Debe acatar una sentencia promovida por seis bancos nacionales y extranjeros

Tribasa declara suspensión de pagos

Quedan exceptuadas obligaciones indispensables para la operación ordinaria del grupo

Se designarán conciliadores para reconocer y determinar los montos adeudados a acreedores

VICTOR CARDOSO Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

El segundo consorcio constructor y concesionario de servicios públicos del país, Triturados Basálticos y Derivados (Tribasa), comenzó un proceso de suspensión de pagos que, jurídicamente, constituye el antecedente de una posible declaración de quiebra.

De acuerdo con informes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Grupo Tribasa fue notificado el 26 de marzo sobre una sentencia de concurso mercantil promovida por seis instituciones bancarias del país y extranjeras, en la que se le ordena ''suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha de notificación de la sentencia''.

La sentencia de concurso mercantil informada al mercado de valores obliga a Tribasa a suspender el abono de sus adeudos, ''a excepción de los pagos indispensables para la operación ordinaria, previa autorización del órgano jurisdiccional; así como el pago de las obligaciones ordinarias, el pago de contribuciones fiscales o de seguridad social, respecto de los cuales deberán ser informados al juzgado dentro de las 24 horas siguientes a su realización''.

Tribasa, del empresario David Peñaloza Sandoval, que llegó a constituirse como la segunda constructora más grande del país, concesionaria de carreteras, puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas de agua potable, entre otros negocios, como la construcción de infraestructura petrolera, de electricidad y gas, fue notificada de la sentencia de concurso mercantil promovida por Banco del Atlántico, Grupo Financiero GBM-Atlántico, Bank of America, National Association, BBVA Bancomer y el Grupo Financiero BBVA Bancomer, para suspender los pagos a sus acreedores en tanto se determinan los montos que correspondan a cada uno de ellos.

Para esto, el juez que falló la sentencia con base en la Ley de Concursos Mercantiles determinó un plazo de 185 días para que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles ''designe sendos conciliadores para iniciar el procedimiento de reconocimiento y determinación de créditos''.

Gigante con pies de barro

Desde diciembre de 1988, cuando inició el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Tribasa registró un inusitado despegue en la industria de la construcción, al pasar de realizar pequeñas obras de infraestructura y fabricar tubos para drenaje, hasta convertirse en la segunda constructora del país.

En el centro de la polémica, Tribasa y su accionista mayoritario, David Peñaloza, fueron mencionados desde ese año como algunos de los ''consentidos del régimen priísta'' en turno. De entrada participaron en el Programa de Autopistas Concesionadas impulsado por Salinas de Gortari, con concesiones como las carreteras México-Toluca (considerada como la más cara del mundo), la Toluca-Ixtapan de la Sal, la Texcoco-Pirámides y la Autopista del Sol, de la cual se convirtió en un subconcesionario de la tercera parte.

Su inusitado crecimiento llegó a ser tal que participó en concursos internacionales para construir carreteras en Chile, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Argentina. Incluso, llegó a contratar en su cuadro directivo a figuras como el ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo, José Andrés de Oteyza.

Supuestamente impulsada por el favor del gobierno federal mexicano, obtuvo importantes contratos como la reconversión de las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cadereyta, en asociación con inversionistas coreanos.

Tribasa también fue beneficiaria, junto con Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), del rescate carretero de 1997 que costó al erario nacional alrededor de 17 mil millones de pesos.

En pleno auge de su éxito como negocio, Tribasa llegó a conformar asociaciones con la gigantesca Enron, diversificó su ámbito de negocios hacia los ferrocarriles y los aeropuertos mexicanos, que fueron privatizados durante el régimen de Ernesto Zedillo.

También expandió sus operaciones internacionales. El caso de Chile fue sintomático: primero, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le embargó la autopista Santiago-Los Silos, en ese país, por un adeudo cercano a 420 millones de dólares.

Los problemas económicos de la constructora llegaron a ser de tal magnitud que se vio orillada a diseñar un programa de restructuración financiera y administrativa para capitalizarla a través de reducción de pasivos y la redocumentación de deuda de corto y mediano plazos; la venta de activos y algunos negocios no estratégicos del consorcio.

En este contexto, en junio de 1999 Tribasa alcanzó un acuerdo con Enron Engineering and Construction Company por el cual se abría la opción a la empresa estadunidense de recibir más de 72 millones de acciones comunes de la constructora como pago a un préstamo de 28 millones de dólares, y en forma adicional se le otorgaba el derecho a participar ''en proyectos de ingeniería, procura y construcción'' en América Latina.

Un mes después, el 20 de julio de 1999, Tribasa anunció oficialmente, derivado de sus problemas económicos, la venta de su participación accionaria en Ferrosur, una de las tres ferroviarias troncales del país y operadora del Ferrocarril del Sureste, en 330 millones de dólares, al empresario Carlos Slim Helú, por medio de la filial de Grupo Carso, empresas Grupo Frisco.