Hoy México recibe aval de la ONU para la acción, alegando protección de los bosques

Denuncian que la PFP desalojará 35 poblados de la reserva de la biosfera de Montes Azules

Autoridades autónomas anuncian que no permitirán la expulsión de estas comunidades

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 14 de marzo. Los municipios autónomos zapatistas y diversas organizaciones civiles han denunciado, de manera reiterada, el inminente desalojo de unos 35 poblados en el interior y los alrededores de la reserva de la biosfera de Montes Azules. El Colectivo de Información y Análisis de la Región Selva dio a conocer ayer que a la acción de desalojo-reubicación "sólo le falta sincronizar el día y la hora, porque la semana en que ocurrirá ya ha sido dispuesta: esta Semana Santa, con todo y su luna llena".

A mediados de febrero, el municipio autónomo Ricardo Flores Magón hizo pública una escalada de sucesos y amenazas de desalojo que diversos funcionarios federales y estatales han venido perpetrando, en lo que el mencionado colectivo llama ahora "preparación mediática del evento". El concejo autónomo había solicitado ya a la sociedad civil que se movilizara para detener lo que los observadores consideran "expulsión-posicionamiento geoestratégico regional en el macizo montañoso central de la selva Maya, que va más allá de la selva Lacandona".

Las autoridades autónomas reiteraron que no permitirían el desalojo de estas comunidades ni la afectación a los derechos ejidales de otras 15. Muchas de estas comunidades son legales, y las más recientes las conforman campesinos con tierras, pero desplazados por la ocupación militar y la violencia paramilitar en la cañada de Taniperla. ƑSerá que, en vez de reintegrarles sus tierras legítimas, el gobierno los volverá doblemente desplazados?

Como sea, finalmente este sábado 9 de marzo llegaron cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) al cuartel de Rancho Nuevo, sede de la zona militar, a bordo de decenas de autobuses comerciales de la transportadora Cristóbal Colón. Puesto que el hecho coincidió con el zafarrancho entre comerciantes chamulas y la Policía Judicial en el mercado sancristobalense, se pensó que la PFP se encontraba en la base militar de Rancho Nuevo como eventual apoyo al operativo judicial contra los presuntos "piratas" del mercado.

El día 11 Enoch Hernández, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, informó que se trataba de unidades aerotransportadas que efectuarían ejercicios de salto en las instalaciones de Rancho Nuevo. Llama la atención que la zona de las lagunas (noroeste de la reserva y la zona más rica de la selva Maya) posee orografía y clima semejantes a los de San Cristóbal, donde se localiza Rancho Nuevo.

"Regresaremos por aire" habían amenazado los oficiales del Ejército federal a las mujeres de la comunidad de Laguna El Suspiro, en la selva, cuando un destacamento (militar) incursionó en enero pasado para intimidar a la población y exigir a los indígenas que se salieran de allí "por las buenas".

El plan de desalojo violento, que estaría ya en marcha, "tiene un eje contrainsurgente en la base, más o menos como la escalada en Colombia que es puerta al Amazonas, y viene impulsándose desde 1997", asegura el Colectivo de Información, que recopila y sistematiza los reportes referentes al caso.

Los pobladores de la zona creyeron que el golpe iba a darse en abril de 2000. Se supuso que se haría utilizando a la PFP, corporación creada por decreto presidencial zedillista en 1999, explícitamente "para restablecer y mantener el orden en parques nacionales, embalses de las lagunas y ríos" (art. 5Ɔ, fracción 2, de su ley orgánica). Sin embargo, la derrota priísta de julio y la pérdida de la gubernatura chiapaneca en agosto habrían ocasionado un repliegue del operativo "y el diferimiento de los planes, que ahora, dos años después y con el decidido impulso y patrocinio de Washington, está preparado desde el 12 de septiembre de 2001".

Ese día los representantes lacandones solicitaron formalmente al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía el desalojo de las poblaciones asentadas en la reserva de la biosfera -que una medida populista del gobierno de Luis Echeverría convirtió hace tres décadas en virtual latifundio del pequeño pueblo lacandón, con tal de negarles tierras a los demás pueblos, tzeltales y tzotziles, que reclamaban (como hoy) derechos similares a los de los lacandones.

Este viernes las autoridades mexicanas recibirán el aval/mandato internacional para efectuar el desalojo. La Organización de Naciones Unidas, que designó a 2002 "el año de las montañas", declarará mediante el Consejo de Seguridad y a solicitud de México (según boletín del Consejo Nacional Forestal del 1Ɔ de marzo), que los bosques es un asunto de seguridad internacional.

Esto dará luz verde al desalojo "legal" y violento de una región clave del territorio mexicano sobre la cual existen presiones comerciales y estratégicas de carácter internacional e intervencionista. Las crecientes voces de alerta buscan difundir lo que supondría este desalojo-ocupación de la selva Maya, en cuanto a los derechos humanos y el respeto a las culturas indígenas. Y también en cuanto a la cubierta vegetal boscosa, que de ser expoliada por las trasnacionales y las rutas del Plan Puebla-Panamá, significaría, para la humanidad entera, un daño ecológico irreversible, paradójicamente disfrazado de medida ambientalista.