Los propios cuerpos policiacos y defensores de migrantes se oponen a esa medida

Busca EU que policías locales cooperen con el SIN

El Departamento de Justicia pretende revertir la ley que prohíbe actuar en esa materia

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 4 de abril. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pretende revertir la política que actualmente prohíbe que policías y agencias de seguridad pública locales trabajen conjuntamente con el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y apliquen leyes migratorias, pero la propuesta ha provocado protestas y oposición de la propia policía y de defensores de inmigrantes en todo el país.

El diario San Diego Tribune informó que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha redactado una opinión legal, según la cual las policías estatales y municipales cuentan con la "autoridad inherente" para hacer cumplir las leyes migratorias federales.

Esta opinión aún no ha sido publicada oficialmente, y funcionarios del Departamento de Justicia insisten en que todavía se está evaluando. No obstante, los mismos funcionarios argumentan que existe una necesidad urgente para cambiar la política sobre este asunto.

"Con más de 7 millones de indocumentados en Estados Unidos y sólo 2 mil agentes del SIN para manejar la aplicación de la ley internamente, el Departamento de Justicia está explorando varias opciones para aplicar las leyes migratorias", declaró un abogado del Departamento de Justicia a The Wall Street Journal.

Pero gobiernos municipales en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Angeles y San Francisco han promulgado leyes que prohíben la cooperación de su policía con las autoridades migratorias, como resultado de cabildeo de grupos de defensa de migrantes, y en parte porque la policía local desea establecer una relación cooperativa con comunidades inmigrantes.

Varios departamentos de policía insisten en que necesitan una relación de confianza mutua con inmigrantes, en particular con los indocumentados, para poder realizar investigaciones sobre crímenes. Si la policía es percibida como agente de la migra, sostienen, nunca podrá pedir la cooperación de los inmigrantes.

Un vocero del departamento de policía de Chicago calificó los cambios propuestos como "dinamita política". En entrevista con The Washington Post, el oficial comentó: "Tenemos una orden ejecutiva de la oficina del alcalde, donde (se ordena que) no participemos en nada que tenga que ver con inmigración. Cuando detenemos a alguien, nunca le preguntamos su calidad migratoria".

Un vocero de la asociación de policía de Dallas agregó, en entrevista con el Dallas Morning News, que no apoyan estas medidas. "El peso sobre la policía local ya de por sí es enorme, y pedirnos que arrestemos y detengamos a inmigrantes es algo que necesita abordar el gobierno federal al dar más fondos al SIN y contratar a más personal".

Sin embargo, el Departamento de Justicia insiste en que después de los ataques del 11 de septiembre, varios departamentos de policía locales han solicitado mayor autoridad para enfocarse en inmigrantes indocumentados en este país.

Ya existen dos proyectos piloto por medio de los cuales la policía local está cooperando con agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización, uno en Florida y otro en Carolina del Sur, informó un funcionario aquí. No obstante, este tipo de propuestas ha generado una amplia oposición de grupos como el Consejo Nacional de la Raza, el Comité de Amigos y el Foro Nacional sobre Inmigración.

"Las comunidades inmigrantes frecuentemente temen a la seguridad pública con base en sus experiencias en sus países de origen, y en muchas comunidades aquí la policía dedica tiempo y una energía tremenda para construir la confianza con estas comunidades", dijo Fran Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional sobre Inmigración. "Cuando amplios segmentos de la comunidad temen presentarse, reportar crímenes y declarar en casos criminales, la policía tiene más dificultades para aplicar la ley", señaló.

Este tipo de propuestas, agregó, también pueden resultar en arrestos falsos y la detención de gente que "parece" o "suena" como "extranjera", pero que en realidad son ciudadanos y están legalmente en este país.