Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 22 de marzo de 2002
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Política

Luis Javier Garrido

La cumbre

El documento llamado del Consenso de Monterrey, que sin discusión va a ser avalado por los jefes de Estado y de gobierno de casi cien países, no sólo confirma la hegemonía militar y económica de Washington, sino que ahonda el foso que separa ya a los gobiernos de los países pobres de sus pueblos, y por eso será la expresión de un profundo disenso.

1. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se reúne en Monterrey del 21 al 22 de marzo, se ha presentado en los medios como un evento que evidenciaría la preocupación de los gobernantes de los países desarrollados ante el crecimiento de la pobreza en el mundo en los pasados 30 años y su decisión por combatirla, pero no es más que un foro para subordinar aún más con ese pretexto a los países pobres, imponiéndoles nuevas condiciones para la hipotética ayuda, todo ello con el propósito de acelerar la imposición del proyecto de la globalización neoliberal, y lo más penoso ante esta maniobra es el papel del régimen foxista.

2. Las condiciones que Washington está imponiendo al mundo de manera unilateral (con el argumento del combate "a la pobreza") no se distinguen de las que ya había buscado imponer seis meses atrás, luego del 11 de septiembre (con el pretexto de la lucha contra "el terrorismo"), y no pueden engañar a nadie, pues van en la dirección de profundizar el sometimiento de los países pobres a los intereses trasnacionales, aceptando un desmantelamiento casi total de los Estados nacionales en función de la subordinación en todos los órdenes a los organismos financieros internacionales. Resulta por eso patético el aval que les dio Francisco Gil Díaz (titular de Hacienda y Crédito Público), quien, a pesar del rechazo de buena parte de los gobiernos de esos países a tal condicionamiento, en nombre "de México" lo ha elogiado sin medida, como lo hizo en El Noticiero de Canal 2 (20 de marzo).

3. Una característica de la cumbre de Monterrey es que ante el cinismo del gobierno republicano de George W. Bush, que ya no se toma la molestia de encubrir los objetivos de sus políticas, el gobierno mexicano se manifiesta por completo alineado, con la misma falta de dignidad de las repúblicas bananeras de los años 50, pero ahora con un agravante: en el gobierno de gerentes foxistas ya no existe la menor idea del Estado y de lo público.

4. Pretender condicionar la ayuda a aquellos países en donde no hay "corrupción" gubernamental no busca defender los intereses de los ciudadanos, ya que si algo han fomentado las políticas de la globalización neoliberal ha sido una corrupción impune y sin límites de las grandes empresas, sino reafirmar la prerrogativa intervencionista de Washington de determinar qué gobiernos son corruptos, de la misma manera que ya pretende establecer cuáles protegen al terrorismo, y decidir de manera discrecional a cuáles se les va a ayudar. Condicionar la ayuda a aquellos países que tengan economías "sanas" y "abiertas", no es más que una reiteración de la vieja política del Banco Mundial y del FMI de no respaldar más que a aquellos gobiernos que acepten entregar los recursos básicos y las empresas públicas al capital trasnacional.

5. El abandono que ha hecho el gobierno de México de su diplomacia tradicional no sólo no le ha redituado al gobierno foxista en lo más absoluto, sino que constituye un factor más para perjudicar los intereses de los mexicanos. El servilismo de Fox a Washington sólo ha conducido a que su capacidad negociadora sea nula y que no tenga ya posibilidad de abogar por los intereses de México, como se demostró ahora. Un día antes del viaje de Bush Jr. a Monterrey, su asesora en Seguridad Nacional, Condolezza Rice, manifestó, para que no hubiera duda, que el problema de los trabajadores migratorios tardaría mucho tiempo en ser resuelto (20 de marzo).

6. Desde esa perspectiva internacional, cabe preguntarse: Ƒdónde está la transición? ƑHacia dónde va el cambio?

7. Los tecnócratas priístas utilizaron la política internacional para obtener beneficios personales ilegítimos y con el gobierno foxista no es diferente. Salinas aceleró la entrega de la soberanía nacional a cambio de que se le garantizara por parte de Bush padre la impunidad en negocios turbios, Zedillo logró al dejar Los Pinos que se le situara como un buen sirviente de los intereses de las multinacionales en los consejos de administración de varias de ellas (incluyendo a la que había entregado Ferrocarriles Nacionales), y ahora se sigue en la misma vía: utilizar una posición pública en beneficio privado.

8. La nota de The New York Times del 19 de marzo "destapando" al canciller mexicano, Jorge G. Castañeda, como candidato del foxismo para 2006 en razón a su "mérito" de haber virado la política exterior de México, no sorprendió a nadie, pues en Estados Unidos se le considera el hombre que ha tripulado a Fox hacia una entrega sin reservas del país.

9. La cumbre regiomontana ha servido también para confirmar que, si la casi totalidad de los gobiernos de los países antaño llamados "del Tercer Mundo" resultan funcionales a los intereses de las corporaciones trasnacionales y carecen de propuesta, no se diga para diseñar un proyecto global alternativo, sino incluso para frenar sus exigencias, ese también es el caso de los partidos políticos y de los medios de comunicación, que salvo excepciones, siguen contribuyendo a confundir sobre lo que acontece.

10. Los esfuerzos que surgen de la sociedad civil para oponerse al capitalismo neoliberal, tratando de delinear políticas alternativas y resistiendo desde sus propias comunidades, son distorsionados cada vez más ante el creciente descontento mundial. La prensa mexicana no ha dejado de descalificar con el adjetivo zedillista de globalifóbicos a quienes no están en contra de la "globalización" (entendida como la posibilidad de compartir bienes y recursos con el respaldo de los avances tecnológicos y científicos), sino en contra de "esta globalización neoliberal", que supone otorgar todos los derechos a las grandes empresas por sobre los Estados nacionales, es decir, por sobre los individuos y las comunidades.

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