Califican como preocupante el caso Vélez Mendoza

Demandan ONG al gobierno una investigación expedita sobre tortura

KARINA AVILES

Catorce organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos instaron al gobierno mexicano a realizar una investigación ''expedita e imparcial, basada en los estándares internacionales'', para dictaminar casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como efectuar acciones ''efectivas para evitar el uso indebido de la fuerza y las violaciones a las garantías individuales cometidas por las autoridades encargadas de la procuración de justicia'' en el país.

Al expresar su ''consternación'' por la actuación de las autoridades en el caso del presunto secuestrador Guillermo Vélez Mendoza, quien de acuerdo con la Procuraduría capitalina falleció por tortura, consideraron que para la construcción de un estado de derecho democrático es fundamental que las fuerzas de seguridad pública respeten las garantías de todas las personas, independientemente de que éstas sean presuntas responsables de la comisión de un delito.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Amnistía Internacional, sección México; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Centro de Derechos Humanos ''Miguel Agustín Pro Juárez''.

Dichas organizaciones no gubernamentales calificaron como preocupante el que los actos cometidos por las fuerzas de seguridad pública en contra de Vélez Mendoza, no se hayan asumido por las autoridades del sistema de procuración de justicia como violaciones a los derechos humanos y que los tratos de los que fue objeto la víctima no hayan sido calificados como actos de tortura y por tanto sancionados en ese sentido.

''La tortura y la ejecución arbitraria de la que fue víctima el señor Guillermo Vélez Mendoza ponen de manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que siguen cometiendo las fuerzas de seguridad pública, así como la reticencia de las autoridades del sistema de procuración y administración de justicia por reconocer estas acciones como violaciones a los derechos humanos'', señalaron.

Manifestaron que los instrumentos y organismos internacionales en la materia señalan que toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a gozar de garantías de seguridad que le permitan resguardar su vida e integridad personal. Asimismo, se manifestaron por el establecimiento de una vía que erradique la impunidad y la corrupción y de esta manera se contribuya al mantenimiento del estado de derecho.