Luis Javier Garrido
La hipótesis
El gobierno foxista se ha venido sustentando, como los gobiernos de la tecnocracia priísta, en la transgresión continua del orden jurídico, como acontece con el caso de las fuerzas armadas, y no parece escuchar el reclamo de la sociedad de que respete la legalidad.
1. La tesis del gobierno foxista de "no tocar" al Ejército, no sólo quiere decir a) no tocar a aquellos oficiales que cometieron graves crímenes en el pasado, temiendo una reacción de las fuerzas armadas con un espíritu de cuerpo, sino b) no afectar ciertos intereses particulares de la alta oficialidad, imbricados con los suyos propios. La transición del "antiguo régimen" al régimen foxista está significando también mantener las redes de intereses creados entre las fuerzas armadas y el gobierno, preservar los compromisos contraídos por Salinas y Zedillo con la alta oficialidad y, en consecuencia, no aplicar la ley a los oficiales.
2. La línea seguida por Fox ha sido muy clara y no se distingue en nada de las políticas priístas respecto del Ejército. Fox tenía el mandato popular y la obligación inexcusable con la ciudadanía de someter el Ejército a la ley, pero lejos de eso y previendo con seguridad que él también, como sus predecesores priístas, al crecer el descontento popular por el fracaso de sus políticas sociales, tendría que recurrir al Ejército para reprimir, ha buscado refrendarle ese papel. Y así vemos que éste se está exacerbando en los medios de comunicación para quitarle a los altos mandos el disgusto por la liberación del general Gallardo.
3. La detención del capo Benjamín Arellano Félix, una de las cabezas del cártel de Tijuana, en las cercanías de Puebla por un escuadrón de elite que, como es evidente, iba comandado por elementos encapuchados de la DEA (9 de marzo), ha pretendido ser utilizada en una campaña en los medios, en la que ha destacado Televisa, para tratar de levantar la imagen del Ejército y, por lo mismo, para tratar de justificar que sea éste el que persiga los delitos, aunque ello sea anticonstitucional. Y sobre todo, cuando lo cierto es que el actual Ejército Mexicano es aún más incapaz que las policías judiciales para perseguir e investigar los ilícitos, que sus niveles de mando están tanto o más corrompidos que los policiacos y que todo ello tiene un origen y es que el Ejército no puede hacerlo porque no tiene capacitación para ello al no ser ésta una de sus funciones legales.
4. La decisión de Fox de perdonar sus ilícitos en la represión y en el narcotráfico a los oficiales del Ejército, en contra de lo que fueron sus promesas de campaña y sin tener atribuciones para ello, haciendo sólo excepción en los casos en los que lo ordene Washington, fue clara también en su pretendida investigación sobre los crímenes del pasado. José Luis Soberanes (presidente de la CNDH) exoneró en octubre de 2001 a los responsables de las fuerzas armadas, tanto del 68 como de la guerra sucia, culpando a policías judiciales, la mayoría ya muertos, y ahora el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, sostiene que "la pesquisa del 68 se hará sin dañar al Ejército" (Milenio Diario, 13 de marzo).
5. Y aquí caben muchas preguntas. ƑQué muchos de los hombres de guante blanco del 2 de octubre no eran miembros del Ejército? ƑQué no lo eran los francotiradores del Estado Mayor Presidencial, apostados en los edificios de la Plaza de las Tres Culturas? ƑQué no eran militares los que masacraron a niños, mujeres, jóvenes y ancianos indefensos, baleándolos o atravesándolos con las bayonetas? ƑQué no lo eran los generales José Hernández Toledo, responsable de las fuerzas que cometieron el crimen, o Luis Gutiérrez Oropeza, el jefe del EMP que se ufanaba de la celada?
6. Fox ha decidido que en el caso de los integrantes del Ejército él va a determinar de manera discrecional cuándo se les aplica la ley, cómo lo hicieron los últimos gobernantes priístas, y esto no sólo es ilegal, sino que constituye una verdadera estupidez política, ya que con esta forma de gobernar está convirtiendo a los militares en actores políticos.
7. Esa posición ante las fuerzas armadas no sólo la comparten priístas y foxistas, sino también los miembros de otros partidos, como es el caso del PRD, y esa es una nueva preocupación social ante la impunidad que prevalece. El asesinato de la abogada Digna Ochoa en octubre de 2001 no quiso ser investigado por Fox, que tenía los sustentos jurídicos para ello, y quien no obstante decidió que el gobierno federal no iba a atraer el expediente buscando desprestigiar con éste a la procuraduría capitalina.
8. Las hipótesis del procurador capitalino para no investigar en torno a este homicidio a miembros del Ejército, que aparecieron desde el primer momento como principales responsables, han causado una viva indignación por la obviedad de lo que acontece. Las filtraciones, primero a Reforma (12 de marzo) de la absurda hipótesis de que Digna se había "suicidado", y luego de otra línea de investigación pretendiendo que se trataba de un "crimen pasional", hecha llegar a Milenio Diario (13 de marzo), además de mostrar la decisión de las autoridades de dejar impune el crimen, buscan enviar un mensaje de amedrentamiento a los defensores de los derechos humanos: y eso es lo más preocupante.
9. Una característica central del "antiguo régimen" fue que los gobiernos priístas se sustentaron en la ausencia de un estado de derecho y ésa está siendo también característica del régimen foxista, que se niega a rectificar. Los tecnócratas utilizaron cada vez más a las fuerzas armadas para tareas represivas y de control social y hoy urge que el Ejército entre en la legalidad.
10. La imagen del Ejército no se mejora con propaganda, sino con hechos. La mejor señal que Fox podría enviar sería retirar al Ejército de las comunidades de Chiapas, pues que no lo haya hecho hasta ahora constituye una señal ominosa para el futuro de su gobierno y del país.
