Presionaron a empleados para encubrir a ex funcionarios prófugos, según Navarrete Prida

Tiene la PGJEM más pruebas de corrupción en Atizapán

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ E ISRAEL DAVILA CORRESPONSALES

El procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida, informó que empleados del ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza fueron "obligados" a elaborar los oficios "para disfrazar" el otorgamiento de vacaciones a Gerardo Cortés Jiménez y a Antonio Vega de la Garza, ex secretario del ayuntamiento y ex director de Seguridad Pública, respectivamente, quienes están prófugos de la justicia por estar relacionados con el homicidio de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez y con una casa de espías destinada para vigilar a funcionarios locales y presuntamente financiada por el gobierno atizapense.

También comentó que cuentan con nuevas evidencias de la red de corrupción que operaba en ese ayuntamiento, relacionadas con actos de extorsión y protección a giros negros que realizaban policías municipales.

Explicó que empleados municipales fueron presionados para redactar los oficios, firmados por el alcalde arraigado Antonio Domínguez Zambrano, en los cuales dio vacaciones a los dos ex servidores prófugos y se falsearon las fechas para justificar la ausencia de ambas personas, ya que la procuraduría mexiquense había pedido su comparecencia.

Navarrete Prida dijo que los empleados, cuyos nombres omitió, rindieron su declaración ministerial sobre este hecho, que, dijo, "fue un acto de encubrimiento para la distracción de la justicia".

Sobre los actos de corrupción, dijo que habían sido descubiertos por la regidora María de los Angeles Tamez Pérez, quien planeaba denunciarlos; sin embargo fue asesinada el pasado 5 de septiembre. Señaló que autoridades del ayuntamiento obligaban a los policías municipales a cobrar cuotas a particulares para así extorsionarlos, a cambio de supuesta protección.

Además, dijo, se tienen nuevos elementos sobre el manejo de los recursos que se hacía en la administración de José Antonio Domínguez Zambrano -alcalde con licencia y bajo arraigo desde el pasado 5 de marzo-, que no detalló para no entorpecer la investigación.

"Tenemos testimonios de policías que fueron obligados a cobrar cuotas, de particulares que fueron extorsionados, que nos han empezado a informar del dinero que les exigían para que pudieran desarrollar sus actividades en bares y centros nocturnos", dijo.

El funcionario estatal indicó que de acuerdo con las indagatorias, los integrantes de esta red de corrupción pudieron recaudar cantidades de dinero muy importantes.

"Estamos hablando de personas que tenían tiendas, giros comerciales, bares, centros nocturnos, actividades con el público, que eran objetivos de extorsión de elementos policiacos, los cuales argumentaban que las cuotas eran para los mandos superiores, para autoridades importantes del municipio. Todo lo anterior está acreditado. Ahora lo que falta de corroborar es hasta dónde llegaba la pirámide de esta madeja interna que fue la que la regidora descubrió", explicó.

Mientras, en el hotel La Hacienda del municipio de Tlalnepantla, este jueves continuó el arraigo del alcalde panista Antonio Domínguez Zambrano y de seis personas más, entre ellas su ex secretario particular Daniel García.

Por otra parte, Ramón Tablada Orihuela, director de Seguridad Pública y Tránsito municipal, denunció ante la Contraloría local la extracción de tres expedientes de igual número de oficiales que hace unos días fueron dados de baja; por ello, dijo, a partir de este día se inició una exhaustiva revisión de archivos policiacos.