Se procederá penal y administrativamente contra su ex director Alberto Peña Padilla

Desaparece el Instituto del Taxi; será dirección de la Secretaría de Transporte

Detecta la Contraloría del DF numerosos casos de corrupción en la auditoría al organismo

LAURA GOMEZ FLORES

El gobierno capitalino informó que ante las múltiples irregularidades registradas en el Instituto del Taxi, se procederá penal y administrativamente contra su ex titular, Alberto Peña Padilla, y el ex director operativo, Mario Boldo; se removerá al personal de estructura de sus cinco unidades y se les sustituirá por monitores universitarios, y se convertirá al organismo en una dirección de la Secretaría de Transporte.

Así, la reapertura de sus instalaciones ubicadas en la unidad El Coyol, prevista para el primero de abril, será temporal, y sólo atenderá la liberación de unidades. Además, se solicitará el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para ejercer acción penal contra propietarios de taxis irregulares.

De acuerdo con los resultados de la auditoría que realiza la Contraloría General desde diciembre pasado, la mayor corrupción se detectó en las ventanillas de atención a los concesionarios, donde trámites como obtención de licencia-tarjetón, alta vehicular y solución de conflictos de titularidad se realizaban a cambio de dádivas, con el consecuente daño al erario y la carencia de una base de datos confiable.

La situación era solapada por mandos medios y superiores, y en algunos casos se determinó su participación directa, por lo que serán separados de sus cargos y se contratará de manera provisional a "monitores universitarios, politécnicos o del Conalep, para que realicen ese trabajo mientras se emite la convocatoria pública para que accedan de manera formal a los cerca de 200 puestos".

La presentación de los resultados de la auditoría provocará que el número de personas consignadas aumente. El primero fue Rafael Martínez Hernández, ex subdirector jurídico del organismo, remitido al Reclusorio Oriente por el delito de fraude fiscal, luego de ser sorprendido liberando un taxi que se encontraba bajo resguardo, sin cobrar una multa de 11 mil 800 pesos.

La limpia del instituto llegará a los mandos altos, pues se ejercerá acción penal y administrativa contra su ex director Alberto Peña y el ex director operativo Mario Boldo, al determinarse su participación en diversas anomalías en la entrega de placas y liberación de unidades piratas, entre otras, con el apoyo de personal de estructura, al que también se le aplicarán sanciones.

Fuentes del GDF señalaron que para llevar a cabo esta "refundación" se tienen pláticas con representantes del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, para "analizar la posibilidad de rotar al personal o tomar otras medidas que permitan frenar la comisión de ilícitos en esta área sin vulnerar derechos laborales".

La apertura de las instalaciones de El Coyol, precisaron, no impedirá que continúen las auditorías en los centros de inspección vehicular de El Zarco, Velódromo, Poniente 112, La Virgen y Serapio Rendón, donde se almacenaban varias cajas con 25 mil títulos-concesión encontrados por Peña Padilla en las instalaciones de la Dirección General de Transporte en Popotla.

En su momento el funcionario se deslindó de los cambios de nombre en más de dos mil títulos-concesión, que provocó el incremento en el número de unidades piratas en circulación con láminas clonadas hasta en tres ocasiones; dijo que "sólo el Registro Público del Transporte tiene la posibilidad de modificar la base de datos".

Dicha declaración provocó que el entonces titular de ese organismo, Raymond Hole, precisara que los únicos responsables de operar el sistema de cómputo eran empleados del instituto, para regularizar los casos de cesión de derechos o verificar datos de concesionarios.

Los hechos quedaron asentados en un acta administrativa entregada el pasado 28 de agosto a la Contraloría interna de la Secretaría de Transporte, que determinaría las sanciones a aplicar a los responsables de esos 2 mil casos, aunque su entonces titular, Jenny Saltiel, fue notificada de estas anomalías cuatro meses antes, cuando muchos prestadores del servicio no pasaron la revista vehicular 2001.

Se sumaron tres actas al encontrarse en las oficinas de Popotla 25 mil títulos-concesión autorizados en 1997 por el entonces director general de Servicios al Transporte, Fernando Peña Garavito, con una misma foto pero diferentes nombres y diversos juegos de láminas; 102 mil placas troqueladas en 1999, y la desaparición de tres mil 500 expedientes. La destrucción de éstos ocurrió entre 1995 y 2000, por lo cual se presentó también una denuncia penal.

En su momento la Contraloría General dará a conocer los resultados finales de esta auditoría integral, indicaron las fuentes. La desaparición del Instituto del Taxi ocurre 31 meses después de que el ex jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas autorizara su creación.