MEXICO, SA
Carlos Fernández-Vega
DE TIEMPO ATRAS distintas voces han planteado la posibilidad de crear una "comisión de la verdad" para delitos financieros cometidos en el país, misma que investigaría y documentaría -para su eventual castigo por parte de la autoridad competente- no sólo los ya tradicionales ilícitos de cuello blanco, sino el tráfico y usufructo de información privilegiada, la laxitud legal en esta actividad y el uso de recursos públicos para fines privados, entre otras muchas líneas a seguir.
UNA NEGATIVA EN este sentido no podría sustentarse, porque materia de trabajo hay y en abundancia, independientemente de que la claridad y la transparencia en este renglón son de interés público. Dicha "comisión" tendría suficiente tela de donde cortar desde agosto de 1976, cuando en pleno ocaso -en todos los sentidos- del echeverrismo se registra, luego de casi cinco lustros consecutivos de estabilidad cambiaria, la primera devaluación del peso frente al dólar. ƑCuántas fortunas no salieron de o se fortalecieron con esa macro depreciación de nuestra moneda? La anterior no fue la única. Sólo hay que recordar las que en su momento practicaron José López Portillo, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo -con la decidida participación de Carlos Salinas de Gortari- y que fueron notificadas previamente a los amigos de los amigos para que actuaran en consecuencia.
DE AHI PARA ADELANTE, lo que se ofrezca, hasta donde la memoria funcione: la "devolución" a los ex banqueros de las empresas industriales asociadas a la banca privada, expropiada el primero de septiembre de 1982; la creación del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, el Ficorca -dirigido por Ernesto Zedillo, entonces fiel discípulo del Banco de México- y el uso multimillonario de recursos públicos para subsidiar a la gran empresa privada; los distintos regalos que hiciera el gobierno de la "renovación moral" a esos mismos barones del dinero: desde 34 por ciento del capital bancario por medio de los certificados de aportación patrimonial (CAPs) -oda a la especulación- y la venta masiva de paraestatales, hasta la creación de una banca paralela -las casas de bolsa y el mercado bursátil-, la promoción y fortalecimiento de la nomenklatura financiero-especulativa y la exoneración de todos ellos de la comisión de ilícitos durante el crac bursátil de 1987.
LA "COMISION DE la verdad" ampliaría su investigación a los tiempos de la modernidad y el Primer Mundo, en el sexenio de la solidaridad. Podría dirigir sus esfuerzos a la segunda etapa privatizadora, con la asignación de consorcios industriales del Estado a los amigos de los amigos, entre los que destacaron los financieros privados de campañas políticas de tres colores. También a la reprivatización de las 18 instituciones bancarias resultantes de la expropiación de 1982 y su venta, en la mayoría de los casos, a distinguidos miembros de esa nomenklatura financiero-especulativa procurada y fortalecida por el mandatario anterior, con lo que el gobierno violó su propio reglamento y normatividad, sin olvidar las concesiones carreteras cuyo costo sigue pagando el erario y, por ende, todos los mexicanos.
UNA TERCERA LINEA de investigación podrían ser los Bonos de la Tesorería de la Federación, los famosos y costosísimos Tesobonos, que diligentemente acapararon -inteligente decisión a todas luces producto de un pitazo de las altas esferas de gobierno- los integrantes de la citada nomenklatura semanas antes de la macro devaluación de diciembre de 1994, filtración que a las arcas nacionales le costó alrededor de 30 mil millones de dólares sólo en 1995, ya en tiempos del bienestar para la familia.
NO HABRIA QUE dejar afuera de la eventual investigación a la administración de Ernesto Zedillo y sus múltiples rescates al capital privado: el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, el mismísimo Fobaproa y sus cerca de 100 mil millones de dólares que no hay para cuando terminar de pagar, a pesar de que la banca que opera en México es mayoritariamente de capital extranjero; el carretero y sus 13 mil millones de dólares, cuando originalmente se habló de alrededor de 2 mil 500 millones; el azucarero y sus 3 mil millones de dólares, que terminó en expropiación ya en los tiempos del cambio.
DE HECHO, MUCHOS de los integrantes de la nomenklatura financiero-especulativa se beneficiaron a tres bancas de los recursos públicos involucrados en los "salvamentos" referidos, toda vez que eran propietarios o socios en los bancos, las concesiones carreteras que recibieron durante el salinato y el dulce negocio de los ingenios azucareros.
EL GOBIERNO DEL cambio va iniciando y habrá que constatar su comportamiento ante la nomenklatura. Sin embargo, ya ha hecho lo suyo. De entrada, alivió los pesares de los grandes consorcios gaseros otorgándoles créditos y subsidios; les mantiene el privilegio a los bancos y a sus propietarios para que difieran el pago de los impuestos que les corresponde cubrir para tiempos mejores, y aplaudió a rabiar la venta -libre de compromisos con la Secretaría de Hacienda, en plena campaña para que todos los mexicanos cumplan con sus obligaciones con el fisco para que este país salga adelante- de Banamex a Citigroup, tomándola como sinónimo de "confianza" en la nueva administración.
HABRIA QUE INVESTIGAR, en cada una de las administraciones gubernamentales referidas, la decidida participación de los barones del dinero en el financiamiento de las campañas políticas de todos los colores, porque si bien es cierto que la generosidad de nuestros ínclitos ex presidentes hacia ellos fue magnánima, también lo es que tal actitud no fue, no es, gratuita. (Si existe alguna duda, favor de consultar a las enclenques arcas nacionales).
HASTA AHI DA la memoria, pero se aceptan aportaciones para los futuros trabajos de una eventual "comisión de la verdad" para delitos financieros, especialmente ahora que el IPAB reconoce que en promedio ha recuperado 17 centavos de cada peso de los recursos públicos destinados al rescate bancario, "cifra muy por debajo de los 30 centavos proyectados originalmente. Lo que sí ha generado son jugosas ganancias para las administradoras que revenden la cartera adquirida del IPAB a un promedio de entre 70 y 80 centavos por cada peso''. (La Jornada, Antonio Castellanos)
Las rebanadas del pastel:
LA SECRETARIA DE Finanzas del Gobierno del Distrito Federal informó que la recaudación de impuestos se incrementó en 789 millones de pesos durante el primer bimestre de 2002. En renglones como el impuesto sobre nómina se logró un aumento real de 4.1 por ciento, en relación con el mismo periodo del año pasado. Impuestos como el predial, por la adquisición de inmuebles, nómina y tenencia tuvieron incrementos de 11.5, 15.5, 8.2 y 29.6, respectivamente, en términos reales.
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