Detectan autoridades "severos" índices de corrupción; removerán a 150 empleados

Inician limpia de personal en el Instituto del Taxi

LAURA GOMEZ FLORES

Autoridades del gobierno capitalino determinaron remover a todo el personal de estructura del Instituto del Taxi -alrededor de 150 empleados- antes del primero de abril, cuando la dependencia reiniciará actividades en forma parcial. La medida se debió a la detección de "severos" índices de corrupción, por lo que además "se dará vista de las irregularidades encontradas al Ministerio Público, para que actúe en consecuencia".

Los mayores problemas, precisaron funcionarios del gobierno capitalino, se encontraron en las ventanillas de atención a los concesionarios, donde la entrega de documentos se arreglaba con dinero, con el consecuente daño al erario y la imposibilidad de conformar una base de datos confiable.

Los primeros resultados de la auditoría integral aplicada desde diciembre pasado en las instalaciones del instituto ubicadas en El Coyol, muestran que mandos medios y superiores solaparon y participaron en esas anomalías, por lo que se decidió separarlos de sus cargos y realizar una elección "muy estricta" del nuevo personal.

Las fuentes consultadas precisaron que la reapertura de instalaciones no impedirá que continúen las auditorías en los centros de inspección vehicular.

El titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, Francisco Garduño, dijo que "corresponde a la Contraloría dar a conocer los pormenores en su momento", pero informó que la limpia irá "desde los pies hasta la cabeza, sin importar los amiguismos o afiliaciones partidistas, ya que el propósito es acabar con la corrupción existente, lo cual tampoco significa que estemos pensando en correr a la gente".

Sin embargo, solicitó al director ejecutivo de la Setravi, Carlos Aguilar Ramírez, "disponer lo conducente para que con fecha 15 de marzo del presente año se den por terminados los contratos por honorarios profesionales del personal adscrito a esta oficina y a la Dirección General de Transporte, exceptuando los ordenamientos emitidos por el suscrito a partir del primero de marzo".

El argumento, esgrimido en el oficio con carácter de urgente STV/OS/053/02, es la reorganización administrativa de dichas unidades. Se rescindirá contrato a 110 personas, con vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 2002.

La restructuración de la dependencia afectará también a 200 empleados encargados de la verificación del servicio concesionado, cuya función será encomendada al grupo Radar, que también podría encargarse del arrastre de vehículos que obstaculicen las vialidades y facilitar la circulación en los 250 puntos conflictivos de la ciudad, de contar con la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública para entregarles las 239 grúas que tiene. De ser así, se contrataría a alrededor de mil personas y se solicitaría una transferencia de 300 millones de pesos para gasto corriente y compra de equipo, indicó.