtiéndose en víctima de sus propios excesos. Para nadie es desconocido que desde su llegada al poder, el primero de diciembre de 2000, el gobierno del cambio ha cedido en prácticamente todo ante Estados Unidos, con la esperanza -es de suponerse- de recibir algo a cambio. Hasta ahora, sin embargo, no se ve claro.
CON LA DIPLOMATICA y amistosa decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos se aleja aún más la posibilidad de que el inquilino de Los Pinos concrete uno de sus grandes proyectos: un acuerdo migratorio amplio, benéfico, seguro y duradero para los trabajadores mexicanos que van a buscar la vida en los centros laborales del vecino del norte. Se aleja, sin duda, pero Ƒde qué se puede quejar el gobierno del cambio si su decisión ha sido no regatearles nada?
CON TAL DE AGRADAR a su contraparte, el presidente Fox jugó sus cartas antes de tiempo, antes del corte de caja, toda vez que en febrero se comprometió, sin regateos, a controlar la migración indocumentada mexicana hacia el vecino del norte y, de paso, contener el creciente flujo de mano de obra centroamericana con los ojos fijos en el país de las barras y las estrellas. Entonces, si el propio inquilino de Los Pinos ofreció a sus vecinos del norte endurecer el control sobre los migrantes indocumentados, Ƒahora qué puede reclamar?
LA RESPUESTA estadunidense, sin embargo, no se ha limitado al dictamen de la Suprema Corte. De acuerdo con información del Consejo Nacional de la Raza, la coalición de hispanoparlantes más numerosa en el vecino país del norte, la administración Bush -tal vez influida por el gobierno del cambio- se ha dedicado a recortar programas de inversión y partidas presupuestales que benefician a dicha comunidad, misma que reporta la segunda tasa de desempleo más elevada -8.1 por ciento en enero de 2002, sólo superada por la población afroamericana- desde los atentados del pasado 11 de septiembre.
LA VERGONZOSA respuesta amiga ya se dio, pero -como tantas otras iniciativas y programas de esta naturaleza puestos en marcha por el gobierno estadunidense- difícilmente evitará que la creciente corriente de mano de obra indocumentada, siempre creativa, entre a su territorio. Ahora falta -si se anima- la respuesta del gobierno mexicano, porque los migrantes mexicanos deciden por sí mismos.
EN ESTE CONTEXTO, vale la pena destacar un reciente estudio del Centro Hispano Pew, difundido por Notimex, que señala que el número de indocumentados en Estados Unidos oscilaría entre 8 y 10 millones, la mayoría de ellos de origen mexicano. Por su número y trabajo este tipo de mano de obra representa una importante porción de la población económicamente activa en el vecino país del norte: son indocumentados más de la mitad de los trabajadores agrícolas, una de cada cuatro empleadas domésticas y, según la industria de que se trate, uno de cada 10 obreros de la construcción y de las empresas manufactureras.
EL ESTUDIO, ELABORADO por Lindsay Lowell y Roberto Suro, investigadores de la Universidad de California, señala que la política de operaciones de control fronterizo a la migración indocumentada no funciona. La alternativa es legalizar y organizar el flujo de trabajadores indocumentados, y satisfacer la demanda de fuerza laboral en Estados Unidos. De no ser así, el único camino es aumentar los controles para confrontar el flujo de migrantes, con los resultados ya conocidos.
DE ACUERDO CON el estudio, el debate sobre el manejo de la frontera y la demanda estadunidense de trabajadores extranjeros no son temas nuevos y las actuales discusiones no parecen dirigirse a resolver el problema. Si al número total de personas que contabilizó el censo estadunidense de 2000 se le restan los ciudadanos estadunidenses y los residentes legales, la diferencia -más de 8 millones y medio de personas- correspondería a indocumentados. Dicho censo, el primero en incluir un cuestionamiento sobre el grupo al que pertenecen las personas, encontró que unos 4 millones de inmigrantes sería de origen mexicano.
EN OTRO MÉTODO de análisis, el estudio señaló que la población indocumentada aumenta en términos generales en 250 mil personas en promedio anual. Con base en ese sistema, que considera cifras oficiales y extraoficiales, se calcula que en el país habría hasta 9 millones 900 mil indocumentados, de los que aproximadamente 5 millones 800 mil personas serían de origen mexicano. Los centroamericanos, de acuerdo con cualquiera de los métodos de medición, sumarían entre un millón y medio y un millón 900 mil personas, y de ellos la mayoría serían salvadoreños.
Las rebanadas del pastel:
AUNQUE PAREZCA MENTIRA, México S. A. cumple su primer año en las páginas de La Jornada... Se aceptan condolencias.
[email protected] / Fax: 55 45 12 53
