Silvia Gómez Tagle
Ciudadanos sin derechos
Parece una contradicción, pero los mexicanos que emigran a Estados Unidos son ciudadanos con obligaciones, pero sin derechos en ambos países. Los trabajadores que cruzan la frontera ilegalmente no lo hacen por placer o porque pretendan obtener jugosas ganancias en aquel país, sino porque el de origen es incapaz de proporcionarles una oportunidad decorosa para ganarse la vida y, por supuesto, tampoco les da un seguro de desempleo ni servicio médico ni garantiza su acceso al sistema educativo ni les proporciona vivienda; y como si eso no fuera poco, al salir se les priva de sus derechos políticos.
Por su parte, el país que se beneficia de su fuerza de trabajo los condena a una situación de "trabajadores ilegales" colocándolos al margen inclusive de los derechos humanos más elementales como son el de organización laboral y el derecho a la indemnización por despido injustificado, según confirma la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Son innumerables los mexicanos que han perdido la vida al intentar cruzar la frontera debido a la persecución de que son objeto, y que los obliga a tomar rutas de alto riesgo, o que han sido vejados o extorsionados por las fuerzas de seguridad estadunidenses.
En virtud de todas estas circunstancias la fuerza de trabajo mexicana resulta extremadamente barata para los empresarios estadunidenses, porque allá, como aquí, carecen de seguro de desempleo, de servicio médico, de acceso al sistema educativo, de vivienda y, desde luego, de derechos políticos. La migración a Estados Unidos también reporta enormes beneficios económicos para México, ya que no sólo alivia las condiciones de extrema pobreza y desempleo que prevalecen en el agro, sino que significa una forma muy importante de captar divisas. Según el Banco de México en 1998 éstas alcanzaron cerca de 40 por ciento del valor de las exportaciones petroleras.
Pero como los mexicanos en el extranjero no tienen derecho a votar, carecen de importancia cuando se diseñan las estrategias políticas. Por eso ahora el presidente George W. Bush ha decidido que no es oportuno tratar este tema en virtud de que se avecinan las elecciones legislativas en Estados Unidos, pues según sus cálculos, el tema de la amnistía para los 3 millones de mexicanos ilegales podría restarle simpatías al Partido Republicano. De ahí que los solemnes pronunciamientos que hicieron Bush y Fox en la cumbre de Monterrey sirvieran solamente para que México se comprometiera con la propuesta estadunidense: "mayor seguridad fronteriza".
Y es que para Vicente Fox los indocumentados mexicanos tampoco son un tema políticamente prioritario, ni siquiera pensando en las elecciones legislativas de 2003. En cambio, si esos millones de mexicanos que se encuentran trabajando en Estados Unidos votaran, tanto a Fox como a los partidos políticos mexicanos les interesaría de manera especial el tema de sus derechos en aquel país, así como el de las condiciones en que po-drían regresar temporal o definitivamente a México.
El voto les fue negado a los mexicanos en el extranjero hasta la reforma política de 1996, cuando finalmente quedó contemplado en la Constitución, pero no se ha puesto en práctica, por lo tanto es un derecho "suspendido" arbitrariamente.
Los argumentos en contra han sido bastante mezquinos; por un lado, se aduce que el costo del proceso electoral se elevaría en exceso, como si fuera demasiado costoso ofrecer a nuestros compatriotas -exiliados por la pobreza-, cuando menos el derecho a votar, ya que no se les otorga ninguna otra prestación social que debería proporcionar un Estado democrático. Y por el otro, se teme la influencia de intereses políticos estadunidenses en las preferencias electorales de los votantes, cuando en realidad han sido los dirigentes políticos mexicanos del más alto nivel quienes han comprometido la soberanía nacional al plegarse a los intereses estadunidenses, como acaba de hacer Fox en Monterrey.
Un estudio realizado por el IFE en 1999 ofreció varias alternativas y demostró que sí es posible ofrecer a los mexicanos en el extranjero la oportunidad de votar. Además, habría que considerar el interés que esto despertaría en todos los emigrantes mexicanos, ya que los dotaría de armas políticas para modificar tanto las condiciones que provocaron su salida de México, como la negociación de su situación en aquel país.
Por ello en la agenda de la reforma política que empiezan a discutir el PAN, el PRI y el PRD en el Senado es necesario considerar el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, y específicamente su derecho al voto.
El concepto de ciudadano supone la noción de pertenencia a una nación con derechos y obligaciones; entonces cabe preguntar: Ƒqué son los mexicanos que emigran a trabajar al extranjero cuando solamente tienen obligaciones?
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