CDHDF, SSP y PGJDF, contra reforma a la ley de armas
Inaceptable, dejar en manos de los ciudadanos la seguridad pública
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, y la Procuraduría General de Justicia capitalina, Bernardo Bátiz, se expresaron en contra de que se reforme la Ley Federal de Armas para otorgar facilidades a los ciudadanos para poseer armas de fuego.
Ebrard Casaubón consideró que ello sería equiparable a que el Estado aceptara que no puede con el problema de la inseguridad pública "y que cada quien se las arregle como pueda".
Aun cuando dijo que sería aventurado emitir una posición sobre dicha propuesta mientras no se elabore el dictamen correspondiente y recordó que la Constitución garantiza el derecho a la legítima autodefensa, sugirió a los diputados tener mucho cuidado en ese tema.
Por su parte, el ombudsman capitalino advirtió que "la seguridad de los ciudadanos es una cuestión de carácter público y corresponde al Estado garantizarla. Con una acción como la que analiza la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se desea que la responsabilidad de la seguridad pública recaiga en los particulares, sin considerar las lamentables consecuencias que la proliferación de armas ha tenido en nuestro país y, de manera mucho más contundente, en las sociedades donde el acceso a las armas es más amplio".
Señaló que la misma propuesta es contradictoria, pues la citada ley "convoca a establecer políticas educativas tendientes a reducir la posesión, portación y el uso de armas de cualquier tipo", así como la normatividad internacional respecto a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer valer la ley.
"Quienes muestran simpatía por este planteamiento no han tomado en cuenta las repercusiones de grave violencia que generaría dentro y fuera de los hogares", expuso. Finalmente, Alvarez Icaza refirió que en los países en los que se ha facilitado el uso de armas se han producido situaciones en que las mismas autoridades han sido rebasadas.
Mientras tanto, el procurador Bernardo Bátiz sostuvo que facilitar la posesión de armas a la gente acarrearía más males que beneficios; muchos problemas, si hay armas en casa, fácilmente se puede pretender solucionar con violencia y luego, "cuando se enfrenta con armas a los delincuentes, que sí están habituados a emplearlas, el equilibrio de fuerzas se desvanece y el ciudadano queda en desventaja".
Consideró que la solución al problema de la inseguridad está en medidas como la instalación de alarmas vecinales, y en que los ciudadanos se apoyen en los mecanismos establecidos por las dependencias encargadas de la seguridad, como la SSP y la PGJDF, que tienen a su disposición los teléfonos de emergencia 060 y 061, respectivamente.