Paramilitares amenazan con venadear a bases de apoyo del EZLN en Tila

Denuncian nuevas incursiones de soldados y policías en municipios autónomos de Chiapas

Habría represalias del grupo Paz y Justicia, inconforme con la aprehensión de su líder

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 22 de marzo. Nuevos y constantes patrullajes militares atraviesan a diario las comunidades de Polhó y Francisco Gómez, según testimonio de observadores civiles procedentes de ambos municipios autónomos.

Coincidentemente, la importante comunidad de Jolnixtié, en las tierras bajas de Tila, ha denunciado patrullajes e incursiones en su comunidad de soldados y policías judiciales, así como reforzamiento de las posiciones militares existentes en la zona.

Estos nuevos movimientos de patrullaje, en Francisco Gómez (La Garrucha) se repiten cinco veces al día, y en Polhó hasta 20, como ocurrió inmediatamente después de la visita de la Comisión Internacional de Observación, a finales de febrero. En Jolnixtié son cada dos o tres días. En los dos últimos casos también participan policías judiciales.

En la zona norte, además, se han reactivado los síntomas de paramilitarización, en los que se mezclan un triunfalismo revanchista del PRI local, muy madracista, y las represalias de un sector radical de Paz y Justicia por la aprehensión del dirigente Diego Vázquez Pérez.

En su guerra de posiciones contra el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, los priístas y los paramilitares realmente existentes dirigen sus amenazas y agresiones contra las comunidades en resistencia, tanto de bases de apoyo zapatistas como de la llamada sociedad civil.

Las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la zona norte denunciaron ayer que en la comunidad Wilis segunda sección, un grupo de 14 personas, encabezado por Oscar Ramírez Gómez, recibe adiestramiento militar. En el Anexo Pasijá de Morelos (municipio de Sabanilla) los paramilitares hacen alarde de tener "armas con altos calibres", y amenazan a los pobladores de Nueva Revolución: "Que sólo nos van a venadear en nuestros trabajaderos, que de la cárcel no vamos a salir", refieren los campesinos.

En la colonia Ocotal también entrenan paramilitares, y por Monterrey segunda sección pasan ahora civiles armados interrogando acerca de los zapatistas. En Nueva Esperanza, un grupo similar es encabezado por el ex regidor Nicolás Gómez Alvarez y por Graciano Gómez Pérez, miembro del actual ayuntamiento de Tila.

Repudian órdenes de aprehensión

En una denuncia particular del poblado Nueva Revolución, las bases de apoyo del EZLN repudiaron las órdenes de aprehensión giradas por el juez municipal de Tila, Nicolás Martínez Martínez, contra pobladores de Tsaquil (Tila), colonia El Paraíso y Jesús Carranza (Sabanilla).

Ante el Ministerio Público de Yajalón, el magistrado acusó de "paramilitares" a Andrés Torres Pérez, Manuel García Torres, Regino Torres Torres, Margarita Torres Torres, Ildefonso Pérez Cruz, Francisco Hernández Pérez y Alejandro López Gómez.

Los indígenas niegan que estas personas sean culpables. Declaran: "Somos bases de apoyo del EZLN. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera regresar a la mesa de diálogo si permite esta provocación contra nosotros, siendo que son ellos, los de Paz y Justicia, los que andan armados en comunidades, carreteras, caminos de herradura y veredas?"

El 25 de febrero, en las cercanías de Los Angeles Anexo Jolsibaquil (Tila), los maestros que trabajan en la colonia Chilintiel fueron asaltados por un grupo armado, cuyos miembros portaban mochilas y uniformes. Más tarde, estos presuntos paramilitares fueron avistados en la comunidad de Shoctic. Por los mismos días, en el Anexo Francisco Villa (Sabanilla) fue visto un grupo de 15 encapuchados (algunos con pasamontañas rojos) portando armas de alto calibre.

Apenas dos días antes, el 22 de febrero, a las siete de la noche, fue asesinado Raúl Hernández López en un camino cerca de Miguel Alemán, bastión de Paz y Justicia. El pueblo de San José El Limar (que apenas una semana atrás felicitaba ampliamente al gobierno estatal por la captura del líder paramilitar Diego Vázquez Pérez), al exigir castigo a los victimarios del menor, declaró en un comunicado:

"Este acto, que altera la paz social, prueba que el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada para desactivar al grupo paramilitar, y es evidente que éste goza de total impunidad. ¿Hasta cuándo piensa actuar eficazmente el gobierno? ¿Seguiremos viviendo bajo el terror de un grupo que se hace llamar Paz y Justicia? ¿Cuánto más tenemos que morir para que el gobierno detenga este baño de sangre?"

En El Limar se acababa de firmar, el 27 de enero, un acuerdo de paz y reconciliación entre organizaciones de distinto perfil religioso y político, lo que también permitió la reapertura del templo católico, clausurado por Paz y Justicia. Antes de un mes después ya estaban acusando de asesinato a Paz y Justicia y a miembros del ayuntamiento de Tila. Como en los viejos tiempos de 1995-96.

Precisamente ahora, cuando los paramilitares de la zona norte lo desafían, el gobierno chiapaneco se abre infundados frentes de pleito con diversos defensores de derechos humanos, como Miguel Angel de los Santos, abogado de decenas de presos zapatistas y no zapatistas, y miembro de la siempre crítica Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos.

Pero incluso las organizaciones no gubernamentales que le han sido más o menos afines tienen reclamaciones contra las autoridades de Tuxtla Gutiérrez por los abusos de su policía en Marqués de Comillas y San Cristóbal de las Casas, entre otros lugares.