Miguel Concha
Derechos humanos en América Latina
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) fue creado en Caracas en 1990 por un grupo de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con el propósito de protegerlos y promoverlos en el continente, utilizando para ello adecuadamente las instancias y recursos con que cuenta el sistema interamericano. Hoy tiene oficinas en Washington, Costa Rica y Brasil, y representaciones en Paraguay, Argentina y Chile.
Su labor estuvo inicialmente dedicada a la defensa de los derechos civiles y políticos, pero ante las dramáticas condiciones sociales de América Latina, que atentan contra la gobernabilidad y la estabilidad en nuestros países, ha venido dedicando desde hace algunos años mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales, así como a los derechos colectivos de las poblaciones más vulnerables, como los indios, las mujeres, los niños y las niñas, partiendo de la convicción de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Desde hace algunos años ha venido impulsando además una campaña para el fortalecimiento del sistema interamericano, frente a las amenazas de algunos Estados para debilitarlo, disminuyendo su influencia y su perfil ante los gobiernos.
En su más reciente informe de trabajo considera que a partir de la experiencia en el litigio de más de 200 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representando en ellos a más de 19 mil víctimas, y 30 casos ante la Corte Interamericana, el principal problema que produce la violación a los derechos humanos es la ausencia de justicia, legal y de todo tipo, y el incremento de la violencia común, que han generado entre otras cosas actos de linchamiento de presuntos delincuentes en países como Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Afirma que en los casos de Argentina, Brasil y México ha aumentado peligrosamente la solicitud de "mano dura" con la delincuencia, fomentando así la práctica de la tortura y el "gatillo fácil" por parte de la policía.
Se afirma que en 28 por ciento de los casos litigados por la organización ha existido violación de los derechos humanos por negligencia de los Estados; y en el 72 por ciento restante, por participación de las autoridades.
La aplicación de la pena de muerte ha sido una práctica preocupante en Trinidad y Tobago, el Caribe inglés y Estados Unidos. En este último se ejecuta a personas por crímenes que cometieron incluso siendo menores de edad, o con sus facultades mentales disminuidas, en violación flagrante a las normas internacionales. En Guatemala se ha extendido también últimamente la aplicación de la pena de muerte, contraviniendo la Convención Americana.
La opresión y la exclusión social siguen siendo algunas de las lacras del continente, fomentando con ello que la participación política y el acceso a la educación, a la salud y a la alimentación disminuyan en forma notable, detectándose además prácticas cada vez más extendidas de trabajo y de prostitución infantil, condiciones laborales marginales y trabajo en condiciones de esclavitud. Todo lo cual ha puesto en evidencia la falta de políticas públicas consistentes y de Estado en derechos humanos.
En su informe Cejil valora positivamente las liberaciones de los ecologistas y del general Gallardo, así como la ratificación por México de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo considera preocupante que la reforma aprobada sobre derechos y cultura indígenas no sea acorde con las obligaciones internacionales del país en la materia, y que la justicia militar continúe amparando la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas en delitos graves como la violación de mujeres indígenas menores de edad. Deplora igualmente la ausencia de investigaciones serias y sanciones para los responsables materiales e intelectuales de casos como las masacres de Aguas Blancas y Acteal.
Presenta como alarmante la actuación de Estados Unidos ante los acontecimientos del 11 de septiembre, pues considera que la sujeción de personas a la competencia de tribunales militares y la violación del derecho de asistencia legal y consular es un grave retroceso en materia de protección a los derechos humanos. Invita por ello a estar alerta en los debates sobre normas antiterroristas, para cuidar que se respeten los avances que se han dado en los juicios con garantías, la independencia de los jueces, el acceso a presentar pruebas y el derecho a la defensa; y a participar activamente en la discusión de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar el Terrorismo.
